Entrevista al historiador e investigador del CEP, Juan Luis Ossa.
Tres años se cumplen desde que surgió el estallido social el 18 de octubre. Según Juan Luis Ossa, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), lo que más primó en esa jornada fueron precisamente las manifestaciones de violencia a lo largo de Chile. Producto de ese caos y descontento generalizado, el Congreso trató de resolver la crisis institucional que enfrentaba nuestro país a través de un acuerdo constitucional. Chile rechazó la propuesta constitucional y pareciera ser que, actualmente, hay más dudas que certezas sobre el país que se conformará en los próximos años.
Eso es lo que plantea en parte Ossa, quien analiza los tres años del estallido social. “Yo diría que básicamente hay dos cambios desde que surgió el estallido social, uno que me parece positivo y uno que me parece negativo. Uno de los principales problemas que dejó el estallido social fue la legitimación de la violencia como método de acción política en muchos sectores del espectro político, por ejemplo. La izquierda radical adquirió un acercamiento a la violencia que no habíamos visto desde el regreso a la democracia”, dice.
-¿ Y el aspecto positivo?
Me parece que la institucionalidad ha logrado idear ciertos mecanismos para salir de la crisis. Son mecanismos que se han dado dentro de la institucionalidad porque el proceso constituyente es el resultado de una negociaT res años se cumplen desde que ción política que se dio dentro de la democracia representativa. Fue el Congreso, apoyado por el Ejecutivo, quienes diseñaron el proceso constituyente para salir de la crisis
-¿Tiene optimismo por cómo se ha desarrollado el trabajo en el Congreso actualmente para una nueva Constitución
Por supuesto que es un proceso cuyo fin desconocemos y podría terminar siendo muy trágico, pero todavía creo en la política. Hay que defender los espacios que muchas veces son muy mal mirados y creo que es allí donde se deben consensuar las bases de una nueva Constitución y también el mecanismo. Tengo optimismo en los espacios políticos. Por otra parte, no tengo ninguna esperanza de los espacios antipolíticos, determinados por la violencia y el populismo.
-¿Cuánto del espacio antipolítico está en el Congreso?
Yo veo que el espacio antipolítico se ha expandido en diversos ambientes. En la violencia de la calle, por ejemplo, y también en unos sectores muy críticos de la democracia representativa, cuyas inclinaciones son populistas. Aspiran a tener una relación directa con el pueblo a través de consultas vinculantes, olvidando que la tarea de los políticos es mediar entre las instituciones y los intereses de la ciudadanía porque el pueblo no se puede representar a sí mismo. Nunca ha funcionado así. Hay sectores de izquierda y derecha que coquetean con este populismo.
-¿ La legitimación de la violencia, qué consecuencias generó?
La legitimación de la violencia como acción política ha generado volteretas en sectores radicales que hoy día están en el gobierno.
Se han visto en la obligación de pedir excusas o borrar tuits para estar en sintonía con una ciudadanía que cada día está más temerosa con la inseguridad y que cada vez es más crítica con el 18 de octubre. Han surgido interpretaciones nuevas del estallido a través de las falencias del gobierno y del resultado del plebiscito de salida.
-¿Podríamos relacionar el estallido social con el incremento de la violencia en el país?
No sé si hay una causa y efecto directo, entre la violencia callejera del 18 de octubre y el aumento del narcotráfico. Yo creo que eso es sociológicamente delicado. Pero sí me parece que cuando un grupo de la sociedad no condena la violencia, lo que está haciendo es implícitamente avalarla y abriendo espacios para que surjan nuevos mecanismos y nuevas formas de violencia. Por eso, uno como político debe siempre tomar postura en contra de la violencia porque lo que está en juego es la sobrevivencia del Estado. Si el Estado capitula contra la violencia, la política también se rinde ante ella.
-¿Cómo están las instituciones chilenas a tres años del estallido social?
Si uno siguiera las encuestas del CEP en diciembre de 2019 uno ve una crisis estructural en la mayoría de las instituciones. Actualmente, si bien seguimos en crisis, me parece que hay una opinión más positiva hacia las instituciones. No podemos olvidar que la única forma que tiene la democracia de sobrevivir es a través de la representación. ¿ Qué pasaría si derogamos el Congreso de un día para otro? Nos quedaríamos con el reino de la anarquía.
-Dado que la Convención surge gracias al trabajo del Congreso, ¿no estaríamos frente a otra derrota institucional, tras el triunfo del Rechazo?
Hay que diferenciar entre el medio y el instrumento. El medio fue lo que se acordó el 15 de noviembre de 2019 y la Convención fue el instrumento. Se rechazó en definitiva el resultado del instrumento. Dentro de los múltiples rechazos que surgen en el plebiscito de salida, sobresale el rechazo a la violencia y a las posturas extremistas y partisanas.
-¿Cuál es la situación que enfrenta Chile actualmente?
Practicamente hablando estamos frente a un gobierno que no tiene un diagnóstico claro de la realidad social. Por lo tanto, no tiene los instrumentos adecuados para salir de la crisis. Estamos insertos en un problema estructural en el que no se le ve una salida muy temprana. Por otra parte, en el plano constituyente me parece que el Congreso está logrando paso a paso un acuerdo. Una parte del Congreso debe seguir enfocándose en eso, pero el gobierno no puede olvidar que lo que tiene que hacer es empezar a gobernar porque estuvieron dedicados al plebiscito hasta septiembre.
-¿ Por qué plantea esta crisis estructural?
Es una crisis que afecta al menos a cinco ámbitos: orden público, crisis constituyente, social, política y económica. Es algo que nos afecta en todos nuestros ámbitos cotidianos. Hay un tercio de la población que considera que la violencia de octubre es legítima y necesaria, si no tenemos mínimos comunes frente a eso vamos a seguir en una crisis.
-¿Cuáles son las principales demandas ciudadanas?
Las dos principales demandas son seguridad pública, relacionado con las encerronas, la inmigración desatada y el crimen organizado y por otra parte la seguridad material, vinculado con el agobio que experimentan las familias que no alcanzan a llegar a fin de mes debido a la inflación. Estas son las dos grandes miras que debe tomar el gobierno. La ciudadanía necesita certezas y no puede vivir constantemente en crisis.
