Si bien el proyecto plantea un financiamiento tripartito (hombres, mujeres y Estado), el acceso a sala cuna se propone como un derecho de las mujeres y no de ambos padres.
A pesar de que muchas de estas medidas avanzan en la dirección correcta, es importante notar la omisión de algunos aspectos relevantes, tanto en lo técnico como en lo sociocultural, que igualmente la participación de las mujeres y que probablemente serán analizados cuando el proyecto se discuta.
Desde lo técnico, cabe indagar sobre los posibles efectos negativos del proyecto sobre la contratación de mujeres en empresas medianas y grandes. La modificación del artículo 203 del Código del Trabajo trae consigo la inclusión de MYPES, trabajadores independientes y asesoras del hogar. Ellas tendrán el costo casi completamente cubierto por el diseño del financiamiento, mientras que las empresas medianas y grandes verán sólo una fracción del costo reembolsado.
En este sentido, el fin de la discrepancia por tamaño de empresa, así como el apoyo a las MYPES, es una destacable propuesta, sin embargo, la cobertura parcial en empresas medianas y grandes podría ocasionar discrepancia en términos de contratación.
Por otro lado, el Registro Nacional de Cuidadores tiene el potencial de ser una medida complementaria a la modificación del artículo 203, ya que reconoce el rol de este grupo en el cuidado de los infantes, permitiendo su profesionalización y control. Esto es importante no sólo para la madre, sino que también para los niños, pues la primera infancia es un momento crucial del desarrollo y requiere de la atención adecuada. Con todo, el proyecto no contempla medidas adicionales que promuevan el uso de salas cunas y otros servicios de cuidados complementarios.
De igual manera, se requieren esfuerzos para institucionalizar la entrega de información a los padres sobre la oferta y calidad de los centros de cuidado infantil y fortalecer la confianza respecto a estos establecimientos. Este último punto es relevante, considerando que en Chile un 7,8% de quienes no utilizan servicios de salas cuna o jardines infantiles aducen problemas de acceso y desconfianza (Bronfman y Buitrago, 2021), lo que podría quitar efectividad a la política.
Finalmente, está la corresponsabilidad. Si bien el proyecto plantea un financiamiento tripartito (hombres, mujeres y Estado), el acceso a sala cuna se propone como un derecho de las mujeres y no de ambos padres. Esto no incentiva la corresponsabilidad parental, un factor sociocultural que afecta la participación laboral de las mujeres, quienes en la gran mayoría de los casos asumen el rol de cuidadora principal de los niños.
En síntesis, el proyecto presentado puede traer muchos beneficios a las mujeres en el ámbito laboral, incluso se pueden contar potenciales efectos positivos en el trabajo formal, pues una parte de la informalidad femenina se produce por la incapacidad de las madres de poder conseguir un empleo formal que se adapte a sus necesidades de cuidados.
