“Hay gente acá que me pregunta y se sorprende que cosas como éstas pasen en Chile”, dice desde Estados Unidos el académico de la U. de Maryland y economista jefe del área de políticas sociales del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sergio Urzúa, en relación con los fuertes cuestionamientos que pesan sobre el proceso y los resultados del Censo 2012.
Urzúa, que entre 2010 y 2011 se desempeñó como asesor senior del Ministerio de Hacienda, coincide con las principales recomendaciones de la Comisión Externa Revisora convocada por el INE. Así, sugiere no utilizar las cifras que arrojó la medición y realizar un nuevo censo, de carácter acotado. “Creo que habría que comenzar desde ya a trabajar en eso”, asegura.
¿Qué opinión tiene sobre el informe de la comisión revisora?
El informe demuestra con gran detalle que hubo un proceso muy deficiente de recolección de información, con dificultades en múltiples ámbitos, algunos de los cuales se originan en la anterior jefatura del INE, y que ya el 2011, con la decisión de pasar de un censo de hecho a uno de derecho se acrecientan a niveles insostenibles.
¿El cambio en la modalidad del censo es el principal error?
Efectivamente el paso a un censo de derecho fue clave y tuvo implicancias enormes. Que en agosto de 2011, con el proceso en marcha, y con retrasos que se arrastraban desde las etapas previas, se haya tomado la decisión de hacer un cambio de esa magnitud -que requiere una significativa cantidad de recursos humanos y técnicos-, es, por decir lo menos, sorprendente. Me temo que muchas de las tensiones que se reportaron a nivel interno en el INE tienen que ver con esa decisión.
¿Y esto responde a falencias a nivel institucional o de la dirección del INE?
Claramente la institucionalidad no dio el ancho. El INE en los últimos años implementó una cantidad de cambios importantes, entre ellos el de las series de empleo -entre 2009 y 2010-, que tienen alta complejidad, y lo hizo al mismo tiempo que desarrollaba el proceso del censo, en un contexto además de restricciones presupuestarias. Tengo la mejor opinión de los equipos técnicos del INE, pero mi impresión es que acá se plantearon objetivos no acordes a los recursos que disponía la institución. Más aún, habiendo información de que el proceso del censo arrastraba retrasos importantes se continuó adelante sin tomar las medidas correctivas necesarias y luego, sobre la marcha, se decide cambiar a un censo de derecho. Eso es una falla inexcusable que revela lo urgente que es dotar al INE de una mejor institucionalidad, con mayor independencia y recursos, para que todo lo que hemos observado no se vuelva a repetir. Todo lo que ha sucedido con este Censo 2012 huele a subdesarrollo.
¿Hay un impacto a nivel internacional sobre la credibilidad de las estadísticas chilenas?
Si esto se suma a lo que pasó con los datos de pobreza, los empalmes de las cifras de empleo, y la revisión de la metodología de inflación, se configura un escenario donde internacionalmente el tema se comienza a discutir. Acá expertos y académicos me preguntan y se sorprenden que cosas como éstas pasen en Chile, que para efectos del contexto regional es en muchos ámbitos un ejemplo.
Nueva medición
La comisión recomendó realizar un nuevo censo abreviado y el gobierno resolvió solicitar una segunda opinión señalando que se intentará recuperar al menos parte del trabajo hecho. ¿Qué sería lo más aconsejable?
Conociendo la calidad técnica de los equipos que participaron en la comisión revisora comparto la idea de que lo más adecuado es realizar un nuevo censo y no utilizar las cifras actuales. La preparación de un censo de gran magnitud toma al menos cinco años y demanda muchos recursos por lo que para el normal desarrollo de las políticas públicas me parece correcto pensar en un censo acotado como el que plantea la comisión. De hecho creo que habría que comenzar desde ya a trabajar en eso.
¿Cuál es la importancia de la información que provee el censo y de qué maneras se pueden abordar hoy las políticas públicas si los datos no sirven?
De partida todos los diseños muestrales que elabora el propio INE para sus encuestas utilizan la información del censo, ya que esta permite observar cambios demográficos o de distribución de población a nivel regional y comunal, o el desarrollo de nuevos centros urbanos, entre otros. Esa información, que es fundamental para el diseño de políticas públicas, hoy no podremos conocerla con la certeza adecuada y tendremos que seguir utilizando datos de 2002. No es lo ideal,pero se puede hacer.
¿Y es razonable pedir una segunda opinión?
El gobierno tiene la facultad para hacerlo aunque dudo que vayan a existir diferencias significativas, sobre todo considerando el nivel de detalle que pudo recabar la comisión. La única diferencia podría radicar en que una nueva instancia pueda analizar datos a los que la comisión no tuvo acceso. Pero insisto en que hubo una serie de errores que aconsejan que la información recolectada no deba ser utilizada. Más aún si la tasa de omisión es de 9,3%, en una estimación incluso conservadora.
¿Probablemente es mayor?
Me gustaría saberlo ya que me llama mucho la atención que la comisión diga repetidamente que es una estimación conservadora, lo que significa que en la práctica puede ser mayor. Eso valida aún más la necesidad de una nueva medición en el mediano plazo y la recomendación de no utilizar las cifras actuales.
