En 1981 se creó la beca Presidente de la República para financiar estudios de postgrado en el extranjero. Según Mideplan, hasta el año pasado la habían recibido 2.212 personas -424 durante Pinochet y 1.788 durante los 16 años de la Concertación-. No necesitamos reproducir aquí la polémica desatada. Es más, nos parece bien que un hijo de ministro de la Concertación reciba la beca si es un alumno muy bueno, es aceptado en una universidad de primer nivel y cumple con el compromiso de obtener el grado, regresar a Chile y enseñar en una universidad o trabajar en el sector público. Porque esos son los objetivos de esta beca. Pero pareciera que no se han cumplido del todo.
Partamos con algunos datos. El gráfico muestra el número de becas otorgadas y el porcentaje que financiaron estudios en una de las 50 mejores universidades del mundo, según el ranking Institute of Higher Education del 2006 (obviamente los ranking no son perfectos, pero ahí están las que deben estar)(*). Aunque hay excepciones -en varias disciplinas se pueden encontrar excelentes programas en universidades que no están entre las 50 mejores- el agregado nos entrega una tendencia. Durante Pinochet uno de cada dos becados fue a una universidad top 50. La situación empeoró con Aylwin y Frei: sólo un tercio. Y con Lagos, apenas un cuarto. Otros indicadores confirman este deterioro. Por ejemplo, el porcentaje de becas a España, país con una sola universidad entre las mejores 200, aumentó desde poco más de 20% con Pinochet y Aylwin, a más de 42% con Frei y Lagos. Y el porcentaje de becas a universidades que no están entre las 500 rankeadas históricamente excede el 25%.
El segundo defecto es que muchos becarios no cumplieron con la obligación asumida al recibir la beca. En este caso Mideplan no tiene datos que mostrar. Pero las anécdotas que se han ido conociendo sugieren que hay bastantes personas en a lo menos uno de tres casos. Algunos no terminaron. También hay quienes habiendo terminado, no volvieron. Por último, hay quienes ni han enseñado en universidades ni trabajado en el sector público. Ciertamente en algunos casos hay excusas. Por ejemplo algunos no terminaron porque los obligaron a volver rápido al sector público o por razones médicas. Pero seguramente en muchos casos el incumplimiento va más allá de lo excusable.
¿Cómo mejorar la beca? La Ministra Hardy ya hizo propuestas interesantes y varias personas más han dado a conocer sus puntos de vista. Sin pretender originalidad, aquí esbozamos algunas medidas.
Lo primero es desligar a las autoridades políticas del otorgamiento de las becas y el monitoreo del cumplimiento. Para ello se debe nombrar un consejo independiente. El año pasado la Ministra nombró un consejo asesor de 15 miembros que ahora recomienda a quién darle la beca. Eso es progreso, pero todavía es insuficiente, porque la recomendación del consejo puede ser modificada por las autoridades políticas y el consejo tampoco monitorea el cumplimiento posterior. Además nos parece que, dada la experiencia con comisiones masivas, 15 integrantes es una exageración. Proponemos que el consejo esté formado por sólo 5 titulares independientes. Éstos debieran recibir remuneración (no ad honorem como ahora), cubrir las áreas más relevantes e inhabilitarse cuando tengan algún conflicto de interés.
El criterio de selección debe ser académico, basado en el mérito del postulante y la excelencia de la universidad. Las becas son para quienes hayan terminado entre los mejores de su generación. También es conveniente limitar las universidades elegibles sólo a las mejores en cada área. Aquellos aceptados por una muy buena universidad, por ejemplo top 10 o top 20, deben ser financiados. Becas para financiar estudios en universidades que no estén entre las 50 mejores debieran ser otorgadas sólo si el programa específico es de los mejores del mundo y, en cada uno de esos casos, el consejo debiera fundamentar su decisión.
Y además hay que mejorar una serie de detalles. Por ejemplo, todos los chilenos o residentes, no sólo aquellos patrocinados por una universidad o el Estado, debieran poder postular en un proceso simple. El consejo debiera conocer el nombre de cada postulante, para que pueda recibir cartas de recomendación de quienes conocen su potencial académico. Asimismo, como hoy es más difícil no terminar un doctorado, quien no obtenga el grado debería devolver el monto de la beca, salvo situación de fuerza mayor, calificada debidamente por el consejo independiente. Por último, algunos opinan que esta beca también debiera redistribuir oportunidades. Pero nosotros concordamos con Alejandra Mizala, quien sostiene que hay otros instrumentos más apropiados para aumentar la equidad, como por ejemplo becas para aprender inglés antes de postular. ¿Por qué no becar buenos alumnos de bajos ingresos para aprender esta u otra lengua en el extranjero? La última reflexión es sobre los incumplimientos. Años atrás los morosos del Crédito Fiscal fueron expuestos en listas publicadas en diarios. En base a este precedente, Mideplan debe dar, al menos, un informe estadístico público sobre cuántos cumplieron y cuántos no, clasificando los incumplimientos. Si Mideplan no dispone de esta información, obtenerla no es difícil. Basta con que abra una página web bien diseñada y le pida informar a cada becado cuándo obtuvo el grado y dónde trabajó para cumplir con las obligaciones asumidas. La mayoría seguramente responderá, y los que no, pueden ser investigados. Aunque tal vez ya pasó el tiempo de exigir compensación, hay una obligación de informar sobre el uso de los recursos públicos que nuestros gobiernos, una vez más, parecen no estar cumpliendo.
Alexander Galetovic es profesor en la Universidad de los Andes e investigador del CEP [email protected]
Leonidas Montes es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del Consejo Directivo del CEP [email protected]
Ambos recibieron la beca.
(*) El ránking se puede consultar en http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2006/ARWU2006/ARWU2006.xls
