Hay que tener claro que el desafío de avanzar a un Estado social de derecho no será solo de este gobierno. El pacto fiscal que necesitamos debe ser el fruto de un contrato transversal con mirada país y de largo plazo.
El enorme esfuerzo que Chile está haciendo por llegar a un acuerdo constitucional será en vano si no lo acompañamos con un sólido pacto tributario. Es decir, un consenso transversal sobre cuánto estamos dispuestos a aportar para avanzar hacia un Estado social de derecho, como lo establece una de las bases constitucionales ya acordadas transversalmente. Dicho de otra forma: cualquier meta en materia social será solo voluntarismo —y fuente de frustración permanente— si no la sostenemos con financiamiento estable y responsable, fruto de amplios diálogos, apoyado por todos. No hablamos de una reforma o intentos de reforma como las tantas que hemos tenido en los últimos años. No. Hablamos de algo más profundo y complejo. Y para ello proponemos tener presentes ciertos principios.
1. Un pacto tributario debe partir con realismo en determinar qué necesidades vamos a cubrir desde lo público, con qué gradualidad y cuántos recursos debe tener el Estado, de forma permanente, para sostenerlas.
2. Tras establecer los objetivos a financiar, es necesario marcar a fuego que, además de recaudar lo establecido, se debe promover de manera decidida y prioritaria la inversión y el crecimiento. Sin generación de recursos no hay nada que repartir. Así de simple.
Esto lo han tenido claro países que ya transitaron ese camino. Cuando nos comparamos con naciones con un alto estándar de prestaciones sociales, el primer aspecto que sobresale es su riqueza. Además de discutir acerca de cuántos puntos de recaudación nos separan, debemos también planificar cómo avanzamos a esos niveles de desarrollo. Hoy no tenemos buenas noticias. Si consideramos la tasa de crecimiento proyectada cercana a cero para este año, nuestra convergencia al nivel de esas naciones que admiramos será en varias décadas. Urge incorporar políticas que nos vuelvan a encauzar en la senda del crecimiento. No solo está en juego la promesa de un Estado social eficiente, sino las expectativas de una ciudadanía impaciente.
3. Debe ser un sistema justo, es decir, si dos personas tienen la misma renta deben contribuir por igual. Y quien gana más, debe aportar más. Pero esta máxima no puede llevarnos a plantear sistemáticamente que la única salida es seguir aumentando las tasas de impuesto que, por lo demás, están lejos de ser bajas a nivel comparado. Es el momento de una sincera discusión sobre la ampliación del universo de impuesto a la renta. Es inviable un Estado social de derecho cuando solo uno de cada cuatro tributa por su trabajo; urge sumar progresivamente más contribuyentes.
No todo es redibujar tasas, ampliar bases o introducir tributos. También debemos lograr que quienes hoy deben pagar, lo hagan. Solo en el pago del IVA se estima una evasión de más del 50% de lo que esperaba recaudar la reciente reforma tributaria. Los actuales niveles de evasión no pueden seguir tolerándose. Y lo mismo corre para todas aquellas exenciones, franquicias y postergaciones que no encuentran ya justificación bajo la óptica de la justicia y eficiencia tributaria.
4. La única forma de que este consenso pase de los tomadores de decisiones a los contribuyentes —responsables últimos de que el sistema funcione— es asegurar que el Estado sea eficiente en el uso de esos recursos. Nadie estará dispuesto a entregar más si ve que sus fondos terminan alimentando una burocracia que solo engorda. Los tiempos no están para esfuerzos en vano. Es un deber apuntar a la racionalización del gasto público. Ejemplos hay para regodearse.
5. Un pacto de esta envergadura necesita garantías de estabilidad en las reglas del juego. Para que la dupla recaudación-inversión sea virtuosa requiere de marcos y plazos permanentes. No se trata de tirar los dados cada cuatro años, como ha sido en los últimos gobiernos.
Hay que tener claro que el desafío de avanzar a un Estado social de derecho no será solo de este gobierno. El pacto fiscal que necesitamos debe ser el fruto de un contrato transversal con mirada país y de largo plazo. Este debe generar acuerdos respecto de la composición y tendencia del gasto público y asegurar la sostenibilidad fiscal, sin olvidar armonizar esto con reformas en marcha tan importantes como la de pensiones o de disminución de la jornada laboral. Es por ello que este consenso ya no puede seguir esperando.
