El Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción tuvo una especial preocupación por el fortalecimiento de los partidos políticos, entendidos como los actores principales de la democracia representativa. Parte de esta preocupación se tradujo en una propuesta de financiamiento permanente para los partidos. Se trata de un mecanismo basado en un financiamiento mixto, con la incorporación de fondos fiscales. El presente trabajo sugiere formas de llevar a la práctica esa propuesta.
El Consejo planteó, en primer lugar, la creación de un “fondo público de fortalecimiento al accionar programático y representativo de los partidos políticos”. Este fondo se divide en tres partes. Dos de esas tres partes se distribuirían, en una parte menor, para todos los partidos legalmente constituidos, y, mayoritariamente, según la representación parlamentaria que obtuvo el partido. El tercio restante se destinaría a cofinanciar determinadas actividades que los partidos decidan hacer.
Al respecto, presentamos una serie de consideraciones prácticas que se deben tener en cuenta para la operatividad de este fondo, incluyendo tiempos de pagos y exigencias respecto de las actividades a cofinanciar. La principal dificultad de la propuesta radica en que, si bien el monto a repartir es fijo, el número de partidos puede variar, dado que un partido puede crearse y otro puede desaparecer. Sugerimos posibles soluciones al respecto. Además, presentamos alternativas respecto de la situación de los partidos nuevos, que pueden verse sujetos a límites de financiamiento demasiado bajos.
El Consejo propuso, además, financiamiento fiscal para los partidos vía fondos pareados, con un tope “razonable y escalonado”, para las cuotas de sus militantes y para las donaciones que reciban de cualquier persona, sin estimar el costo fiscal de esta medida. Consideramos que incentivar los aportes privados al financiamiento de los partidos es vital para promover su mayor enraizamiento en la sociedad. Sugerimos, por tanto, un subsidio marginal decreciente conformado por cuatro tramos, con topes tanto para las cuotas como para las donaciones. De esta forma, se establecen beneficios monetarios para los aportes pequeños, con un mayor subsidio mientras menor es el monto del aporte, generando así incentivos para que los partidos sean activos en sus captaciones.
La propuesta completa de financiamiento tendría un costo fiscal de aproximadamente $9 mil millones, lo que no parece desmedido. Si estos dineros se destinan bien, no serán un gasto, sino una valiosa y justificada inversión en nuestra democracia.
