Entrevista a Sol Serrano, Premio Nacional de Historia.
No puede evitar reírse. Cuando en 2018 Sol Serrano se transformaba en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Historia, decía sentirse «una hija amada de la república». «Me salió del alma», recuerda hoy. Y es que «mi vocación intelectual ha sido comprender la construcción de aquella república. Y ello nace de querer contribuir a la formación de una comunidad política democrática. Ahí he puesto mi corazón…».
Entonces, ¿cómo se siente ahora una historiadora que ha dedicado su vida a tal concepto tras lo ocurrido en una de las subcomisiones de la Convención Constitucional, que acordó eliminar la expresión “República de Chile” de su reglamento y en cambio hablar de la futura “Constitución de los pueblos de Chile”? Esa es la pregunta que responde en esta entrevista, realizada en parte por escrito y en parte telefónicamente.
“Lo sucedido es muy relevante porque abre un debate que la Convención tendrá que enfrentar. Ese debate obliga a definir los términos, porque estamos ante una polisemia propia de tiempos de incertidumbre. Fue lo que sucedió en el período político más incierto de nuestra historia, el paso de la colonia a república… Ojo: ¡Una no se deriva necesariamente de la otra! Podría haber sido otra monarquía, pero aquí independencia y revolución fueron juntas. Pues bien, una síntesis de la mutación que genera la revolución podría ser el paso de “los pueblos” a “el pueblo”. Así, cuando en la comisión se propone utilizar el concepto “los pueblos de Chile”, debemos suponer que se refiere a los pueblos originarios y ello excluye a la mayoría de la población que no pertenece a uno de ellos. Entonces, más allá de que conceptualmente esté mal planteado, es sintomático contraponer los pueblos a república”.
“En dos palabras, la sociedad del Antiguo Régimen es un conjunto de cuerpos tradicionales gobernados por derechos antiguos y diversos. Son reinos, ciudades, villas; son estamentos; son corporaciones como gremios, ligados entre sí por el monarca. Es aquello a lo que se llama “los pueblos”. Las repúblicas actuales, en cambio, son hijas del constitucionalismo moderno, que rompe con la legitimidad política del monarca basada en el derecho divino e irrumpe con el concepto más radical de la historia política humana: que las personas nacemos libres e iguales por naturaleza. Esa es la pertenencia fundante, ser humano. Y allí reside la soberanía”. En el caso de Chile —continúa—, la expresión del antiguo orden eran los 15 cabildos de villas y ciudades de 1810. Así, en el cabildo abierto del 18 de septiembre, “el gobernador renuncia y les devuelve el poder “a los pueblos” para inmediatamente ser elegido por aclamación como Presidente de la Junta de Gobierno. Pero allí no estaban “los pueblos”, sino solo el cabildo de Santiago. La primera acta entonces dice que los pueblos deben votar por sus diputados para formar un Congreso que decidiría la forma de gobierno. Y se formó una tremenda confusión: esa representación ¿debía ser proporcional a la población de cada cabildo? Y empezaron los conflictos entre Santiago y Concepción”. “El hecho más elocuente, y para mí fascinante, es que Juan Egaña mandó a hacer el primer censo, para contar personas y definir la representación. Fue un desastre, pero el concepto es el que importa: la representación proporcional era el paso de “los pueblos” a “el pueblo” y de los estamentos y cuerpos al individuo. Por lo mismo, se trata de “construir” ese actor con medidas muy simbólicas como suprimir la etnia como categoría del censo. Ya no se era indio o español, mulato o negro; se era hombre y mujer, de cierta edad, en cierta residencia, con cierto oficio. Incorporar la categoría habría parecido una ofensa a la igualdad ante la ley. Y esto va impregnando la construcción de la república”.
—Parece subyacer a este debate un ajuste de cuentas de lo que ha sido la relación del Estado con los pueblos originarios. ¿Es la Convención el lugar para zanjar esa discusión?
