La discusión presupuestaria que se iniciará en septiembre es un momento propicio para analizar estas y otras propuestas, para lograr revertir la tendencia de presupuestar una inversión pública que no somos capaces de ejecutar.
El gobierno anunció hace pocos días un plan de inversión pública por 15.000 millones de dólares, con foco en generar 180 mil empleos. Esto se sumaría a los 596 mil empleos que, según reporta la Dirección de Presupuestos (Dipres), ya está creando la inversión gubernamental al segundo trimestre del año.
En la coyuntura actual, con el desempleo sobre el 8% durante 42 meses seguidos, no es sorpresa que se recurra a esta tradicional herramienta que, además de impactar el empleo, es clave para construir infraestructura que aporte al crecimiento del país a largo plazo.
Pero, como muestra la experiencia de años recientes, existe una brecha relevante entre la inversión anunciada y la ejecutada: el gasto de capital presupuestado solo se pudo ejecutar en un 85% durante la pandemia y, más complejo aún, de ahí en adelante no se ha podido recuperar, sin alcanzar en ningún año siquiera el 90%.
Esta situación no es deseable ni sostenible. En términos fiscales, ante la estrechez de las finanzas públicas, los ajustes a la inversión no son ganancias de eficiencia permanentes, sino meras postergaciones de gasto.
En términos económicos, como ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), recortar la inversión es contraproducente para el crecimiento del PIB, el que a su vez es necesario para la sostenibilidad fiscal. Y en términos políticos, es complejo que se aprueben presupuestos de inversión que, con una alta probabilidad, solo ejecuten 9 de cada 10 pesos y el diferencial termine asignándose a otros fines durante el año.
¿Qué puede estar causando esta subejecución? Más allá de la pandemia, cuando hubo suspensiones de obras por razones sanitarias, los problemas más estructurales pueden relacionarse con capacidad de gestión.
Por una parte, de las instituciones formuladoras y ejecutoras de proyectos, como los ministerios de Obras Públicas (MOP) y de Vivienda y Urbanismo (Minvu) o los gobiernos regionales; y, por otra parte, en cuellos de botella en los procesos de evaluación, incluyendo al Sistema Nacional de Inversiones y a los permisos sectoriales, pues recordemos que la permisología también aplica a la inversión pública.
A lo anterior, quizás se ha sumado una arista fiscal: una Dipres que no ha visto con malos ojos poder reasignar recursos para acotar el déficit fiscal agregado, financiando con menor inversión la sobre ejecución del gasto corriente, principalmente del sector salud, que después de la pandemia ha sobrepasado su presupuesto en un promedio de 18% anual.
Como a largo plazo este fenómeno es dañino, es pertinente emprender acciones para apuntalar la inversión pública.
Algunas propuestas de gestión se plantean en “Una agenda prioritaria de corto plazo para la modernización del Estado”, elaborada por el CEP, la CPC y el Centro de Políticas Públicas UC: automatizar el proceso de identificación de proyectos; mejorar y estandarizar la gestión contractual; simplificar las evaluaciones para los proyectos de menor escala; mejorar las capacidades tanto de formuladores como de evaluadores y ejecutores; y contar con una planificación de la inversión pública que vaya más allá de la discusión anual de la Ley de Presupuestos, dado que los plazos de ejecución de los grandes proyectos son más largos, incluso que un ciclo político.
Con todo, tal vez se requiera, complementariamente, un incentivo más fuerte: alguna regla que proteja la inversión pública. Por ejemplo, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público recomendó en 2025 que fuese mandatorio reducir en alguna proporción el gasto total ante una subejecución de la inversión, con el fin de aumentar los incentivos a ejecutarla por completo y evitar que dichos recursos se desplacen a gasto corriente.
Por cierto, los incentivos a ejecutar oportunamente no deben traducirse en sacrificar la calidad de los proyectos ni dar paso a iniciativas de baja o nula rentabilidad social.
La discusión presupuestaria que se iniciará en septiembre es un momento propicio para analizar estas y otras propuestas, para lograr revertir la tendencia de presupuestar una inversión pública que no somos capaces de ejecutar.
