El coordinador académico del CEP espera, de todas formas, “que el proyecto actual sea moderado” y que el fin de la ruta constitucional no entorpezca la discusión de la ley de Presupuestos.
El Ministerio de Hacienda envió a tramitación la ley de Presupuestos 2024, que considera un crecimiento de la economía de 2,5% y un aumento del gasto fiscal de 3,5%; esto, tras un magro 2023 que concluiría, en el mejor de los casos, con una nula expansión del producto.
Las principales prioridades definidas por el Gobierno se centran en seguridad, medidas de reactivación, salud y emergencias naturales. Buena parte de las críticas opositoras consideran “poco realistas” los fundamentos en que se sustenta el presupuesto. Entrecruzado con las quirlas del caso Convenios y con la parte final del proceso constitucional, todo hace prever un duro debate parlamentario en las próximas semanas.
Pese a los cuestionamientos, Sebastián Izquierdo, ingeniero comercial, magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, e investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), estima que los focos del presupuesto están bien orientados, considerando que calzan con las mayores preocupaciones de la ciudadanía.
“Hay un giro del Gobierno muy valorable al poner énfasis en la seguridad, porque se está haciendo un esfuerzo importante por sintonizar con el anhelo número uno que tiene la sociedad frente a este problema. El presupuesto avanza en esa dirección inyectándole muchos recursos a una institución como Carabineros, cuando la aproximación inicial era que debía ser refundada completamente”, señala. Pero agrega: “Soy más escéptico en si el presupuesto va a ser realmente un instrumento para reactivar el crecimiento”.
“Chile requiere tener un pacto tributario”
—¿A qué se debe su escepticismo?
—A que este Gobierno le ha costado más la ejecución de las partidas de inversión, de transferencia de capital, que aquellas corrientes. Estamos hablando de obras públicas o vivienda. Y si no se ponen las pilas en esto, la verdad es que la reactivación va a costar bastante. Eso hay que hacerlo mancomunadamente con la sociedad civil, con las organizaciones sin lucro. Se requiere una cooperación público-privada. Pero acá veo un riesgo por la cantidad de regulaciones que esta ley de Presupuestos está poniendo a la transferencia de recursos a organizaciones privadas, lo que puede mermar la capacidad ejecutora de la sociedad civil.
—Pero eso se debe principalmente a los hechos derivados del caso Convenios. El Gobierno parece querer dar una garantía de que ello no va volver a ocurrir.
—No dudo que hay un acuerdo para evitar que los hechos escandalosos que hemos conocido no vuelvan a suceder, porque se malversaron fondos que iban destinados a las personas más pobres del país. Pero también estimo que hay que tener cuidado en que no se perjudique a la gente más vulnerable.
—¿Considera que hay disposición política para asumir esa mirada? Porque una de las mayores críticas de la oposición contra el Gobierno se ha centrado precisamente en el caso Convenios.
—Yo creo que los parlamentarios, de cualquier color político, deben comprender que hay un anhelo porque los recursos públicos lleguen a quien corresponde. La oposición, que es quien más ha clamado por un Estado moderno, también tiene que entender que la normativa hay que verla a la luz de la eficacia y que no sean muchas las trabas, porque al final perjudican a los más vulnerables. Hoy pueden existir réditos políticos por poner el grito en el cielo por lo que está sucediendo, pero el día de mañana vamos a tener personas muy afectadas porque el Estado y la sociedad civil no fueron capaces de apoyarlos en momentos difíciles. Estamos con un aumento de los campamentos impresionante y con flujos migratorios que jamás habíamos visto. Venimos saliendo de una crisis social que después fue sucedida por la pandemia y los ingresos laborales están difíciles, como para no pensar que la sociedad civil tiene un rol en esos desafíos.
—Una de las cosas que critica la oposición es que en el presupuesto faltan incentivos para estimular el crecimiento. ¿Cree que es así?
—No tengo dudas de que la reforma tributaria pasada perjudicaba al crecimiento. Pero también tengo la misma convicción de que Chile requiere tener un pacto tributario, porque cuando uno ve déficits estructurales consecutivos, mente desde el año 2009 y, por otra parte, observa que las demandas sociales están insatisfechas, es necesario hacer ciertas adecuaciones de impuestos. El pacto fiscal que se está discutiendo debe tener un énfasis primordial en el crecimiento, porque ese es justamente el gran problema que tenemos. Y que no sean medidas tributarias que nos permitan mejorar el crecimiento solo en corto plazo, sino el tendencial que ha ido bajando persistentemente. Hoy estamos hablando de un 2,2%, que si eso uno lo ajusta por el aumento demográfico del país, se traduce en poco más de 1% per cápita, lo que es paupérrimo. Esa es una de las grandes explicaciones por las que estamos teniendo déficits crónicos en los últimos años.
Son preguntas más bien delargo plazo que el sistema político no se está haciendo, pero hay que resolverlas para hacernos cargo de las demandas sociales.
—¿Cuál es, a su juicio, la causa del estancamiento en el crecimiento estructural, que ya se ha instalado desde hace muchos años?
—La baja productividad y eso va directamente relacionado con la educación, donde no lo estamos haciendo bien. Esa es la piedra angular. La educación está estancada, entonces cómo nos vamos a sorprender de que la productividad esté bajando. Los últimos resultados del Simce demostraron que después de la pandemia retrocedimos 15 años en materia de educación y frente a eso no se ha hecho casi nada. En cambio, los países desarrollados pusieron cuantiosos recursos para recuperarlo perdido en las salas de clases y eso no se relaciona sólo con los logros en aprendizaje, sino también con temas socioemocionales. Este presupuesto, al igual que los dos anteriores, es débil en reactivación educativa. Los mayores recursos están yendo a educación superior, cuando los más perjudicados durante la pandemia fueron los niños más chicos. Y los efectos de todo esto no se van a ver ahora, sino en a10 0 15 años más. Este año ya lo perdimos y si el Congreso no se pone ingenioso en la discusión presupuestaria y ubica a los niños al frente, nos vamos a lamentar en muchas generaciones futuras.
