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Los expertos y sus equipos

Juan Luis Ossa S..

Los expertos y sus equipos

(…) hay que aplaudir que los técnicos vayan a jugar un rol mucho más preponderante que en el proceso anterior, marcando una diferencia estructural con la fallida Convención. Pero de eso no se sigue que conocerán y manejarán todos y cada uno de los temas que se debatirán.

El Acuerdo para continuar el proceso constituyente propone la existencia de tres órganos: un Consejo Constitucional de 50 personas elegidas según las circunscripciones senatoriales; una Comisión Experta conformada por 24 individuos escogidos por mitades por la Cámara y el Senado; y un Comité Técnico de Admisibilidad de 14 “juristas” nombrados por los senadores en virtud de una lista única formulada por los diputados y diputadas.

Es decir, dos de los tres cuerpos constitucionales no serían directamente elegidos por el pueblo, sino que a través de mecanismos de representación indirecta. Sin entrar a mediar en el debate sobre si esos mecanismos son más o menos “democráticos”, vale la pena detenerse no tanto en las responsabilidades de los “expertos” (las que quedan relativamente claras en la propuesta de reforma constitucional) cuanto en los tipos de expertise que se requieren para encauzar la discusión de buena manera.

El Comité Técnico es el que genera menos dudas y reparos: se espera de sus miembros que revisen si las normas aprobadas por el Consejo y la Comisión cumplen con los criterios de admisibilidad establecidos en las bases que fueron previamente acordadas por las fuerzas políticas que participaron en el Acuerdo. Debido a la naturaleza de dichas bases, el Comité debe estar formado por abogados y abogadas que conozcan de primera fuente el derecho constitucional, el derecho administrativo y otras áreas afines. Hasta ahí, todo bien.

Los problemas comienzan cuando nos preguntamos sobre los saberes que se necesitan para ser parte de la Comisión Experta. La reforma constitucional señala que los expertos habrán de ser personas de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, una frase que no es suficientemente comprehensiva de las distintas aristas que cubre toda buena Constitución. No hay que olvidar que las leyes fundamentales deben hacer referencia -aunque sea superficialmente- a una amplia y heterogénea gama de temáticas, las que van desde materias relacionadas con el sistema político a la conformación del Estado, pasando por derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación.

Es decir, la Constitución es como un gran sistema compuesto de distintos subsistemas, los cuales, para cumplir con su función, deben actuar cooperativamente y estar debidamente coordinados. Ello demanda una acumulación de las más variadas disciplinas. En efecto, es esperable que en la Comisión haya abogados; sin embargo, también es deseable que otros conocimientos -como la economía, la filosofía política, la historia, la sociología, las ciencias de la naturaleza, los estudios urbanos, entre muchos otros- estén debidamente presentes.

Y ya que es improbable que los expertos reúnan por sí solos esa gran cantidad de saberes, sería conveniente que la discusión se concentrara en los equipos que los acompañarán. ¿A quiénes oirán los expertos? ¿Estarán dispuestos a juntarse con los centros de estudio y las facultades universitarias? ¿De qué manera se verán reflejadas las urgencias ciudadanas en la redacción del anteproyecto constitucional? ¿Habrá espacio para que ellas sean recogidas por los especialistas?

En definitiva: hay que aplaudir que los técnicos vayan a jugar un rol mucho más preponderante que en el proceso anterior, marcando una diferencia estructural con la fallida Convención. Pero de eso no se sigue que conocerán y manejarán todos y cada uno de los temas que se debatirán. Por el contrario, será necesario que construyan equipos interdisciplinarios y transversales, tanto para cuestiones de forma como de fondo. Los días que vienen serán clave para saber de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento experto.