Cada peso adicional para los adultos mayores compite con otras áreas tan necesitadas de recursos como la primera infancia, el grupo con la mayor pobreza del país.
Chile enfrenta un frágil equilibrio fiscal: llevamos años acumulando déficits, una situación que este año se agrava por problemas en las proyecciones de ingresos. Este desbalance deja al próximo gobierno con nulo margen de maniobra y una deuda pública que roza el crítico 45% del PIB. En este delicado escenario, toda política que comprometa recursos públicos demanda un análisis aún más riguroso. Una de ellas es el esquivo —pero necesario— acuerdo de reforma previsional, sobre el cual el ministro Marcel afirmó recientemente que estaría cerca de concretarse. Este propone un préstamo de las cotizaciones actuales para mejorar las pensiones actuales.
El país ya enfrenta una carga fiscal importante con la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuya creación fue equivalente a un alza de 4,5 puntos de cotización en dos años, lo que ha elevado el gasto estatal en el pilar solidario de vejez al 2,1% del PIB. La carga fiscal proyectada para el futuro es tan alta que, hace unas semanas, el Fondo Monetario Internacional recomendó focalizar este beneficio, dados los desafíos demográficos que enfrentará el país.
Hoy, la PGU es el principal factor detrás de las altas tasas de reemplazo a nivel comparado que tenemos como país, especialmente en los sectores vulnerables. Sin embargo, se reconoce que algunos jubilados, particularmente las mujeres con más años cotizados, reciben pensiones insuficientes. Para abordar este problema, el Gobierno propone un aumento de las pensiones de hoy financiado con las cotizaciones actuales: un punto de cotización permanente y dos puntos adicionales bajo la modalidad de préstamo, que se reembolsarían en el futuro, ambos administrados por una entidad externa.
Se plantea que la deuda del préstamo cuente con una garantía estatal para asegurar que los cotizantes no enfrenten el riesgo de insolvencia del fondo. Esta figura tiene la ventaja de no afectar el deteriorado balance fiscal, ya que contablemente no queda reflejado en la actual deuda pública. Sin embargo, implica el riesgo de que, en caso de incumplimiento en la devolución del préstamo, se deban ejecutar dichas garantías. En ese momento, la ‘gracia’ de no afectar la deuda se acaba.
Es difícil imaginar que el fondo diseñado para pagar beneficios a los jubilados actuales y próximos a pensionarse se mantenga intacto durante los 100 años que durará el esquema de préstamos. Sabemos que las pensiones de los futuros jubilados enfrentan amplios desafíos, con estimaciones que sugieren que serán incluso menores que las actuales (SP y DIPRES 2024). A ello se suman los riesgos demográficos, económicos y políticos que afectan a un área tan sensible como las pensiones. Las demandas por beneficios adicionales no desaparecerán, especialmente cuando exista un fondo externo al presupuesto al cual se pueda cargar su financiamiento, con las consecuencias fiscales mencionadas.
¿Qué hacer entonces? El préstamo parece una solución excesivamente compleja y riesgosa para un problema limitado en el tiempo. La necesidad de financiamiento para el pago de los beneficios a los actuales jubilados es crítica solo durante los primeros años, ya que el Gobierno decidió no expandir la PGU al 10% más rico, liberando gastos que habían sido proyectados por la Dipres (Informe Financiero N° 284 de 2023).
Gracias a lo anterior, sólo se requieren recursos equivalentes a dos puntos de cotización por menos de dos años para que el pago de los beneficios sea sostenible. ¿No sería más sensato que el Estado asuma directamente esta deuda acotada en lugar de crear un complejo y riesgoso sistema de préstamos que se extenderá hasta 2125 (CEP 2024)?
En un contexto de estrechez fiscal, es esencial priorizar soluciones simples y directas que no sobrecarguen al país con riesgos innecesarios a largo plazo. La responsabilidad fiscal demanda decisiones claras y transparentes, ya que cada peso adicional para los adultos mayores compite con otras áreas tan necesitadas de recursos como la primera infancia, el grupo con la mayor pobreza del país.