—¿Frente a las demandas sociales, cree que hay un reconocimiento generalizado de que es necesario responder a ellas o se sigue pensando que se pueden resolver automáticamente con mayor crecimiento?
—No totalmente. No nos puede dejar tranquilos la pobreza que hoy día estamos teniendo y tampoco la desigualdad. Pero hemos tenido una distracción muy fuerte que es el proceso constitucional, que no va a generar cambios inmediatos. Por eso yo creo que es muy importante cerrar este capítulo para poder abocarnos a estas necesidades que los datos nos muestran que siguen latentes: educación, pensiones, salud. Necesitamos reformas relevantes al en dos de esos tres sectores. Y para eso se necesitan recursos ligados a un mayor crecimiento. Yo estoy convencido de que hoy día hay un clima político que nos permite tener un pacto entre el Gobierno y la oposición con un fuerte énfasis en el crecimiento, porque lo necesitamos y no lo podemos seguir dilatando.
“No podemos tener una Constitución maximalista”
—¿Realmente piensa que existe disposición política para llegar a esos acuerdos? Porque lo que se ha visto últimamente es un clima de mayor polarización. La discusión sobre el texto emanado del Consejo Constitucional es una prueba de ello.
—Me parece que el proceso constitucional en que estamos embarcados aporta un avance sustantivo en el régimen político y electoral, que va a hacer que exista una mayor cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo al disminuir la fragmentación política para producir acuerdos. Por lo tanto, hay una oportunidad hoy, si se llegara a aprobar la nueva Constitución, de que tengamos esas medidas de mediano y largo plazo que necesitamos.
—Es cierto que el proyecto constitucional apunta a una menor fragmentación de las fuerzas políticas, pero también institucionaliza el actual sistema de pensiones y de salud, entre otras cosas, lo que prácticamente cierra la puerta a cualquier cambio que quiera hacer en esos ámbitos, que usted mismo considera necesarios para satisfacer las demandas sociales.
—Ahí personalmente tengo una opinión crítica, en el sentido de que no podemos tener una Constitución maximalista, que ponga programas de Gobierno al interior de cada uno delos derechos, sino que, más bien, debería centrarse en los mínimos comunes que tenemos los distintos sectores políticos y que luego sea el Congreso el que vaya buscando cuáles son los instrumentos para lograrlos. Espero que el proyecto actual sea moderado para que vayamos creciendo institucionalmente como país.
—Pero si uno toma en cuenta las declaraciones del Partido Republicano, que es el que tiene la mayoría en el Consejo Constitucional, no parece haber mucho interés en que haya grandes cambios en el texto.
—Por mucho que uno pueda estar de acuerdo o no con esas ideas, es un error plasmarlas en una Constitución que esperamos que nos acompañe por décadas. Porque no sabemos si los problemas de hoy van a ser los mismos de mañana. Por eso es importante dejar un espacio para que sean los futuros parlamentarios quienes busquen las medidas más convenientes para recuperar un mejor crecimiento estructural y que sus beneficios lleguen ala mayor parte de la población. Al menos eso es lo que yo espero de una Constitución.
—Los ajustes definitivos al proyecto de nueva Constitución van a coincidir con la tramitación del presupuesto. ¿Cree que eso puede ser un factor que dificulte su discusión parlamentaria?
—Hay ciertos temas que se van a cruzar, como las proyecciones de los ingresos estructurales. Uno ve que la Constitución erróneamente se introduce en materias tributarias y, por lo tanto, ya no van a ser solamente los tiempos, sino también los contenidos que van a hacer más complejo todo esto. Espero que esos temas sean resueltos en estas etapas venideras, porque justamente los comisionados expertos mostraron un trabajo transversal y cedieron.
Pero no hay duda que tal como el proceso fallido anterior se vio muy entrelazado con el devenir del Poder Ejecutivo, no creo que acá sea diferente, sino que se va a mezclar todo. Y justamente cuando hay períodos electorales, la probabilidad de llegar a acuerdos es más compleja. Por eso creo que este presupuesto va a tener esas dificultades. El ideal sería que el proyecto constitucional no entrara en tanto detalle y que ambos procesos puedan ir por cuerdas separadas. Hay que considerar que la ley de Presupuesto no solo marca las prioridades de un Gobierno de turno, sino que estamos hablando de un cuarto del PIB, de muchos recursos y ahí la política tiene que actuar con altura de miras. El problema medular de esta situación es que hoy es más rentable ser opositor al Gobierno que ira buscar acuerdos y compartirlos triunfos. Pero esa es una mirada muy cortoplacista.
—¿En definitiva, cree que este va a ser uno de los presupuestos más difíciles de aprobar en los últimos años?
—Las leyes de presupuesto tienen una cualidad diferente que es que, si no se aprueba en la fecha determinada, perdura el proyecto original. La pregunta es si va a ser un camino muy tortuoso y yo creo que sí. Pero también hay que recordar otras discusiones presupuestarias que hemos tenido, como la que ocurrió después del estallido social. El ambiente político, pese a estar fraguándose con un proceso constitucional, no es tan complejo como el que vivimos dos o tres años atrás.
