«En la Convención, la agenda plurinacional eclipsó a la agenda social»

El Chile de estos días parece moverse a medio camino entre el pesimismo y la incredulidad. Aldo Mascareño, doctor en Sociología, investigador del CEP y académico de la U. Adolfo Ibáñez, apunta a que nada de lo sucedido en el último tiempo (al menos desde los días posteriores al 18-O) ha podido mejorar, a los ojos de los ciudadanos, las perspectivas de futuro.

Ninguna cosa articulada por el sistema político, del pacto constitucional del 15 de noviembre de 2019 a la propuesta de nueva Constitución entregada ayer, ha ayudado a contener el desplome de las expectativas. En la última encuesta del CEP, el 52% de los consultados califican la situación política del país como mala o muy mala. Las expectativas económicas, por su parte, son las peores en veintiún años. “El problema está en que los procesos que se iniciaron generaron decepciones para muchos”, dice.

¿Qué hacer?, ¿qué puede ofrecer la elite política? Al menos tener un plan B, indica Mascareño.
“En contextos de este tipo la principal tarea del sistema político es absorber inseguridad futura mediante acuerdos presentes del tipo: “si sucede x, entonces a; si sucede y, entonces b’. Esto vale especialmente para lo que más incertidumbre genera hoy, que es el resultado del plebiscito.
Lo peor para las expectativas y la incertidumbre es no anticipar los caminos a seguir”.

—Por años las encuestas CEP mostraron a ciudadanos confiados en el futuro y satisfechos con sus vidas. ¿Era normal que tras el 18-0 y la pandemia; el pesimismo y las percepciones negativas aumentaran?

En la última década la situación del país se percibe regularmente peor que la situación personal. Esa brecha se achicó en 2018, pero desde el estallido ambas percepciones caen. Es cierto que el estallido y la pandemia afectaron el ánimo, pero el problema está en que ninguna de las medidas tomadas contuvo la caída. Ni el Acuerdo por la Paz, ni los retiros, ni el cambio de Gobierno, ni el borrador constitucional han logrado subir las expectativas. Esto sucede porque todos esos casos han traído consecuencias inesperadas: inflación en el caso de los retiros, baja en la aprobación del Gobierno por errores de conducción, críticas al comportamiento de convencionales e inseguridad jurídica frente a las potenciales consecuencias de la eventual nueva Constitución.

—Desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet la inmigración comenzó a ser un problema. ¿No era medio inevitable que hoy un 61% quiera prohibirla como mostraron ustedes?

—Por supuesto que no era inevitable. El 61% es el resultado del fracaso de políticas locales de inclusión de migrantes y de políticas internacionales de cooperación regional que no logran comprender el problema integralmente y lo tratan solo como un tema de seguridad. Lo único que consiguen con eso es aumentar los prejuicios latentes o explícitos sobre los migrantes. El libro del CEP «Inmigración en Chile» (Aninat y Vergara, FCE, 2019) derriba varios mitos de la inmigración. Por ejemplo, la inmigración no afecta la convivencia escolar, su participación en delitos ha disminuido en el tiempo, y los inmigrantes muestran una mayor proporción de cotizantes previsionales en comparación con los chilenos. En estos temas hay que evitar prejuicios, y debemos preguntarnos cuánto de ese 61% que quiere prohibir toda inmigración hay que agradecérselo a las políticas que hemos diseñado.

—¿ Este resultado en materia de inmigración complica al Gobierno? Digo, es evidente que esta administración tiene una visión algo más permisiva que el gobierno anterior.

Lo complica si la visión permisiva se entiende como sustituto de políticas particulares como la regularización de la situación migratoria y, especialmente, la integración a nivel comunal en materias como vivienda, salud o educación. Distintos estudios internacionales muestran que la población local desarrolla una percepción de “amenaza colectiva” cuando los inmigrantes compiten por subsidios y puestos de trabajo. Esto es más extendido en grupos de nivel socioeconómico bajo y en la población de tercera edad. Por esto, políticas generales como el crecimiento y la creación de empleos también bajan la presión en este tema. Si se cree que la visión permisiva reemplaza a la política pública basada en evidencias, el problema subsistirá.

