El sistema de salud chileno históricamente ha combinado la provisión de servicios médicos por parte del Estado y de los privados. Sin embargo, si bien en sus orígenes la provisión de seguros de salud fue mixta, el esquema actual con múltiples seguros es reciente y su continuidad ha sido objeto de discusión en el último tiempo, a propósito de que se planteara la posibilidad de avanzar hacia un sistema de seguro único, lo que implicaría terminar con las isapres.
El desafío actual está en cómo integrar los subsistemas, haciéndose cargo de las falencias en cada uno y otorgándole sostenibilidad al sistema de seguros.
En la actualidad el sistema de salud chileno se divide en dos subsistemas: uno estatal, a cargo del Fonasa, y uno privado, en manos de las isapres. La regulación asociada a cada subsistema así como la interacción de éstos, cuyas lógicas son diferentes, tiene como consecuencia, por una parte, una segmentación en la que las personas con peor estado de salud, de mayor edad y de menores ingresos se agrupan en el Fonasa y el resto, en las isapres. Y, por otra parte, este esquema conlleva a que cada uno enfrente problemas diferentes, según sus características específicas (escasez de médicos y camas y listas de espera en el Fonasa, y altos precios y baja cobertura de preexistencias en las isapres). El desafío actual está en cómo integrar los subsistemas, haciéndose cargo de las falencias en cada uno y otorgándole sostenibilidad al sistema de seguros.
Se han planteado principalmente dos propuestas: un seguro único y un modelo basado en múltiples seguros sociales (con participación de aseguradores privados y estatales). Aunque en el corto plazo habría acuerdo en la necesidad de cambiar el subsistema de isapres por uno de seguros sociales de salud, no es claro cómo sería la transición a alguno de los dos esquemas propuestos para el largo plazo.
Si bien el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley para reformar al menos el subsistema privado hace ya más de un año, ello ha sido pospuesto varias veces, a lo que se suma la poca claridad en la información respecto de su contenido. Tal es el caso del anuncio de la creación de un fondo mancomunado (entre isapres, el Fonasa y el Estado), cuyo objetivo es confuso e incluso duplicaría el rol que actualmente tiene el fondo de medicamentos de alto costo (ley «Ricarte Soto»).
Considerando la evidencia que surge de la revisión de reformas exitosas en estas materias, en este trabajo se delinea un plan para avanzar en Chile hacia un esquema de seguros sociales, basado en los prerrequisitos que la investigación indica son necesarios para que un esquema como éste funcione adecuadamente. El objetivo es abordar los problemas de acceso desigual, sobre todo de los más enfermos, de mayor edad y de menores recursos, así como la calidad de los planes y la atención en salud, mediante un diseño de seguros de salud que fomente la competencia por calidad y menores precios, y evite la selección de personas de bajo costo (más sanos), como ocurre en la actualidad.
Se postula que, en una primera etapa, se transforme a las isapres en seguros sociales de salud y paralelamente se adecúen los mecanismos de financiamiento, gestión y la institucionalidad del sector estatal para integrarlos en una segunda etapa. Ello requiere: (i) reducir la cantidad de planes ofrecidos, unificar su contenido en cuanto a beneficios y cobertura financiera (las GES, plan complementario y seguro catastrófico), así como reglas para acotar los precios de los planes; (ii) modificar el mandato de cotizar el 7% por la obligación de adquirir un plan de salud, lo que implica subsidios del Estado para quienes tienen menos recursos; (iii) libre afiliación (eliminación de la declaración de salud) y mecanismo de compensación de riesgos (pagos a las aseguradoras en base al riesgo de sus afiliados), que incluya todos los beneficios del plan y considere también el estado de salud de sus afiliados, para lo cual se presentan diversos esquemas de financiamiento; y (iv) reglas y herramientas adecuadas para aseguradoras y proveedores en salud (libertad para determinar sus contratos, integración de servicios, mecanismos de pago, entre otros).
