El desafío es grande: avanzar a un esquema integrado, que garantice a las personas acceder a un plan de salud amplio, con un estándar de calidad definido, y que no implique altos gastos a los usuarios.
A salud ha estado al frente de las demandas de la ciudadanía desde al menos hace 30 años. Ni el sistema estatal (con listas de espera y deudas) ni el privado (con exclusión por precios y preexistencias) han logrado responder a las necesidades oportunamente, con calidad y asequibilidad, a pesar del constante incremento del gasto en salud (hoy, como proporción del PIB, es mayor que el promedio de los países desarrollados). A ello se suma una población envejecida y no saludable, en parte por la falta de prevención y promoción.
El desafío es grande: avanzar a un esquema integrado, que garantice a las personas acceder a un plan de salud amplio, con un estándar de calidad definido, y que no implique altos gastos a los usuarios. Es, decir, que la salud sea parte de la seguridad social.
Ello requiere cambios del marco que rige alos actuales actores. El Ministerio de Salud (Minsal) debe convertirse en rector del sistema, definiendo las políticas y reglas de largo plazo, como contenido, estándares de calidad y oportunidad y costo (en un escenario de eficiencia) del plan de salud, de forma unificada, transparente y pública. Este debe cubrir los medicamentos, para así direccionar la compra hacia los más costo efectivos y baratos (compra masiva). También debe crear mecanismos que garanticen a toda la población (de Fonasa, isapres) que el plan será recibido según las condiciones pactadas. Entre otros, es crucial poner la administración de los hospitales en manos de una entidad pública y técnica, independiente del Minsal (eliminando el evidente conflicto de intereses que enfrenta hoy al ser juez y parte).
El esquema de financiamiento del plan debe permitir a los aseguradores cubrir su costo y a las personas acceder a este. Se debe evitar que el acceso dependa de la posibilidad de pago, aumentando los niveles de solidaridad (reuniendo las cotizaciones y el aporte estatal a salud y luego redistribuyéndolos según las necesidades —riesgo en salud— de los beneficiarios). Así, solo una parte de la cotización se solidariza, ya que el grueso vuelve a cada persona para financiar su plan de salud.
La adecuada administración de los recursos requiere nuevas reglas para los aseguradores: prohibición de rechazo de beneficiarios y uso de redes de prestadores con métodos eficientes de pago.
Dada la magnitud de los cambios necesarios, se requiere de un pacto social de largo plazo. Actualmente, hay proyectos de ley que tocan casi todos los aspectos que requieren modificaciones, a excepción de la modernización de la red de prestadores de salud del Estado. Este es un buen momento para generarlo: tanto el Gobierno como el Parlamento han mostrado estar a la altura. Al construir este mapa de ruta, debemos siempre respetar el sano principio rector en políticas públicas de que las reformas no deben ser radicales, sino en etapas. Es hora de empezar.
