«Esta no es una Constitución que le facilite a Chile avanzar en resolver los problemas económicos, sociales y políticos»

Son varios los aspectos del texto propuesto que se han transformado en una preocupación para el economista y expresidente del Banco Central, quien sostiene que este «va a terminar exacerbando la frustración de la población, por la incapacidad del sistema político y del país de solucionar tales problemas».

Vittorio Corbo ha sido llamado por muchos como «el maestro». Probablemente por largo tiempo, el economista más influyente del país ha sido formador de muchas generaciones, expresidente del Banco Central y partícipe de cuanta comisión se ha creado en los más diversos gobiernos. Si bien siempre ha sido muy cuidadoso de no ser encasillado políticamente, el proyecto constitucional no lo deja indiferente y afirma que frente al plebiscito, su estado es de «escepticismo».

—¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan del proyecto constitucional en materia económica?

Lo que más me preocupa es que esta es una propuesta que explicita una amplia gama de derechos sociales, pero al mismo tiempo, debilita mucho la institucionalidad requerida para crecer y así generar los recursos para poder satisfacerlos. Esto para mí es grave, porque ya veníamos arrastrando un problema de bajo crecimiento desde mediados de la década pasada, por las dificultades políticas de llegar a acuerdos para avanzar en remover obstáculos a la competencia y mejorar la calidad de la educación y la eficiencia del Estado, que eran algunos de los factores que estaban restringiendo las posibilidades de crecimiento. Tampoco se avanzó mucho, por dificultades de llegar a acuerdos, en una reforma de pensiones que se hiciera cargo de los problemas de baja cotización, aumento de la expectativa de vida, informalidad laboral y solidaridad.

—¿Qué faltó?

Lo que el país requería era una propuesta de Constitución que creara una institucionalidad que se hiciera cargo de la debilidad del sistema político y que, al mismo tiempo, facilitara el crecimiento con un debido cuidado del medio ambiente.

Varios estudios han identificado los factores relevantes para aumentar la tasa de crecimiento por un tiempo prolongado. Douglas North, Daron Acemoglu y James Robinson han destacado el rol de las instituciones y las reglas, especialmente derechos de propiedad sólidos, el imperio de la ley y un sistema político eficiente. En la misma dirección, un estudio liderado por el premio Nobel de Economía Michael Spence, que revisa las experiencias de crecimiento de una amplia gama de países durante la posguerra, saca una serie de lecciones sobre instituciones y políticas que juegan un rol central para poder lograr un crecimiento alto y sostenido. Entre ellas destacan: políticas e instituciones macroeconómicas y financieras que faciliten la mantención de la solvencia fiscal, una inflación baja y estable y un sistema financiero sólido y competitivo; la apertura a la economía mundial, por sus efectos en la competencia, la eficiencia y el acceso a insumos y bienes a un menor costo; la promoción de la competencia en los mercados internos; una institucionalidad que garantice derechos de propiedad sólidos y el cumplimiento de los contratos; políticas que promuevan una educación temprana, básica, media y técnica de calidad, y un sistema tributario equitativo y eficiente, que financie en forma sostenible los bienes públicos, sin crear grandes distorsiones ni penalizar en forma desmedida el ahorro y la inversión.

—¿Se ve el crecimiento amenazado en el proyecto constitucional?

El crecimiento sostenido es el único camino que hace posible satisfacer, de forma sostenible, las demandas sociales, independiente de cualquier lista de derechos que se persiga garantizar. En este ámbito, me preocupan varios aspectos de la propuesta constitucional, que pueden terminar limitando las posibilidades de crecimiento y debilitando aún más al Estado y a las instituciones.

Así, Corbo dice que hay al menos ocho aspectos a considerar y comienza a enumerarlos: «(1) la creación de un Estado plurinacional con autonomías regionales, con autogobierno, su propio sistema de justicia, con capacidad de emitir deuda y crear empresas; (2) la eliminación de la iniciativa exclusiva del Presidente en materia previsional, gastos e impuestos». En este punto se detiene para argumentar: «Aunque el proceso de aprobación de gastos e impuestos en el Congreso requiere concurrencia presidencial, debilita la responsabilidad fiscal. Esto abre la puerta al populismo, como lo vimos recientemente con los retiros de los fondos de pensiones, aumentando el riesgo de un deterioro de la solvencia fiscal, pilar este último de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento sostenido. Lo mismo sucede con la autorización para el endeudamiento de las nuevas regiones y comunas autónomas. La creación de empresas públicas municipales y regionales va en la misma dirección».

—¿Cuáles son los otros?

(3) Debilita la autonomía del Banco Central al incluir la posibilidad de que el Presidente de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones, o una mayoría de su consejo, pueda acusar a un consejero aunque la acusación la resuelva la Corte Suprema. Dado el ambiente político que ha surgido en los últimos 10 años, la remoción de consejeros por razones políticas es un riesgo importante para la operatoria y la autonomía del Banco Central; (4) debilita la solidez del derecho de propiedad, porque reemplaza el daño patrimonial efectivamente causado, medido por el precio de mercado, por un ‘precio justo’; (5) debilita la protección de la competencia y al Tribunal de libre competencia, al excluir a los economistas de servir como jueces; (6) debilita los derechos de propiedad en la minería y en el agua, sectores que han cumplido un papel central en el desarrollo de Chile de los últimos 30 años; (7) debilita al Poder Judicial con su reemplazo por un Consejo Nacional de Justicia, externo a la judicatura, encargado de designar y evaluar jueces, con minoría de jueces, a la vez que crea una multiplicidad de sistemas de justicia, y (8) debilita al Poder Legislativo al eliminar el Senado y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones con atribuciones mucho más reducidas.