—La delincuencia siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero en este contexto de violencia que vive el país, ¿crees que la gente está pidiendo, pongámosle así, “mano dura”?

—En distintos análisis cualitativos disponibles en el CEP, la expresión “mano dura” es recurrente. En lenguaje técnico esto significa reforzar el Estado de Derecho. Coincidente con esto, la encuesta CEP muestra que las instituciones de orden y seguridad, PDI, Carabineros, además de las FF.AA., están entre las que más han crecido en confianza. Yo entendería esto más bien como un “voto de confianza”: se espera de ellas que actúen para regularizar el orden social.

Estos resultados de la encuesta son una especie de ventana a la realidad? Es decir, mientras la gente está preocupada de llegar a fin de mes y de la seguridad en sus barrios, hay cierta elite que está encerrada en el debate constitucional. ¿ No hay demasiada distancia entre ambos mundos?

—Según nuestros datos, un 44% de la población no tiene mayor interés en el trabajo de la Convención. Pero no creo que esto sea un problema de elite versus pueblo. Lo que sucede es que antes de preocuparse por la naturaleza o por la descentralización, está la preocupación básica por la vida propia y de los cercanos en tu propio barrio. Esta es una condición de posibilidad de todo lo demás.

“El desafío de la Convención era procesar los disensos” 

-Hablando con Juan Pablo Luna, él sostenía que la gente ve “lejano” el proceso constituyente, que ciertas interacciones sociales tenían poco que ver “con la consagración constitucional de derechos sociales”. ¿Cómo lo ves tú? 

—Lo que veo es que, en la Convención, la agenda plurinacional (autonomías indígenas, consentimiento, escaños reservados, pluralismo jurídico) eclipsó a la agenda social (derechos sociales, inclusión igualitaria, democracia participativa). Sintomáticamente, lo que la gente valora de la agenda plurinacional son los escaños reservados, pero un 82% cree que es mejor que exista un sistema de justicia pa Más aún, un 72% de quienes pertenecen a pueblos indígenas piensan que es mejor tener un sistema de justicia. Creo que buena parte de la indecisión sobre el apruebo o el rechazo tiene que ver con la percepción de una debilidad de la agenda social frente a la plurinacional. No hay que olvidar que el malestar de la última década tiene su origen en esa debilidad.

—¿ Qué esperar del futuro? ¿ Crees que esta preocupación y pesimismo son pasajeras o que nos pueden llevar a un pozo sin fondo donde la rabia, la violencia o el populismo se incrementen?

—Lamentablemente, ese es un escenario posible. Recientemente, la iniciativa «Tenemos que Hablar de Chile» ha hecho una proyección de escenarios de futuro en los que emergen alternativas de ese tipo, además de otras como la fragmentación, la continua formulación de promesas incumplidas, o un régimen de restricción de libertades. Cuando se combina una baja confianza en las instituciones políticas con una percepción de inseguridad personal e incertidumbre social, tiene lugar una contracción de los compromisos valóricos pluralistas. La sociedad se vuelve dicotómica y polarizada. Se divide entre buenos y malos, entre amigos y enemigos. Ese es el peor escenario para la democracia.

—¿Qué pasó con todas esas esperanzas que generó la elección del Presidente Boric? ¿ Eso se esfumó?, ¿quedó reducido sólo a los más fieles? 

—Es un hecho que la aprobación del Presidente y del Gobierno han bajado, pero no hay que olvidar que llevamos 100 días de Gobierno. En períodos anteriores, a estas alturas recién se acababa la luna de miel. En lo que sí veo un problema es que lo que se llama, algunas veces livianamente, “esperanzas”, son en realidad urgencias concretas que son clave para la realización de los proyectos personales y familiares: una vida cotidiana sin temor a la violencia, un sistema de pensiones que reduzca la incertidumbre de la vejez, una salud que no haga esperar meses para una atención y un sistema escolar estable y eficaz para los hijos. Esas urgencias no se esfuman en el aire aun cuando la expectativa de cumplimiento se ve decepcionada. Persisten y empujan las transformaciones. Por tanto, si el Gobierno no trabaja fuerte en ellas, su aprobación seguirá bajando, y con él también la confianza general en nuestras instituciones de inclusión social.

