Los recursos adicionales no surgen por arte de magia ni se generan únicamente mediante la presión callejera, como algunos sugieren. Más bien, requieren un cambio de dirección, pero no uno cualquiera, sino aquel que promueva el crecimiento respaldado por sólidos acuerdos. Con estos antecedentes, todo apunta a que el problema no reside en la economía, sino en la política.
En medio de dimes y diretes, las luces de alerta parecen más cegarnos que iluminar el camino. Tan pronto como se publicó el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, revelando un crecimiento económico del 0,2% en 2023, surgieron los cuchicheos.
Las declaraciones del economista de “apellido compuesto” mencionado por el ministro de Hacienda Mario Marcel acaparó toda la atención. Klaus Schmidt-Hebbel había advertido con firmeza sobre un crecimiento económico negativo que, aparentemente, no se materializó. Luego, surgieron réplicas: uno destacó que, per cápita, hubo un decrecimiento -bajo las mismas cifras del INE que utiliza el Banco Central-, mientras que otro ofreció un alambicado argumento, combinando cifras del INE y datos administrativos para sugerir que no hubo recesión per cápita.
A veces, los datos del Banco Central son los oficiales, otras veces, no. Décimas más, décimas menos, nos encontramos desorientados justo cuando deberíamos tener claridad sobre el camino hacia el crecimiento económico, pues ya estamos tarde.
No se trata de cualquier tipo de crecimiento. No del crecimiento artificial impulsado por el exceso de liquidez durante la pandemia, ni del que se espera debido a la baja base de comparación. Nos referimos al crecimiento estructural, al PIB tendencial. Específicamente, al crecimiento tendencial del PIB no minero, que está directamente relacionado con la capacidad de crecimiento a medio plazo de la economía.
Ese crecimiento requiere tanta transpiración como inspiración. Requiere que todos se comprometan, no solo a los “Narbona”, sino que también a los Craig, sin prejuicios, sin campañas que busquen inculpar a aquellos que, por supuestas codicias, no mejoran los sueldos. Abordar esta tarea es sumamente complejo y parece requerir un cambio cultural de grandes proporciones, comenzando por la política.
En un entorno político cada vez más intrincado, las declaraciones del senador Daniel Núñez, del Partido Comunista y miembro de la coalición de Gobierno, resaltan la “imperiosa necesidad” de que el Gobierno active la presión social ciudadana para promover reformas. Aunque esta postura no sorprende en el PC –según indicó su presidente al afirmar que “es una visión propia de los comunistas”– es notable cuando otros sectores, como algunos miembros del PS, respaldan esta posición. Además, el presidente de RD, Diego Vela, enfatizó que la acción social es crucial para avanzar. Asegurar derechos o libertades para otros es costoso.
Es evidente que esta señal no debe ser ignorada. Como advirtió con claridad Jaime Quintana, presidente del PPD, “lo que sucede en el Senado es que somos minoría y en democracia esto no se soluciona fomentando la presión social, sino agotando todos los medios de diálogo”. Los recursos adicionales no surgen por arte de magia ni se generan únicamente mediante la presión callejera, como algunos sugieren. Más bien, requieren un cambio de dirección, pero no uno cualquiera, sino aquel que promueva el crecimiento respaldado por sólidos acuerdos. Con estos antecedentes, todo apunta a que el problema no reside en la economía, sino en la política.
