Preocupa que sea el Estado el que administre fondos por un monto cercano a 2/3 del PIB, cuando las determinaciones en pensiones debiesen estar desvinculadas de la toma de decisiones de las autoridades políticas del momento.
En Chile, las pensiones han sido motivo de descontento desde hace una década, llegando en 2019 a transformarse en una de las principales razones que impulsaron el estallido social que sufrió el país. En efecto, la encuesta CEP de dicho año señala “las bajas pensiones” como la segunda razón más importante detrás de las manifestaciones y como el principal problema que debía solucionar el Gobierno. Meses después, con la llegada del Covid-19 y el aumento de la cesantía, el Ejecutivo desplegó una serie de subsidios de apoyo que fueron percibidos como insuficientes. Así, en el Congreso surgieron iniciativas que buscaban retirar el 10% de los fondos de pensiones como una ayuda complementaria, medida que se aprobó y se consumó en varias oportunidades, llegando a sumar una inyección del 20% del PIB, desfondando los ahorros de pensiones.
Han pasado más de 40 años desde que Chile sustituyó su sistema de pensiones de reparto operado por el Estado, por uno de capitalización individual administrado por empresas privadas (AFPs), en el cual lo que determina el nivel de la pensión de un trabajador es el capital que acumula durante su vida laboral. Hoy, las pensiones son bajas y, por diversos motivos, el ahorro obligatorio del 10% no ha sido suficiente pese a las altas rentabilidades obtenidas por la AFPs en un contexto de alta informalidad. ¿Qué se ha hecho al respecto? En 2008 se introdujo un Pilar Solidario con cargo al erario, que permitió instaurar un piso garantizado al 60% más pobre de la población, y en 2022, fue reemplazado por una cuantiosa Pensión Garantizada Universal (PGU), que busca complementar las pensiones autofinanciadas para casi toda la población.
Actualmente, en el marco de promesas realizadas por el Presidente Boric, está en discusión un proyecto que crearía una cotización obligatoria adicional del 6%. Esta sería destinada por completo a un nuevo fondo colectivo que se registrará como una promesa de pagos (cuentas nocionales), con rentabilidades menores al de las cuentas de capitalización individual, para entregar beneficios intra e intergeneracionales. Esto introduciría un componente de reparto que según ciertas simulaciones es excesivo en el contexto de la reciente PGU. Además, reestructuraría la industria, pasando el Estado a tener un peso preponderante, pues si bien las AFP continuarían administrando los recursos ahorrados y los futuros aportes del 10% de quienes las escojan, el 6% adicional quedaría en manos de una administradora de inversión pública y un monopolio estatal encargada de toda la recaudación y entrega de los beneficios. ¿Son suficientes sus garantías de autonomía? No. Preocupa que sea el Estado el que administre fondos por un monto cercano a 2/3 del PIB, cuando las determinaciones en pensiones debiesen estar desvinculadas de la toma de decisiones de las autoridades políticas del momento.
¿Será definitiva esta reforma? La respuesta está en manos del Ejecutivo, el cual requerirá de flexibilidad y pragmatismo para resolver ciertos nudos, pues se engolosinó queriendo cambiar más de la cuenta. De lo que no hay dudas es de que el mercado laboral chileno seguirá siendo el tope, pues uno de cada tres trabajadores no cotiza, cifra aún más dramática en el decil más vulnerable de la población, en donde el 70% se encuentra excluido del ahorro contributivo.
