- La situación energética del país es en la actualidad muy frágil. En el corto plazo, dependeremos de la hidrología, de la intensidad con que los agentes respondan a los incentivos presentados por las empresas a quienes reduzcan su consumo y del buen funcionamiento de las centrales actualmente en operación.
- Si bien la situación actual tiene un alto componente coyuntural, el desincentivo a las inversiones, que afectó al sector durante los primeros 5 años de esta década producto de una normativa eléctrica inadecuada en algunos aspectos unido a la prevaleciente incertidumbre regulatoria, también tiene su cuota de culpa. Los cambios introducidos en los años 2004 y 2005 levantaron gran parte de los obstáculos existentes, lo que ha redundado en numerosos anuncios de proyectos en generación eléctrica.
- Lamentablemente ninguno de estos proyectos nos ayudará a superar la crisis actual. Sin embargo, una mirada más de mediano y largo plazo nos obliga a adelantarnos a las condiciones que se podrían presentar, para evitar que el problema se repita. Es necesario asegurar que las anunciadas inversiones en energía no encontrarán trabas de ningún tipo que impidan su materialización o bien que retrasen su entrada en operación.
- A pesar de ello, el panorama que enfrentan quienes quieren invertir en energía en el país no es todo lo claro que debería ser. En efecto, no sólo los requisitos exigidos a los proyectos son en ocasiones exagerados, sino que además el tiempo que toman los diversos organismos en analizar los antecedentes proporcionados por las empresas también lo es. En este caso, las trabas legales son las menores siendo, en contraste, numerosas las fallas en la aplicación de la ley y de la normativa relacionada. Durante mucho tiempo, el problema más conocido fue la excesiva demora en la evaluación de los estudios ambientales. Afortunadamente el tiempo de demora de la tramitación ambiental de los proyectos ha disminuido en forma importante. Un obstáculo menos abordado, pero no por ello menos preocupante, es el procedimiento que se debe seguir para otorgar concesiones eléctricas y tomar posesión de las servidumbres que éstas crean.
- Para tener una idea del impacto que puede tener el incorrecto diseño e implementación de un procedimiento, basta mencionar que el decreto de concesión para la línea de transmisión que une Charrúa con Chillán –de 60 kilómetros de extensión– se otorgó 2.5 años después de que se presentó la solicitud ante la SEC. Si esta demora se repite en el caso de la línea de transmisión que uniría Santiago con Aysén –de 2.000 km.– el mismo procedimiento debería tomar 88 años.
