Entrevista al investigador, Juan Luis Ossa.
Investigador del CEP y experto en Historia Política de Chile, dice que “algunas actitudes un tanto revanchistas, permiten pensar que el resultado final de la Constitución podría terminar siendo la imposición de un grupo sobre otro, y eso me parece muy peligroso”.
Muchos convencionales se han concentrado en cuestiones idiosincráticas e identitarias, en circunstancias que el mandato emanado del acuerdo de noviembre de 2019 y de las posteriores reformas constitucionales apunta a que “tienen que escribir una Constitución para el país en su totalidad, no para una identidad en específico”, y para ello “hay que dejar de pensar tan identitariamente y empezar a hacerlo más colectiva y nacionalmente”, sostiene el historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Juan Luis Ossa Santa Cruz.
Licenciado en la Universidad Católica de Chile y doctor en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, es autor del libro Chile Constitucional, donde profundiza en los cuatro grandes procesos constituyentes de nuestro país (1828,1833, 1925 y 1980), para contribuir a un mayor espesor histórico en la discusión actual.
El experto en Historia Política de Chile plantea que aun cuando todas las constituciones nacionales han sido producto de graves crisis políticas, las de 1833 y 1925 se legitimaron en el ejercicio, no así la de 1980, lo que atribuye a que sus redactores “se arrogaron el poder constituyente originario, con lo cual creyeron legítimo redactar un pacto completamente nuevo”.
Cuando las discusiones en la Convención Constitucional se acercan al poder constituyente originario, agrega, “es muy probable que el resultado sea similarmente ilegítimo al de la Constitución del 80, porque los convencionales actuales no tienen un mandato originario, tienen un mandato derivado de la actual Constitución. Arrogarse el poder constituyente originario es pan para hoy y hambre para mañana”, subraya.
En esta entrevista ahonda en el proceso constitucional en marcha, las reformas al sistema político y electoral que considera necesarias, los derechos sociales, el equilibrio y la distribución del poder, y aborda los elementos que a su juicio serán definitorios en las presidenciales, en su condición de coordinador de contenidos del equipo de Sebastián Sichel.
LA CUESTIÓN DE LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL
Usted opina que las constituciones no deben ser refundacionales o revolucionarias, como la del 80, porque una imposición de un grupo sobre otro. ¿El actual proceso se encamina en esa dirección o es muy pronto para decirlo?
Yo creo que las constituciones son pactos intergeneracionales, unen distintas experiencias, generaciones, intereses, sueños, esperanzas, y porlo tanto, redactar un nuevo pacto constitucional que considere únicamente los intereses y los deseos de un grupo político específico por sobre los otros, no cumple con esa regla básica. La Constitución del 80 es el resultado de una imposición ideológica y política de un grupo sobre otro, y me temo que puede terminar ocurriendo lo mismo en la Convención Constitucional. Es muy temprano para saberlo, pero yo he visto algunas actitudes un tanto revanchistas, que al menos me permiten pensar que el resultado final de la Constitución podría terminar siendo la imposición de un grupo sobre otro; y eso me parece muy peligroso, porque es muy probable que nos exaltemos en la discusión sobre la legitimidad constitucional por los próximos años, y no tengamos un pacto que verdaderamente nos vuelva a unir como sociedad.
¿A qué actitudes se refiere concretamente?
La Convención tiene un solo gran propósito, que es escribir una Constitución, no se puede arrogar ningún otro mandato, y la discusión sobre los plebiscitos dirimentes no tiene nada que ver con él. En los hechos, los plebiscitos dirimentes lo que hacen es botar a la basura o marginar el acuerdo de los 2/3 y eso me parece sumamente contrario al espíritu del acuerdo del 16 de noviembre de 2019 y al de las reformas constitucionales que permitieron la existencia misma de la Convención Constitucional. Existen otros ejemplos, como que la Comisión sobre Derechos Humanos le agregó en su segunda etapa una reflexión o un título que dice relación con la historia, cuando propone que la futura Constitución tiene que normar la verdad histórica, lo que me parece muy contrario a la libertad de expresión. Todas esas cuestiones me permiten al menos sospechar que el trabajo de la Convención se está saliendo un poco de sus márgenes y que podríamos terminar con un texto que no nos una, sino que nos vuelva a dividir o que nos deje otra vez discutiendo sobre el gran problema de la legitimidad constitucional.
¿En la imposición de un grupo sobre otro está la causa de que la Constitución del 80 no haya alcanzado la legitimidad de ejercicio que sí tuvo la de 1925?
Yo creo que hay dos legitimidades, la de origen y la de ejercicio.
Con respecto a la primera, todas las constituciones chilenas han sido producto de movimientos militares, e incluso de guerras civiles, como la de 1833, y por lo tanto sus orígenes son, podríamos decir, espurios; sin embargo, tanto la Constitución de 1833, como la de 1925 se legitimaron en el ejercicio.
