N° 369, abril 2014
Puntos de Referencia
Derecho
Medio Ambiente
Pueblos indígenas
Pueblos Originarios

Los desafíos pendientes del Convenio 169

Isabel Aninat S..

La puesta en marcha del Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas en Chile ha sido particularmente compleja. Debido a los cuestionamientos a la regulación interna inicial, en el año 2013 se dictaron dos nuevos reglamentos que regulan la consulta en general y la consulta dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, la discusión sobre el Convenio no está concluida. Este trabajo se centra en los principales desafíos pendientes.

La definición de susceptibilidad de afectación directa, término crucial del Convenio, debe mantenerse en términos jurídicos que otorguen certeza sobre cuándo procede la consulta. La falta de acuerdo en torno a dicha definición continuará siendo uno de los principales obstáculos en esta materia.

Bajo las actuales condiciones, la canalización de la consulta de los proyectos de inversión al SEIA es una opción conveniente, en cuanto mantiene la tendencia a la ventanilla única y establece especificidades para la consulta indígena. Los cambios a futuro dependerán de que se den ciertas modificaciones institucionales y legales.

La consulta debe hacerse a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. El actual diseño, sin embargo, genera incertidumbre respecto de quiénes deben ser consultados. El desafío está en cómo los pueblos indígenas pueden crear y establecer dichas instituciones, de forma que sean legítimas y fácilmente identificables.

Sin perjuicio de la canalización de la consulta vía el SEIA, la creación de una institución única en el Poder Ejecutivo responsable de la consulta permitiría unificar criterios y dar mayor certeza. La actual dispersión de órganos encargados de efectuar la consulta puede conllevar descoordinaciones e incertidumbre.

Un acto legislativo para regular la consulta permitiría otorgar mayor seguridad jurídica e implementar el Convenio a nivel de Estado. Es importante, sí, que un eventual proyecto de ley tome en cuenta la experiencia de los últimos cinco años.

Si bien queda mucho por hacer, la experiencia demuestra que las soluciones a estos desafíos deben ser abordadas paulatinamente.