Si no se logra, la responsabilidad será de quienes no entendieron que su labor era escribir una nueva Constitución, no un programa político con nombre y apellido.
El 15 de noviembre de 2019, un amplio abanico de fuerzas políticas del país firmó el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, en un pacto que buscaba darle un cauce político a la grave crisis que enfrentaba Chile tras el estallido social iniciado el 19 de octubre. Ese hito dio origen al plebiscito del 25 de octubre de 2020, en el que se aprobó la idea de elaborar una propuesta de nueva Constitución mediante una Convención Constitucional.
El 15 y 16 de mayo de 2021 fueron elegidos los constituyentes para conformar la instancia. La sesión inaugural de la Convención se realizó el 4 de julio de 2021. Hoy los constituyentes trabajan contra el tiempo. Durante la primera semana de julio próximo deben entregar el texto definitivo de la nueva Constitución que será sometida a un plebiscito de salida. Las últimas semanas no han sido tranquilas para la Convención, pues han surgido un debate respecto de los plazos, a la redacción de artículos y al contenido de otros. Juan Luis Ossa es Licenciando en Historia de la Pontificia Universidad Católica y Doctor en Historia Moderna por St Antony’s College de la Universidad de Oxford. Es investigador del Centro de Estudios Públicos, CEP y en 2020 publicó “Chile Constitucional”, un estudio para contextualizar los cuatro grandes procesos constitucionales de la Historia de Chile (1828,1933, 1925
y 1980). Además fue candidato a Constituyente. En esta entrevista entrega su mirada sobre el trabajo realizado y lo que falta por hacer.
– ¿Qué impresión tiene en general del trabajo de la Convención?
Permítame hacer un poco de historia: el proceso constituyente no es hijo del “octubrismo”, como muchas veces los autodenominados líderes de la “revuelta” y del “pueblo” nos quieren hacer creer, sino de las negociaciones que derivaron en el Acuerdo del 15 de noviembre de ese año. Salvo el PC y otros grupos radicales, dicho Acuerdo fue mayoritariamente apoyado por la sociedad chilena. Su “legitimidad de origen” es, en ese sentido, innegable, siendo más bien su “legitimidad de ejercicio” la que comienza a tambalear debido al curso refundacional e identitario que ha adoptado la Convención. Hay convencionales que creen poseer un tipo de mandato que les permitiría hacer y deshacer con la institucionalidad chilena, olvidando que la Convención tiene ciertos límites de los cuales ellos no pueden salirse, así como que la defensa de intereses específicos suele ser pan para hoy y hambre para mañana. Las constituciones deben ser representativas de la sociedad en su conjunto, no de identidades o facciones particula- res.
-¿Cuáles son los principales ejes que aprecia en su trabajo?
– La Convención está dividida en siete comisiones y sus funciones dependen de los temas que se analizan en cada una de ellas, desde cuestiones relacionadas s con el sistema político hasta materias medioambientales. Me parece una división correcta y que cumple, al menos en teoría, con el objetivo de toda Constitución: comprender de forma sistémica el funcionamiento del Estado, las formas de repartir el poder y los derechos políticos, sociales y económicos que son inherentes a la ciudadanía moderna. Tengo la impresión, sin embargo, que muchos convencionales han perdido de vista por qué y para qué fueron elegidos: las propuestas no parecen tener la aspiración de responder sistémicamente a las aspiraciones de los chilenos, sino proponer una serie de normas muchas veces contradictorias entre sí. Por supuesto, todavía no conocemos el borrador final ni cuáles serán las correcciones que introducirá la comisión armonizadora. No obstante, el trabajo procedimental que conocemos hasta hoy deja bastante que desear. Tan importante como el resultado final es el camino que conduce a él.
-¿Qué concepto de Estado está emergiendo si se analizan los temas que se han ido aprobando?
Aquí hay que diferenciar entre dos conceptos complementarios, pero que no necesariamente significan lo mismo: “unitario” y “centralizado”. Chile ha tenido históricamente un Estado nacional unitario, ya que desde las primeras constituciones se ha definido que la soberanía reside esencialmente en la Nación y que ésta es una e indivisible. ¿Quiere decir esto que Chile estaba inevitablemente condenado a ser un país “centralista”? No. De hecho, otras excolonias españolas, como Colombia, Argentina o México, fueron concebidas como unidades nacionalmente unitarias, pero territorialmente descentralizadas. Ese ha sido nuestro problema: hemos confundido el significado de los conceptos. ¿Qué están haciendo los convencionales al respecto? Están apagando el incendio con bencina, pues al buscar descentralizar la toma decisiones están dividiendo (y, por tanto, debilitando) al Estado en múltiples unidades autónomas y atomizadas. Es verdaderamente paradójico que la izquierda, en su afán por meter a la fuerza la idea de la “plurinacionalidad”, no se dé cuenta del efecto negativo que esto acarrea para la sobrevivencia misma del Estado.