—¿Hay otras preocupaciones que se deriven del texto?

Me preocupa otra serie de consideraciones: la falta de protección a la propiedad intelectual e industrial, fundamental para la inversión en innovación; la autorización de la huelga fuera de la negociación colectiva, incluso por motivos no relacionados con la empresa; el consentimiento de pueblos originarios para inversiones en sus territorios, muchos de los cuales son muy difíciles de definir; el deterioro de la gobernabilidad al no introducir incentivos para la cooperación entre el Gobierno y el Legislativo ni mecanismos institucionales para resolver el enfrentamiento entre ambos; la exclusión de una propuesta de Ley electoral y de partidos políticos en la Constitución, cuando uno de los problemas de Chile es la fragmentación política; el debilitamiento de la institucionalidad para controlar la violencia, que surge tras la eliminación del estado de emergencia y la prescindencia de las Fuerzas Armadas en casos de emergencias civiles. Finalmente, en materia medioambiental, la protección de los «derechos de la naturaleza» y los «bienes comunes naturales» van a introducir restricciones al crecimiento y al desarrollo humano difíciles de manejar.

—¿Se nota, a su juicio, que hubo muchos abogados, pero un solo economista en la Convención?

Más que el hecho de que un solo economista haya resultado electo como convencional, me preocupa que temas tan centrales para lograr un crecimiento sostenido que haga posible financiar derechos sociales, como son derechos de propiedad sólidos, competencia e incentivos para la inversión y la formación de capital humano, se hayan debilitado con esta propuesta.

—Un jurista francés dijo que una buena Constitución no hace feliz a un pueblo, pero una mala Constitución lo hace infeliz. Siguiendo la analogía, ¿cree que una buena Constitución no asegura el desarrollo económico, pero una mala asegura el subdesarrollo? ¿Podría ser este el caso?

Sin duda que no basta con una buena Constitución para asegurar el desarrollo, pero una que debilita las instituciones y políticas que contribuyen al desarrollo hace difícil que un país siga progresando y satisfaga las demandas sociales de la población.

—¿Son financiables los derechos sociales propuestos?

Los derechos sociales debieran ser un norte para los gobiernos y la política pública. Sin embargo, estos deberían ser aspiracionales y su satisfacción debiera estar supeditada a la capacidad financiera y administrativa del país, a las prioridades del gobierno democráticamente electo y a la aprobación del Congreso.

—¿Le parece verosímil que los gastos que supone la nueva Constitución representen entre el 8% y el 14% del PIB?

La estimación viene de un grupo transversal de economistas muy destacados y no tengo razón para no considerar que sea una buena aproximación. Incluso, como lo ha señalado el economista Jorge Quiroz, estas cifras pueden estar subestimadas al no considerar los potenciales efectos negativos de la propuesta en la inversión y el crecimiento.

—¿Qué implicancia tendría esto para el futuro del país, en caso de que se apruebe el proyecto?

Que se va a requerir mucho acuerdo político y un largo trabajo para corregir sus grandes debilidades.

—¿Es la plurinacionalidad un problema o una oportunidad?

Es un problema, porque debilita el Estado unitario, aunque sí se requiere reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

—¿Cuál es la vinculación entre el consentimiento indígena y el impacto en la economía?

Como lo ha documentado la Comisión Nacional de Productividad y como lo han señalado también distintos estudios, Chile ya tiene hoy un problema de lentitud e incertidumbre en la aprobación y ejecución de proyectos de inversión. Este problema se ha transformado en una importante traba a la inversión y el crecimiento. El consentimiento indígena va a exacerbar este problema.

—Si el resultado es estrecho para el Apruebo o el Rechazo, ¿qué cree que ocurrirá el día después en los mercados y agentes económicos?
En este caso, se va a mantener un cierto grado de incertidumbre por los pasos futuros, ya sea para reformar la Constitución aprobada, si gana el Apruebo, o para reformar la Constitución del 2005, si gana el Rechazo. Dadas las debilidades medulares señaladas más arriba, la incertidumbre sería mayor de ganar el Apruebo. Creo que para reducir la incertidumbre y contribuir a la convivencia nacional, en una casa de todos, el Presidente Boric tendría que liderar un proceso de reforma, ya sea de la propuesta aprobada o de la Constitución del 2005. En este trabajo tendrían que tener un rol importante las implicancias de las reformas para los incentivos al crecimiento y al desarrollo.

—¿En qué momento decidió su voto y cuál es el fundamento de este?

Mi análisis del texto final y los intercambios y aclaraciones a que ha dado lugar me convencieron de que esta no es una Constitución que le facilite a Chile avanzar en resolver los problemas económicos, sociales y políticos que el país ha estado enfrentando en los últimos 15 años, y como resultado va a terminar exacerbando la frustración de la población, por la incapacidad del sistema político y del país de solucionar tales problemas.