(…) , si en la futura discusión constitucional se busca avanzar en una descentralización profunda, cualquiera sea el diseño elegido para avanzar en tal propósito, el aspecto prestacional será probablemente al que más atención debamos darle.
El proceso constitucional reciente fracasó, pero no por ello se debe dejar de avanzar en el afán descentralizador del país. Sobre todo, cuando existen dos grandes razones por las cuales hay un interés generalizado en avanzar hacia un país con mayores niveles de descentralización. Primero, la posibilidad de descentralizar la toma de decisiones y, segundo, la oportunidad de hacer frente a la inequidad territorial existente en nuestro país. Probablemente uno de los ejemplos más ilustrativos del excesivo centralismo de nuestro país se vio en las homogéneas regulaciones dictadas para hacer frente a la pandemia. Prueba de ello es que durante el proceso de apertura se le permitió a la industria gastronómica atender al público general, pero, bajo una condición: solo al aire libre y en terrazas en aras de minimizar la posibilidad de contagio. Dueños de restaurantes de varias provincias del Biobío realizaron una protesta frente a la medida, tirando y rompiendo platos en las calles. Querían hacer notar que, en lugares como Los Ángeles, durante casi todo el año se atiende al interior de los recintos y rara vez en terraza al aire libre por las lluvias y el frío. Las diferencias climáticas que existen a lo largo del país claramente no fue un factor en consideración. Este es uno de los muchos ejemplos que demuestran cómo el interés ciudadano por avanzar en una descentralización real está íntimamente relacionado con la necesidad imperiosa de que la toma de decisiones se realice en consideración a la heterogeneidad territorial, social y cultural que existe a lo largo de nuestro país. La posibilidad de contar con soluciones diversas para realidades que son diversas. Precisamente una de las ventajas buscadas por medio de la descentralización.
Además, la descentralización también puede servir como un vehículo que dé respuestas adecuadas a la inequidad territorial existente en nuestro país. En los últimos años hablar de brechas de desigualdad y la percepción de inequidad de las personas se ha vuelto un tema de especial relevancia. Tuvo ciertamente un rol protagónico durante el estallido social a fines de 2019 y es indudable que tiene un aspecto acentuado desde lo territorial. Así, aun cuando la última década ha mostrado una mejora general en términos de cobertura de servicios, esperanza de vida, ingresos y pobreza en las regiones, persisten brechas interregionales significativas. Esto se refleja, por ejemplo, en la preeminencia de salarios más bajos, el menor acceso a servicios sanitarios, la desigual calidad de la educación escolar y superior, entre tantas otras (PNUD, 2018). Esta idea se relaciona íntimamente con el aspecto prestacional del Estado y, específicamente, con la promoción de un Estado Social de Derecho, tema que parece ser un contenido mínimo en la próxima discusión constitucional.
Entonces, estos impulsos que subyacen a la propuesta de descentralización se encuentran en una clara tensión. Mientras la descentralización en sí misma procura heterogeneidad, la promoción de un Estado Social de Derecho busca una universalidad homogeneizante. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos obtener ambas cosas? No parece ser tarea fácil tener autonomía en la toma de decisiones, mayor autonomía fiscal y no obtener resultados o experiencias diferentes para ciudadanos del mismo país. Esta situación ha sido llamada “los vacíos del Estado Benefactor”. El objetivo debe encaminarse en lograr un justo equilibrio. Algunos países han establecidos estándares nacionales y subsidios contra resultados. Otros, han establecido agencias nacionales con funcionarios locales encargados de la supervisión. Con todo, no parece haber un caso en los modelos constitucionales comparados que resuelvan completamente esta tensión.
Para lo que venga en la discusión constitucional chilena vale la pena, entonces, ser conscientes que existe una tensión entre la pretensión de promover particularismos territoriales y universalismos prestacionales en forma simultánea, que no deben tomarse a la ligera por todas las variables institucionales que deben ser ponderadas. Por último, si en la futura discusión constitucional se busca avanzar en una descentralización profunda, cualquiera sea el diseño elegido para avanzar en tal propósito, el aspecto prestacional será probablemente al que más atención debamos darle.
