El 2014 fue anómalo en lo económico. El PIB creció 1,9%, la tasa más baja en cuatro décadas si excluimos los años sin crisis internacionales. ¿Qué ocurrió? La inversión se desplomó, cayendo más de 6%.
Partamos reconociendo que la culpa es propia, no ajena. El crecimiento de nuestros socios comerciales y términos de intercambio fue apenas menor al previsto por el Banco Central, y sin embargo el PIB se expandió la mitad de lo que éste había proyectado. El tamaño del ajuste en la inversión tampoco se debió al fin de proyectos mineros ni del ciclo expansivo post terremoto, que además eran sabidos. Y es que se esperaba una desaceleración, pero no de tal magnitud.
Queda así un único sospechoso: el deterioro de las expectativas _x0007_ciudadanas.
Invertir exige asumir riesgos. Los montos son grandes, los plazos son largos. Por ello, cuando las dudas abundan y la confianza se quiebra, los inversionistas prefieren esperar. Aquí, por acción u omisión, Hacienda tuvo responsabilidad.
La llegada de un nuevo ministro, más allá de sus indudables credenciales, ofrece una oportunidad. Si las expectativas se normalizan, la economía también lo hará. Basta que la inversión se expanda 2% este año -algo no evidente hasta ahora- para que con el empleo y productividad actuales el PIB crezca sobre 3%.
Pero ésta, si bien importante, es sólo la mitad de la pega. La otra, relacionada con el largo plazo, es incluso más compleja. Desde hace rato nuestra capacidad de crecimiento tiende a la baja.
Porque lo que Chile necesitó para crecer con fuerza desde mediados de los años 80 y superar al resto de la región es distinto de lo que necesita ahora para alcanzar a las economías más avanzadas. En la primera etapa de nuestro proceso de desarrollo la apertura comercial generó las oportunidades productivas, y la institucionalidad macro, al controlar la inflación y suavizar el ciclo económico, redujo la incertidumbre y permitió la inversión. En esa etapa el problema fue de cantidad; hoy lo que falta es calidad. Para cerrar la diferencia que nos separa del desarrollo hay que mejorar la productividad.
Por ejemplo, si la eficiencia agregada en Chile fuera la de Estados Unidos, nuestro PIB per cápita anual pasaría desde los US$ 23 mil actuales a US$ 40 mil.
Y para mejorar la productividad necesitamos ante todo más competencia y flexibilidad. Lo primero promueve una asignación óptima de recursos; lo segundo hace posible que los mercados se ajusten.
Por ello, dos proyectos de ley actualmente en discusión son clave: el que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia y el que moderniza las relaciones laborales. Hacienda debe alimentar el diseño de estas reformas para que permitan crecer sostenidamente más.
Termino con un desafío adicional. Muchas veces las políticas pro productividad tardan tiempo en mostrar sus beneficios e incluso imponen costos en lo inmediato. Lamentablemente en 2005 se redujo el período presidencial a cuatro años sin reelección inmediata. Hoy es más difícil para un gobierno implementar buenas políticas públicas de largo plazo.
En consecuencia, se debe separar el ciclo político del económico en lo sectorial, tal como permitieron en el ámbito macro la regla fiscal y la autonomía del Banco Central. Por ejemplo, la creación por ley de una Agencia para la Productividad, con atribuciones y recursos suficientes, responsable de definir estudios y de evaluar el funcionamiento de los programas contribuiría a institucionalizar la agenda pro productividad, garantizando su continuidad.