Aquí hay dos planos: el constitucional y el político. Es muy importante que los convencionales los distingan porque tendrán que definir nuevos estatutos entre los pueblos originarios y el Estado. Por cierto, en una república puede haber distintos pueblos. Y esa es la tarea. Requiere de una claridad y rigor conceptual enormes: de aquellos preceptos constitucionales se derivarán las leyes reglamentarias que le corresponderán al futuro Congreso. La Convención es el espacio para construir una nueva relación, pero no para diseñar propiamente una “política indígena”. La distinción es fundamental para que sea viable. Lo peor sería armar bandos entre defensores de la república y “los pueblos”. Sería perder una oportunidad única para una nueva convivencia. “Dicho esto, el Estado chileno no puede haber sido más ineficiente, cortoplacista y negligente con el pueblo mapuche luego de la ocupación. Ni siquiera me voy a referir a las injusticias de la forma en que se diseñaron las reparticiones de la tierra en el período “reduccional”, sino que el Estado faltó a su deber primero, en su propia lógica, que era defender el Estado de Derecho y la propiedad. Lo que imperó fue el poder del más fuerte, especialmente de los privados, para despojarlos de sus tierras, y no hubo un Estado que defendiera los derechos que él mismo les había dado. Después, básicamente los ignoró, con un supuesto implícito: la asimilación se daría sola. Se equivocó”.
—¿Le gusta el concepto de plurinacionalidad? ¿Cómo dialoga con “chilenidad”?
Tendré con modestia que escudarme en que no es mi especialidad. El concepto es relativamente nuevo. Hasta hace poco predominaban el de multiculturalidad y el de pueblos originarios, más que de naciones. Mi visión por ahora es que conjuga distintos conceptos de nación. Una es la nación antigua, aquella forjada por la historia de una cultura ancestral que defiende esos derechos históricos. Otra es la nación moderna, que se identifica con el constitucionalismo, el Estado nacional, la soberanía popular y territorial, que no se ancla jurídicamente en la historia, sino en un ideario de derechos a construir. La Convención, por su cometido, está en el horizonte de la nación moderna, de su propia transformación. El asunto es cómo dialogan esos dos conceptos de nación”. “Los pueblos originarios no están en el freezer, no son una pieza de museo, porque también dialogan e incorporan valores de la nación moderna que no niegan la cultura ancestral, sino que los resignifican. El más claro es el de derechos humanos. Si la plurinacionalidad significa una pluralidad de derechos que no dialogan entre sí, las conquistas de la ampliación de derechos que ha significado la democracia se revertirían. El caso reciente respecto de la distinta penalidad que tendría la violencia sexual en Rapa Nui es elocuente. El debate sobre qué es una nación ocupa bibliotecas enteras. Pero estamos hablando de una Convención Constituyente democráticamente elegida y el propio hecho de que tenga escaños reservados muestra una flexibilización del concepto que había regido sobre la igualdad del voto, que, como sabemos, ha sido una gran conquista democrática”.
—En estos debates, parece el discurso dominante una visión avergonzada de los 200 años de historia republicana. ¿Es ella justa?
La república democrática es un proyecto, un horizonte de ideales que por cierto no se han cumplido como tales históricamente. Pero sin la república aquella realización histórica de los derechos no sería posible. Avergonzarse de la historia republicana, ¿significa que habría sido mejor una dictadura? Si no es en el horizonte valórico de la república, no habría Convención. Sin la república tampoco los convencionales estarían sentados donde están.
—¿Qué efectos puede tener el altísimo protagonismo de la cuestión identitaria en la Convención? ¿Podrían ocurrir contrarreacciones como en otras experiencias?
