En estas notas se aborda la gobernanza del sistema de educación superior. El desafío mayor que debemos enfrentar al diseñar la gobernanza de nuestro sistema es el carácter histórico-institucional del mismo y su trayectoria de desarrollo. Actualmente, existe un régimen mixto de provisión, con mayoría de matrícula privada, y un régimen mixto de financiamiento, con gasto privado predominante, que exhibe importantes logros que deberían resguardarse a la hora de pensar en sustituir la forma de gobernanza.
Estos logros, se expresan, entre otras cosas, en el hecho de que nuestra tasa bruta de participación en la enseñanza superior supera el promedio de Europa Occidental y América del Norte. Además, somos el país de América Latina con mayor proporción de alumnos del quintil de menores ingresos en ella. Tres de cuatro graduados provienen de instituciones privadas y la producción de conocimiento es compartida en partes iguales entre instituciones estatales y privadas. El reconocimiento de la autonomía de las instituciones y su responsabilidad (accountability) social debiera ser el principio fundamental que rija un sistema de gobernanza. La fórmula propuesta está lejos de eso, pues incrementar las regulaciones estatales forma parte de la médula del proyecto. También es objetable el mecanismo sobre autogobierno institucional de los académicos y administradores superiores, pues continua favoreciendo al Cruch y solo plantea agregar a esta expresión corporativa, una o más instancias consultivas para las restantes instituciones. Por último, el gobierno ha declarado como objetivo explícito desmercantilizar la educación superior, extrayendo por así decir a este sector del mercado y renunciando a la competencia que es un componente esencial de la gobernanza. De este modo, la gratuidad universal operaría como un instrumento de remoción del mercado, incrementando el rol y las atribuciones de los agentes públicos.
Como alternativa al proyecto del gobierno, se plantean a continuación algunos puntos que debieran ser la base para renovar el sistema de gobernanza en el marco de la definición de una estrategia de desarrollo sustentable del sistema de educación superior a mediano plazo. Estos son:
• Una reafirmación explícita de un régimen mixto de provisión, perfeccionado con un claro estatuto de autonomía y accountability de las instituciones e igualdad de trato entre ellas.
• Un aumento de la regulación pública mediante un esquema independiente de acreditación obligatoria sujeta a estándares exigentes, pero en un esquema que aumente la competencia, regule la transparencia y permita un adecuado empleo de los instrumentos de acreditación, superintendencia e información.
• Un esquema de financiamiento de costos compartidos, con gratuidad según méritos para los alumnos de menores recursos y créditos subsidiados y contingentes al ingreso, manejados por una agencia independiente.
