En los últimos meses han surgido propuestas para reformar la gestión del Congreso Nacional con miras a hacer más eficiente el trabajo legislativo, agregar transparencia y elevar el prestigio de la actividad política. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados han dictado normas de transparencia activa y pasiva, han hecho más eficiente la tramitación de leyes y analizan cambios legales que instaurarán mejores mecanismos de control del uso de los recursos.
Consideramos que lo anterior no será suficiente mientras no se fortalezca la labor legislativa sustantiva del Congreso. Se requiere elevar la calidad del proceso legislativo para aumentar la idoneidad de las leyes aprobadas.
En la actualidad, el trabajo legislativo del Poder Ejecutivo, que posee la mayor red de asesores y otras potestades que le conceden cierta superioridad estratégica en esta materia, no está equilibrado por una capacidad técnica comparable controlada por los parlamentarios. Ello redunda en que la relevancia del Congreso en la discusión legislativa sea menor a la que quisiera la ciudadanía.
El grueso de los parlamentarios no cuenta con asesores que permitan contrastar las cifras, interpretaciones o experiencias que aduce el Ejecutivo.
También están en desventaja para contrastar las propuestas presentadas por los grupos de interés, sobre todo si ejercen su legítimo derecho de petición con profesionalismo, contratando empresas de lobby y gestión comunicacional.
Para que los parlamentarios cumplan un verdadero rol de contrapeso, no se requiere de una gran reforma al sistema de gobierno, sino un nuevo sistema de asesoría legislativa que permita entregar a los congresistas herramientas para exigir y dar calidad a la legislación.
Sin embargo, el mayor obstáculo para lograr este fin es la acción de los propios parlamentarios, muchos de los cuales se ven forzados a destinar su asignación parlamentaria a contratar activistas distritales, restando fondos a los verdaderos asesores legislativos.
El incentivo a contratar activistas es patente, pues, según una encuesta, el 61% de las personas prefiere que los parlamentarios destinen parte importante de su tiempo a escuchar y resolver los problemas de la gente, aunque eso signifique menos tiempo para el trabajo legislativo.
Hemos propuesto una solución, en un documento de nuestra autoría («¿Cómo fortalecer la labor legislativa del Congreso? Propuesta para un nuevo sistema de asesoría parlamentaria» revista Estudios Públicos, 114). En primer término, se propone crear un staff de asesores seleccionados por las bancadas, es decir, por diputados que pertenecen al mismo partido o comité, y no por cada parlamentario individual. Por una parte, esto asegura que exista una comunidad de principios entre el parlamentario y sus asesores, lo que permite dar confianza política a éstos y empoderarlos. Al mismo tiempo, el carácter colectivo de la contratación y evaluación, y el númeromenor de asesores que de parlamentarios, dificultan que la bancada seleccione activistas para los distritos, que respondan a los intereses individuales de cada diputado.
También se propone fortalecer la asesoría externa, previa certificación de calidad, y redirigir la asesoría políticamente neutral prestada por funcionarios del Congreso. Ambas contribuyen a que los congresistas y sus asesores contrasten la información recibida y legislen con mayor conocimiento. Una reforma integral transformará al Congreso en un contrapeso eficaz, elevando la calidad de la legislación y el prestigio de la política.
