En el Punto de Referencia «Más allá de las utilidades: cómo evaluar la justificación, el desempeño y la exposición fiscal de las empresas públicas en Chile», sus autores sostienen que la evaluación de las empresas públicas debe ser periódica, y no asumirse necesariamente como una condición permanente. Más allá de sus indicadores anuales de desempeño, pueden existir cambios tecnológicos, regulatorios o de mercado, que dejen obsoleta una justificación de propiedad estatal que en el pasado fue razonable, o bien, pueden surgir instrumentos de política pública más eficientes para cumplir su rol.
- Una empresa pública no debe evaluarse solo por sus utilidades o pérdidas. La pregunta de fondo es si existe coherencia entre la razón que justifica que el Estado sea el dueño, los resultados de la empresa —financieros y no financieros— y los riesgos fiscales que genera.
- El universo de empresas públicas chilenas es profundamente heterogéneo. En 2025, las 28 empresas analizadas registraron ingresos equivalentes al 9,9% del PIB, pero solo tres —BancoEstado, CODELCO y ENAP— concentraron cerca del 90% de ese total.
- Conceptualmente, la justificación de la propiedad estatal no tiene siempre la misma fuerza. Es más sólida cuando existen rentas relevantes para el Estado, monopolios naturales, funciones estratégicas o servicios públicos que proteger; y mucho más débil cuando la empresa compite en mercados donde ya existe oferta privada.
- Las pérdidas financieras no son señal automática de mal desempeño. En empresas con mandatos públicos explícitos —como conectividad territorial, servicios básicos o apoyo productivo— pueden reflejar el costo de una política pública. Pero tampoco se justifica cualquier nivel de pérdidas: el costo de la política debe estar definido, financiado y evaluado.
- La exposición fiscal de las empresas públicas va mucho más allá de sus traspasos anuales de recursos al Fisco. También hay capitalizaciones, pasivos contingentes por deuda garantizada, deterioro patrimonial, obligaciones indexadas o expectativas de apoyo futuro. En consecuencia, monitorear su exposición fiscal es una tarea que requiere atención sistemática con una mirada amplia.
- Así, el riesgo fiscal de una empresa pública no depende solo del tamaño de los flujos de aporte o recepción de recursos del Fisco. Depende de la combinación entre su mandato, justificación, desempeño, estructura financiera y capacidad de sostener su operación sin generar presiones fiscales futuras.
- La evaluación de las empresas públicas debe ser periódica, y no asumirse necesariamente como una condición permanente. Más allá de sus indicadores anuales de desempeño, pueden existir cambios tecnológicos, regulatorios o de mercado, que dejen obsoleta una justificación de propiedad estatal que en el pasado fue razonable, o bien, pueden surgir instrumentos de política pública más eficientes para cumplir su rol.
- Desde el punto de vista institucional, el principal desafío para las empresas públicas consiste en avanzar en cinco pilares: mandatos explícitos; indicadores de desempeño coherentes con esos mandatos; una clara separación entre las obligaciones de servicio público y las actividades comerciales; un gobierno corporativo fortalecido, con directorios profesionales e independientes; y un reporte anual consolidado que permita monitorear de forma integrada el desempeño y los riesgos fiscales del conjunto de las empresas públicas.
