La investigación «Los principales derechos sociales en Chile: Historia, diagnóstico y propuestas para el debate constitucional» explicita una serie de recomendaciones que podrían ser abordadas en la actual discusión constitucional, como la profundización de la cooperación público-privada mediante redes de política pública para la producción de bienes colaterales que satisfacen derechos sociales y el fortalecimiento de los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
- El objetivo de este artículo es contribuir al debate constitucional respecto de la incorporación de la cláusula de Estado social y democrático de derecho (ESD) presente en el anteproyecto de nueva Constitución, presentando un diagnóstico de las políticas públicas que satisfacen derechos sociales en Chile. El artículo se enfoca en tres de ellos: educación, salud y pensiones.
- En educación, el sistema contempla una convivencia entre proveedores públicos y privados, enfrentando desafíos importantes en términos de equidad en la distribución de recursos, especialmente en educación parvularia. Además, se requieren mejoras en la calidad y equidad del acceso a la educación escolar, incluyendo la reducción de disparidades en el rendimiento académico y la deserción escolar. Aunque Chile destaca por su alto gasto en educación superior, es necesario optimizar la inversión en educación escolar para mejorar los aprendizajes.
- En salud, a pesar de la participación privada, existen deficiencias institucionales que afectan la eficacia del sistema. El acceso al derecho se ve obstaculizado por la falta de protección financiera, largas listas de espera en el sector público y una regulación deficiente en el privado. Aunque Chile muestra buenos resultados de salud comparados con otros países de la OCDE, la satisfacción de la población es baja. La judicialización ha aumentado, con crecientes roles reguladores del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Se requiere una regulación más efectiva y una reevaluación delpapel público y privado en la provisión de servicios.
- En pensiones, a pesar de cambios regulatorios recientes, la reforma del sistema se ha estancado debido al desacuerdo político. Sin embargo, se han logrado avances en el acceso a las pensiones a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU), mejorando las tasas de reemplazo para las personas de menores ingresos. Se requiere una reforma que aumente las contribuciones laborales, eleve las edades de jubilación y fomente la formalidad laboral. En términos de costo-eficiencia, el sistema privado de administración de fondos destaca a nivel comparado por sus tasas de rentabilidad real superiores al promedio y comisiones de administración en línea con el promedio internacional, pero hay espacios de mejora.
- El artículo explicita una serie de recomendaciones que podrían ser abordadas en la actual discusión constitucional, como la profundización de la cooperación público-privada mediante redes de política pública para la producción de bienes colaterales que satisfacen derechos sociales, el fortalecimiento de los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal y, finalmente, la modernización tanto de la burocracia estatal, mediante la implementación de ‘Centros de Gobierno’, como del empleo público, promoviendo un nuevo modelo de carrera funcionaria.
