Nada les hace pensar que hay algunas fallas en su “ética”; ni el cuestionamiento de autoridades como el ex ministro Belisario Velasco -quien dijo recientemente que ve “al gobierno en un intervencionismo sin precedentes”-, ni el haber sido oficiados por la CGR en más de decena de ocasiones.
Casi 100 años le ha tomado a la Contraloría General de la República (CGR) ir solidificándose. Con altos y bajos, su buena reputación legalista fue in crescendo en el tiempo, hasta llegar a convertirse en un mecanismo adecuado para resguardar nuestra institucionalidad y consolidar la legalidad como garantía del Estado de derecho -algo bastante excepcional en América Latina-. Hoy, estando a dos semanas del plebiscito, su rol es aún más relevante en pos de contar con un organismo que vele por la requerida imparcialidad, conteniendo así el intervencionismo.
Sin embargo, este último tiempo hemos visto a distintos actores que han salido a pisotear los criterios y decisiones de la CGR. Con una superioridad moral impoluta, hemos escuchado frases como: “La Contraloría está rallando la papa (…) que pare el hueveo”, y “la Contraloría claramente ha actuado con sesgo y de eso la derecha se aprovecha”. Incluso la máxima autoridad de nuestro país ha sostenido que “no estoy de acuerdo con el criterio de la Contraloría”, lo que lo aleja de la misión que tiene de cuidar y preservar nuestra institucionalidad.
¿Dónde ha quedado la verdadera imparcialidad? ¿Acaso les sorprende el actuar de dicha institucionalidad? De ser así, temo que la hipocresía ha terminado por cegar a todos quienes creen que no está mal el abrir la puerta al intervencionismo electoral. La advertencia realizada por la CGR al gobierno, respecto de que en este punto “estaría jugando al límite”, no busca otra cosa que equiparar la cancha tanto para los promotores del Apruebo como del Rechazo. ¿La razón? Ajustar la participación propagandística que ha tenido el Ejecutivo en las últimas semanas, en favor de cuidar la necesaria prescindencia, el resguardo del patrimonio de toda la nación y de la probidad en las administraciones.
Las giras a regiones que hemos visto de algunas autoridades, y más concreto aún, el llamado que hizo a los partidos del oficialismo el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, pidiéndoles enviar a La Moneda sus propuestas con mínimos comunes para una eventual nueva Carta Magna, encendieron con justa razón las luces de alarma en la CGR. Si bien el ministro dijo que supuestamente habían realizado el mismo llamado a los otros sectores, lo cierto es que ante la falta de pruebas se le hizo el pertinente llamado de atención.
Lo cierto es que, a pesar de lo lamentable que parezca decirlo, no es de extrañar que esté sucediendo todo esto. La afirmación del ministro Jackson, respecto de que ellos tienen “una escala de valores y principios no solo distinta del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, ilustra a la perfección aquella prepotencia con la que salen a cuestionar las reglas del juego cuando estas no les son provechosas. Nada les hace pensar que hay algunas fallas en su “ética”; ni el cuestionamiento de autoridades como el ex ministro Belisario Velasco -quien dijo recientemente que ve “al gobierno en un intervencionismo sin precedentes”-, ni el haber sido oficiados por la CGR en más de decena de ocasiones. Curioso eso de afirmar como bueno, lo que fuera de ellos mismos se les dice que es incorrecto.
