El próximo Congreso traerá más diputados y más senadores, más partidos políticos representados y más parlamentarios que asumen por primera vez estas funciones.
El nuevo sistema electoral trajo consigo un aumento en el número de parlamentarios. El Informe Financiero de dicho proyecto de ley aseguró que esto no irrogaría un mayor gasto fiscal. Esta fue la condición para alcanzar un acuerdo político que pavimentara el camino a una medida considerada impopular, como era aumentar en 35 los diputados y en 12 los senadores.
Este compromiso naturalmente generó dudas en su momento, pero el Congreso terminó por aprobar el cambio al sistema proporcional moderado. El cierre del actual debate presupuestario reflejó la búsqueda de una solución al problema que planteó ese compromiso. Lo grave es que la solución encontrada parece atentar justamente contra el Congreso: reducir los recursos para asesorías parlamentarias.
El próximo Congreso traerá más diputados y más senadores, más partidos políticos representados y más parlamentarios que asumen por primera vez estas funciones. ¿Cómo lograr que estas reformas se traduzcan en mejor deliberación política? La Comisión de Modernización del Estado del CEP propuso en su Informe «Un Estado para la Ciudadanía» varias medidas en esta dirección: elevar los estándares de los informes financieros, mejorar la asesoría parlamentaria neutral e institucionalizar un nuevo sistema de asesoría de confianza para las bancadas.
Aparentemente, la coyuntura nos está llevando en la dirección contraria. Tanto el Senado como la Cámara bajaron sus recursos para asesorías externas, pero mantuvieron los recursos para apoyo distrital. En este sentido, y considerando que el CEP no realiza labores de asesoría parlamentaria, nos sentimos libres para afirmar que con esta solución se está protegiendo la función representativa a costa de la deliberativa.
El Congreso de 2018-2022 probablemente enfrentará discusiones altamente complejas. Contar con parlamentarios que puedan participar de la deliberación política con mayores capacidades y que puedan ejercer efectivamente su labor fiscalizadora, aumentando así la rendición de cuentas y el buen gobierno, requiere repensar la asesoría parlamentaria, pero no debilitarla.