La Constitución del 80 tiene un problema de origen, obviamente, pero al parecer también lo tiene en el ejercicio, pues de otra forma no estaríamos discutiendo sobre su reemplazo, y creo que la gran responsable de que la legitimidad de ejercicio no se haya alcanzado con el tiempo, tiene que ver con la imposición originaria de esa Constitución. El problema de la Constitución del 80 es que sus redactores se arrogaron el poder constituyente originario, con lo cual creyeron legítimo redactar un pacto completamente nuevo. Cuando las discusiones en la Convención Constitucional se acercan al poder constituyente originario, es muy probable que el resultado sea similarmente ilegítimo al de la Constitución del 80, porque los convencionales actuales no tienen un mandato originario, tienen un mandato derivado, derivado de la actual Constitución. Arrogarse el poder constituyente originario es pan para hoy y hambre para mañana.
RÉGIMEN POLÍTICO O RÉGIMEN ELECTORAL
Aspira a una nueva Constitución que equilibre y distribuya mejor el poder. ¿Eso significa un cambio en el régimen político?
Yo creo que la discusión sobre la distribución del poder hay que tenerla y es muy relevante. Sin embargo me parece que hay urgencias que son anteriores a un posible cambio de régimen político. Por ejemplo, creo que la nueva Constitución debería distribuir territorialmente el poder de una forma mucho más explícita, entregándole nuevas prerrogativas constitucionales a los alcaldes, concejales, gobernadores regionales. Me parece que eso es mucho más urgente que la discusión sobre el cambio del régimen político, que significaría cambiar prácticamente toda la estructura del Estado. Sí creo que hay que moderar un poco el presidencialismo, cambiar el régimen electoral, pero hay urgencias que son mucho más demandantes y que tienen que ver con la distribución territorial del poder.
Según sus estudios las constituciones tienden a tardar una década en implementarse. Mucho tiempo para un país en crisis de representatividad, ¿no?
Así es, porque una cosa es redactar una Constitución y hacerlo en una Convención Constitucional elegida popularmente, que me parece un ejercicio democrático extraordinario, muy novedoso, muy original. Pero otra cosa es implementarla.
En primer lugar es probable que haya un número significativo de artículos transitorios entre una Constitución y otra, lo que significa que la que tengamos en 2022 no va a ser exactamente la que tendremos en 2030. Lo segundo, cuando cambias la ley fundamental arriba, obligatoria y necesariamente tienes que ir cambiando el entramado legal hacia abajo; es decir, es probable que se reformen también algunos códigos específicos, todo eso toma mucho tiempo. Además, creo que en algunos grupos de izquierda, sobre todo, hay una mirada muy complaciente de lo que se supone hace una Constitución, cuando en realidad las constituciones no generan políticas públicas, sino más bien marcos generales para que en el futuro se implementen dichas políticas. Por tanto, el efecto práctico de la Constitución del 2022, si se aprueba, se va a cumplir en varios años más y creo que eso es muy importante contárselo a la ciudadanía y ser muy sincero con ella.
Usted plantea que más importante que cambiar el régimen político es modificar el régimen electoral, porque el sistema proporcional atomiza de tal forma el poder que impide la existencia de grandes coaliciones. ¿Eso no sería volver al criticado duopolio gobierno-oposición de los últimos 30 años?
No, yo esperaría que no. Yo esperaría más bien reformar el proporcional, de forma tal que estuvieran representadas las verdaderas fuerzas políticas del país. Hoy hay 16617 partidos representados en el Congreso, y eso es así porque no hay ninguna barrera de entrada. Enotros países, como Alemania, se ponen algunas; por ejemplo, que los diputados y diputadas alcanzaran un mínimo de 5% de los votos en sus distritos para poder acceder al cargo; eso significaría una mayor representatividad. Al cambiar el régimen binominal, que creo que había que hacerlo, se optó por dar proporcionalidad y representatividad, pero sin gobernabilidad. A los tres sistemas políticos, el presidencialista, el semi presidencialista y el parlamentario, se les hace muy difícil gobernar si es que no tienen mayoría en el Congreso y no generan coaliciones de largo aliento. Eso ha ocurrido en los últimos tres años, pero ocurriría aún más evidentemente con el semi presidencialismo y con el parlamentarismo. Por lo tanto, cualquier modificación en el sistema político debe ir de la mano, necesariamente, de algunas modificaciones en el régimen electoral, obviamente sin volver al binominal, dejando el proporcional, pero subiendo algunas barreras de entrada para que la representación sea más fidedigna de lo que ocurre en el país.