Es un riesgo. Es importante que la Convención comprenda que hay muchas pluralidades, y no solo las que la mayoría de ellos considera valorables… Hay diversidades que desprecian, como ser de derecha, por ejemplo. Hoy día podrá ser minoría la derecha, pero cuando se hace política y Constitución estrictamente desde la moral propia como fuente de legitimidad y no desde la realidad factual, se corren riesgos de mover las fronteras que avanzan hacia una mayor inclusión. El lenguaje genera realidades; los convencionales deben cuidar el lenguaje de universalidad de derechos. Hoy estamos en la ola alta del triunfo de los gritos identitarios, pero uno de los principios básicos de la democracia es que uno a veces es mayoría y otras veces es minoría. Y hay que establecer derechos constitucionales que sean perdurables.
—La Convención ha creado una comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Como historiadora, ¿le llama la atención?
He tratado de encontrar una fundamentación al título de la comisión y no logro todavía entender qué se entiende por cada uno de los conceptos que allí se utilizan. El de derechos humanos lo entiendo, pero el resto admiten muchísimas definiciones. La transparencia no solo tiene que ver con el conocimiento que la ciudadanía tenga de lo que pasa adentro de la Convención, sino también con el rigor en la definición de conceptos.
Pero cuando se habla de verdad histórica establecida por una comisión, a un historiador deben saltarle las alarmas, ¿no?
La verdad histórica como un cometido del Estado no es historiografía. La historiografía es un estudio crítico que corresponde a la libertad de pensamiento y a la evidencia de la investigación. De hecho, la historiografía se refiere a evidencias históricas, no a la verdad histórica, entendiendo que no puede, en rigor, llegar a ella. Sí la entiendo como un cometido político legítimo; de otra forma sería hacer una historia oficial, que supongo no es la intención de nadie, porque es un absurdo. Entonces, en cuanto a verdad histórica definida desde el Estado, requiere una definición muy precisa. En el caso de los pueblos originarios, ¿habría que volver a la Conquista española? ¿A la erradicación y el repartimiento de las tierras? ¿Cuál es el momento que ellos están definiendo como verdad histórica? ¿Se refiere también a la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura? Han habido ya varias comisiones al respecto y es difícil comprender qué podría hacer la Convención, en el tiempo que tiene, para un ejercicio como el de la Comisión Rettig o el de la Comisión Valech. También se han referido a los “presos políticos de la revuelta social”, eso ya es una definición, pero no necesariamente puede ser una verdad histórica o una memoria. Pero, además, ¿se está acaso igualando el tema de los derechos violados a los pueblos originarios y las violaciones sistemáticas de la dictadura con los presos del estallido? Es bien difícil saberlo.
Precisamente esta semana, la comisión de Ética aprobó una definición de negacionismo para sancionar a constituyentes que incurran en él respecto de los atropellos sufridos por los pueblos originarios, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el régimen militar y aquellas en el marco del estallido de octubre de 2019…
No comparto ni la definición de negacionismo ni menos hacer equivalentes los efectos en los pueblos indígenas de la Conquista y posteriores, la violación sistemática de los derechos humanos por parte de una dictadura y los delitos cometidos por agentes del Estado en una protesta social en democracia, que están sometidos a juicio.
Con todo, usted no es pesimista respecto del proceso constitucional.
Siento, como muchos, que va de peor a mejor. Creo que el ejercicio de someterse a normas comunes significa valorar los procesos democráticos como universales y como fuente de legitimidad. Y en la medida en que cada vez los constituyentes se enfrenten más a definir conceptos y no solo a argumentar valores como verdades totales, va a ser un gran avance. En eso estoy muy optimista porque el proceso va a incidir muy seriamente en el resultado. Frente a la posibilidad de que la mayoría que hoy tienen ciertos sectores lleve a un triunfalismo, ellos a su vez enfrentan el riesgo de que esa actitud genere una Constitución que finalmente no sea aprobada por la ciudadanía. Por eso es que aquí no se trata de estirar la cuerda infinitamente. Es un tema que, en el viejo lenguaje, llamaríamos de prudencia política, pero de virtud republicana al mismo tiempo.
