Severas críticas han generado la filtración de un audio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Apartemos por un momento las formas, las expresiones y el hecho propio de la filtración, y observemos el fondo de lo discutido. Desconociendo el contenido completo de aquella reunión, a primera vista llama la atención la liviandad con que se abordó una materia esencial para los intereses del Estado: la plataforma continental de Chile en el Mar de la Zona Austral. Por ello es importante recordar el proceso que antecedió a esa resolución.
La plataforma continental es la continuación de los continentes al sumergirse bajo el mar. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce a todos los Estados que tienen costa, una plataforma continental de 200 millas náuticas (mn). Este espacio se conoce como plataforma continental “jurídica”, y es un derecho inherente de los Estados ribereños que existe ipso facto. En casos en que la prolongación natural del continente bajo el mar, desde el punto de vista geomorfológico, se extienda más allá de estas 200 mn, los Estados también pueden exigir su derecho a una plataforma continental “extendida”.
Dado el interés estratégico que representan estos espacios, desde hace más de una década, Chile se encontraba estudiando e identificando sus plataformas continentales. Así fue como durante los años 2020 y 2021 se presentaron los estudios científicos e informes técnicos sobre la plataforma continental extendida al oeste de la península Antártica y la referida a la provincia de Isla de Pascua.
Dentro de este proceso de estudio de plataformas continentales, el 27 de agosto de 2021, se publicó el Decreto Supremo N° 95 del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualizando la carta náutica N°8 del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Esta actualización incluyó las coordenadas del límite exterior de la plataforma continental de 200 mn desde Punta Puga hasta las Islas Diego Ramírez, en el Mar de la Zona Austral, y presentó de forma gráfica el límite exterior de esa plataforma. La plataforma continental graficada en esta carta náutica incluye un área al sudeste del llamado Punto F, que es el punto final de la delimitación marítima acordada por Chile y Argentina en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. De esta manera, se produjo un traslape con un área que Argentina, a su vez, reclama como propia en calidad de plataforma continental extendida. Esta superposición de plataformas continentales entre Chile y Argentina abarca un espacio de aproximadamente 5.300 km2 y requiere de una delimitación.
Como corresponde a toda decisión relativa a la soberanía territorial del país, la determinación de actualizar la carta náutica en el Mar de la Zona Austral estuvo antecedida por una discusión detallada con todos quienes habían tenido a su cargo la responsabilidad de conducir y ejecutar la política exterior de Chile. El respaldo a la decisión, incluyendo sus fundamentos jurídicos, diplomáticos, y de oportunidad, fue transversal. Al mismo tiempo, fue comunicada y avalada por un amplio espectro de parlamentarios y actores de la política nacional. En otras palabras, fue una decisión del Estado de Chile, precedida de varias notas diplomáticas dirigidas a Argentina. Y por ello inquieta la aparente indiferencia con que esta materia fue analizada en aquel desafortunado incidente.
Es indispensable que el país vele y resguarde la plataforma continental en el Mar de la Zona Austral, espacio marítimo al que Chile tiene pleno derecho. Este resguardo incluye hacer valer nuestras prerrogativas en todas las instancias, formales e informales, y ante todas las autoridades extranjeras e internacionales que lo ameriten. Respecto de Argentina, esta diferencia se debe resolver por medio del diálogo, en concordancia con el Tratado de Paz y Amistad, y recordando que con nuestro vecino nos une una historia común y una estrecha agenda de proyección futura.
