Se espera que este documento pueda ser un insumo para la discusión y un antecedente para los próximos debates en torno a las políticas de integración social, los que claramente tienen una trascendencia y pertinencia mayor frente a los acontecimientos de las últimas semanas.
- El proyecto de ley (PdL) de Integración Social y Urbana sobre el que actualmente delibera el Senado fue objeto de críticas variadas por parte de la oposición, algunos académicos y organizaciones ciudadanas durante su tramitación en la Cámara de Diputados. Este documento sintetiza y evalúa dichos cuestionamientos, reconociendo cuáles son los nudos críticos para la tramitación de esta iniciativa.
- Un primer debate se dio en torno a la definición de integración social y urbana. Para abordarlo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano propone una distinción útil: una primera dimensión que corresponde a la equidad (igual acceso a bienes públicos) y otra a la diversidad social (proximidad entre grupos sociales). El PdL tiende a homologarlas; sin embargo, éstas no responden a las mismas causas y no tienen las mismas consecuencias. Los incentivos normativos a la densificación podrían abordar ambas: promover la vivienda social en zonas con buena accesibilidad y estándar urbano (equidad en la ciudad), donde por cierto tiende a vivir población con mayores ingresos (mixtura social). Por otra parte, las nuevas exigencias de integración a los Planes Reguladores Comunales (PRC) podrían promover ambas dimensiones, dependiendo de los estándares y criterios exigidos. En cualquier caso, es necesario que el PdL establezca una definición clara y, posteriormente, proponga criterios de evaluación en base a ella.
- Otra disyuntiva se encuentra en las omisiones e insuficiencias del proyecto, en un contexto en que todo parece quedar por debajo de las expectativas que inicialmente se tenían y más aún a la luz del debate surgido luego del estallido social de octubre pasado. En este sentido, ante la ausencia de una política de suelos o de instrumentos normativos que permitan recuperar barrios críticos, se recomienda considerar el PdL como una herramienta adicional, distinguiendo siempre en qué aspectos su contenido es contraproducente o sólo insuficiente. En nuestra opinión, se trata de lo segundo.
- Un tercer debate es la incertidumbre en torno a los instrumentos. En primer término, el temor ante la posible desregulación y daño al patrimonio debe ser matizado, dado que la actual redacción del proyecto ya considera resguardos adecuados. Por otra parte, los posibles beneficios excesivos al negocio inmobiliario podrían evitarse con exigencias de una densificación equilibrada y el requerimiento de una mayor cantidad de viviendas sociales al desarrollador a cambio de los incentivos en discusión. En cualquier caso, es imprescindible que el Ejecutivo entregue certidumbre a través de datos y modelaciones, para luego debatir a la luz de estos ejercicios.
- Por último, el sistema de gobernanza que se propone en el proyecto también ha sido criticado, al permitir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo alterar lo establecido en los PRC por la vía de definir polígonos con incentivos. Sin embargo, se debiera considerar la existencia de áreas metropolitanas que cuentan con distintos municipios, que no dan cuenta de la escala funcional de la integración social. Tanto para evitar un centralismo excesivo, como una planificación fragmentada, se requiere una gobernanza de la integración, que articule a los PRC con los Planes Reguladores Intercomunales, estableciendo exigencias, holguras prospectivas e incentivos para cada uno de los actores e instrumentos. Se recomienda, además, establecer como transitorio el rol del nivel central y entregar incentivos a los municipios para atraer viviendas sociales.