“NEGACIONISMO” Y DERECHOS DE LOS PADRES
¿Qué le parecen las propuestas sobre sanciones al “negacionismo”, la exclusión del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos o el reemplazo de Carabineros por otra institución que se han acordado a nivel de comisiones de la Convención Constitucional?
Me parece que van en el camino incorrecto. Sancionar el negacionismo es una forma camuflada de limitar la libertad de expresión y de pensamiento; uno podrá estar en completo desacuerdo con lo que opinan los negacionistas, pero una cosa es esa y otra muy distinta es sancionar esa interpretación negacionista de la historia, en este caso. Porque además, en el caso de la Convención, ese concepto se estaría utilizando para toda la historia de Chile, desde los inicios de los pueblos originarios hasta el estallido social, con lo cual ninguna interpretación que se salga del molde establecido, en este caso por el Estado, podría ser legítima y estarían siendo sancionadas aquellas personas que se salieran de aquél por el mero hecho de opinar distinto. Eso me parece sumamente totalitario. En otro aspecto, creo que los padres tienen el derecho preferente de educar asus hijos como estimen conveniente. Vivimos en una sociedad sumamente plural, diversa, como para creer que el Estado o el mercado puedan establecer por decreto qué tipo de educación van a recibir nuestros hijos. Eso no da cuenta de la diversidad, de la pluralidad de proyectos políticos, educacionales, económicos, sociales, sexuales, que existen en el país. Decretar de arriba hacia abajo un tipo de educación es muy poco democrático.
Observando la partida y los dos meses de trabajo de la Convención Constitucional, ¿qué expectativas cifra usted en la propuesta de pacto constitucional que le presentará al país en el plebiscito de salida?
Espero que tengamos un texto que sea lo más representativo posible de las distintas posiciones e intereses que coexisten en una sociedad diversa como la chilena, y espero que ese texto se apruebe ojalá con una mayoría amplia. Tengo mis dudas de que algo así vaya a ocurrir, a partir de lo que he visto en los últimos dos meses, donde muchos convencionales, no todos, se han concentrado en cuestiones idiosincráticas, identitarias, más que nacionales o republicanas, por decirlo de alguna forma. Lo que ellos tienen que hacer es escribir una Constitución para el país en su totalidad, no para una identidad en específico; si eso es así, quizás no vamos a tener una buena Constitución y no vamos a tener una aprobación mayoritaria del texto constitucional. Creo que todavía hay tiempo para enmendar el rumbo, pero para eso hay que dejar de pensar tan identitariamente y empezar a pensar más colectiva y nacionalmente.
Usted valora el espíritu reformista continuo de las constituciones hasta 1980 y como coordinador de contenidos de Sichel defiende una agenda de cambios gradual y moderada. ¿Después del estallido social ese principio de lo gradual y moderado sigue vigente?
Lo que nosotros hemos planteado es que nuestro estilo de política esreformista, en cuanto no es refundacional. Creo que uno podría dividir el país en tres erres: la del Rechazo, la de la Refundación del Frente Amplio y la de la Reforma del centro y la centroderecha. Ser reformista es un estilo de política muy demandante, porque significa resolver los problemas ahora, no en 20 años más cuando se complete la refundación. Por lo tanto, no hay que entender el concepto de reforma como sinónimo de “transaca” o de “cocina”, sino que, insisto, como un ejercicio continuo de cambio, pero que notiene la aspiración de comenzar el país de nuevo, de refundarlo todo. Eso creo que nos pone en un eje distinto al Rechazo, pero también en un eje distinto al de la Refundación frenteamplista y creo que allí es donde hay que concentrar los esfuerzos políticos en los próximos años, para resolver ahora los problemas urgentes, actuales. Porque si tú transformas el sistema político, el modelo de desarrollo, los refundas, los efectos se van a sentir en 20 años más, no en un año más. Nosotros necesitamos soluciones urgentes ahora.
¿Qué será lo más determinante en el resultado de las presidenciales? ¿El relato de los candidatos, la cantidad de gente que vaya a votar, la situación económica, el grado en que los presidenciables adhieran ose distancien de las propuestas más sensibles de la Convención?
Yo creo que esto se va definir, en primer lugar, en una segunda vuelta. Me parece que el centro político y las clases medias van a volver a ser muy definitorias en el resultado final, y si mi hipótesis es correcta, lo que va a estar en juego es el grado de gobernabilidad que uno le pueda entregar a la ciudadanía, dentro de un proyecto que sea reformista, que considere a los independientes, pero que vuelvaa entregar certezas a las clases medias. Muchas veces se dice que la clase media no tiene nada que perder, muy por el contrario, tiene muchas cosas que perder, y por lo tanto volver a darle certezas, a generar gobernabilidad, me parece que va ser el eje central que va a decidir la segunda vuelta. Ahí es donde creo que Sebastián Sichel tiene una oportunidad histórica de mostrarse como el estadista que estoy seguro que es.