—¿ Este ánimo algo sombrío que hay puede tener una expresión electoral en el Plebiscito? El otro día hacías el alcance que si la gente ve que la plata no le alcanza puede ser perjudicial para el Apruebo. 

—El Gobierno ha cometido el error de vincular estrechamente el despliegue de su agenda social al destino del borrador constitucional. Esa es su forma de apoyar el Apruebo. Pero si insiste en que los destinos están tan unidos, entonces también comenzará a transferir su desaprobación a la Convención. Según los datos de la encuesta CEP, un 36% que desaprueba la gestión del Gobierno aún no ha decidido si vota Apruebo o Rechazo; incluso el 36% que aprueba la gestión todavía no se decide. La desaprobación tiene su fuente en errores de conducción y descoordinaciones. Pero también las personas responsabilizan al Gobierno por la proliferación de acciones de violencia, por el retraso en reformas sociales, y por una inflación que hace que la plata alcance para menos.

—Una de las conclusiones que mostró la encuesta para explicar el descontento con la labor de la Convención era el trabajo de los constituyentes. ¿Crees que si salen de escena ahora, el Apruebo tendrá más opciones?

—No solo era el trabajo de los constituyentes lo que explicaba el Rechazo, sino también las características de los convencionales. Esto se relacionaba con varios eventos puntuales, desde las funas a opositores, hasta las duchas en cámara. Y recientemente con el desdén con que se trató a los expresidentes. Para el Apruebo podría ser mejor que se guarden, y lo mismo vale para el Rechazo con otros protagonistas, pero esto es estrategia política. Lo que creo que va a suceder es que la psicopolítica mesiánica del momento constituyente hará que la figuración prime sobre la prudencia. La autocrítica política auténtica solo tiene lugar después de grandes fracasos políticos, personales o colectivos. Y si no hay fracasos, prima la creencia de que “lo estamos haciendo perfecto”. Creo que la autocrítica de verdad la vamos a empezar a ver tras el 5 de septiembre, cualquiera sea el resultado.

—Una de tus líneas de trabajo ha sido exponer las deficiencias del sistema político chileno para procesar los disensos. ¿ Cómo viste esa perspectiva en el trabajo de la Convención? Alguna gente ha destacado que fue el lugar donde quedó en evidencia el conflicto social.

—El desafío de la Convención era justamente procesar los disensos que literalmente nos explotaron en la cara en el estallido. Procesar los disensos no significa disolverlos en consenso, sino articularlos en un modus vivendi bajo reglas generales de inclusión social, espacios para la expresión de identidades y pluralismo de la sociedad civil.
Pero el borrador opta por constitucionalizar algunas identidades y otras no; algunos grupos intermedios y otros no; define en detalle las autonomías territoriales y escasamente la arquitectura de coordinación policéntrica y multinivel que le debe acompañar.
La legislación tendrá un arduo trabajo para equilibrar este diseño, para procesar el disenso democráticamente sin exclusiones y para controlar las tentaciones hegemónicas de mayorías circunstanciales o figuras populistas que prometan demasiado.

—¿ En lo personal cómo has visto el trabajo constitucional? En octubre de 2020, en una entrevista en «La Tercera» te mostrabas optimista: “no le tengo el menor temor”, decías. Viendo los resultados, ¿ ha cambiado tu mirada? 

—(Risas) Touché. Lo que pasa es que siempre hay que tener claro que el primer deber ciudadano es mantener la calma. En todo caso, las y los convencionales trabajaron mucho. Eso no solo hay que reconocerlo, sino que destacarlo. Paradojalmente aplicaron el principio 24/7 popularizado por el gobierno de Piñera. Comparto énfasis como los derechos sociales, el espíritu de descentralización o la transversalidad del género. Pero el diseño tiene desequilibrios y muchos puntos ciegos que fueron dejados a la ley. Por eso varios se han inclinado por la reforma, sea que aprueben o rechacen. Deben ser pocos los que no le cambiarían ni una coma al borrador y menos los que quisieran mantener la Constitución actual. En esa situación es muy importante mantener la calma. Ella incentiva el encuentro, promueve la conversación y sustenta la validez de la crítica. Estas son capacidades que todos vamos a necesitar en grandes cantidades en los tiempos que vienen, cualquiera sea el resultado del plebiscito.