-¿Este proceso rescata algo de la tradición constitucional chilena o representa una ruptura categórica con el pasado?
Es muy poco lo que, hasta ahora, se ha recogido de la tradición constitucional chilena. El impulso es eminentemente refundacional, como si la historia comenzara con los convencionales y no hubiera nada que rescatar de quienes nos antecedieron. Este ejercicio no es muy distinto, valga otra vez la paradoja, del espíritu refundacional que recorre a la Constitución de 1980, y que la izquierda tanto criticó en su momento. La única diferencia es que la arrogancia refundacional proviene ahora de la vereda ideológica opuesta.
Una de las frases que acompañó el debate sobre este proceso constituyente fue buscar “La casa de todos”. ¿Siente que eso se está cumpliendo? ¿Por qué?
Vuelvo a la primera pregunta: el espíritu identitario de lo que el sociólogo Aldo Mascareño ha denominado como “izquierda decolonial” está socavando la oportunidad de cerrar el capítulo de la Constitución de 1980, ya que, en vez de velar por el interés general de la ciudadanía, está privilegiando a ciertos grupos y personas por sobre otras. Me pregunto: ¿no merecen acaso los sectores populares no indígenas una protección similar a la que con tanto ahínco reclaman para sí los pueblos originarios en la Convención? ¿Representan los 17 escaños reservados a la totalidad del mundo indígena? Sería bueno que lo aclararan.
¿Qué opinión tiene del poder legislativo que se está configurando en la propuesta constitucional? ¿Con qué país del mundo podríamos comparar lo que se propone?
Me preocupa muchísimo el debilitamiento que está experimentando la figura presidencial y el reforzamiento que, en consecuencia, está recibiendo el poder Legislativo. Sabemos lo importante que es para los chilenos elegir cada cuatro años a nuestros presidentes y que sean ellos los que realmente gobiernen. El FA y otros colectivos, sin embargo quieren despojarnos de ese derecho, pues pretenden concentrar la toma de decisiones en el Congreso. Para ello, han inventado todo tipo de argumentos para comprobar el supuesto “hiperpresidencialismo” chileno, además de acusar sin base empírica alguna al Senado de todas las deficiencias del proceso legislativo. Se dice que el régimen continuará siendo presidencialista, pero en realidad lo que se busca es que quien gobierne lo haga con la anuencia del Congreso. Esta discusión que suena tan teórica y académica es, no obstante, sumamente importante: en nombre de la eficacia gubernamental se está pasando por alto uno de los principio fundamentales de la modernidad, como es la separación de los poderes. Lo que, otra vez, no deja de ser contradictorio: por un lado, los convencionales de izquierda dicen querer repartir más equitativamente el poder pero, por otro, concentran la toma de decisiones en una corporación-la cámara de diputados muy mal evaluada por la ciudadanía. La derogación del Senado (porque de eso se trata, de su derogación) significará, a su vez, un retroceso para las regiones, pues históricamente han sido los senadores quienes mejor las han representado.
Desde el punto de vista político, ¿piensa que la nueva administración tendrá un rol en el proceso constitucional?
Hace unos días, el nuevo Subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Crispi, dejó entrever en el CEP que el gobierno entrante debe tener un mero rol de acompañamiento de la Convención, es decir, sin opinar sobre el trabajo de los convencionales. Estoy en desacuerdo: el destino del gobierno de Boric está íntimamente relacionado con el trabajo de la Convención. No sólo porque el presidente fue uno de los firmantes del Acuerdo del 15 de noviembre, sino porque es su coalición la que tiene mayoría en la Convención. Tomemos el caso del presidencialismo: ¿de verdad Boric no defenderá las prerrogativas presidenciales que están siendo cercenadas por los convencionales? ¿No puede dar acaso una opinión política si es que considera que el papel de la Convención se está descarrilando? De hecho, es lo que esperaríamos de cualquier líder que se precie de tal.
-¿Considera que la Convención alcanzará a cumplir los plazos asignados?
Espero que sí. Voté apruebo y fui un defensor de las reglas establecidas y consensuadas por el sistema político para llevar a cabo el itinerario constituyente. Una de ellas dice relación con los plazos: un año es tiempo suficiente para redactar un texto medianamente cuerdo y armónico. Si no se logra, la responsabilidad será de quienes no entendieron que su labor era escribir una nueva Constitución, no un programa político con nombre y apellido.
