Política y sostenibilidad fiscal en tiempos de COVID-19: El caso de Chile

La crisis actual requiere de medidas extraordinarias, y los esfuerzos deben estar volcados en reducir al mínimo posible los fallecimientos por la pandemia, además de apoyar a las familias y emprendimientos. Los proyectos aplicados hasta el momento, en dicha línea, son de un tamaño considerable, pero todo indica que serán necesarios nuevos esfuerzos.
En perspectiva, el estímulo fiscal (gasto) propuesto hasta el momento por el gobierno, que contempla US$ 17.105 millones y corresponde a un 6,9% del PIB, es de los mayores de la región (como porcentaje del PIB). Adicionalmente, nos deja por sobre de países desarrollados como Alemania, Francia y España.
Como opción para financiar nuevas medidas se ha propuesto la emisión de deuda, en base a los niveles actuales de Chile en esta materia. Si bien esto es correcto (más en comparación a países OCDE, menos cuando comparamos con países del mismo nivel de ingresos), en la última década se evidencia un deterioro relevante en la situación fiscal del país.
La deuda bruta del país crece a más del triple entre 2010 y 2019, con crecimientos anuales de dos dígitos entre 2014 y 2017. En cuanto a la deuda neta, se muestra un crecimiento sostenido desde 2011, convirtiéndonos en un país deudor neto el 2016 (que no ocurría desde el 2004). Por otra parte, el servicio de la deuda (pago de intereses y amortizaciones) viene creciendo desde 2010, como porcentaje de los ingresos totales del Gobierno Central. Al año 2019 alcanzaron cerca de un 15%, con un máximo de 42% (casi la mitad de los ingresos públicos) el 2016 debido a la acumulación de amortizaciones. Finalmente, entre otros aspectos, el país lleva 7 años consecutivos con déficit en su balance, alcanzando un 2,8% del PIB en 2019, dentro del cual los intereses están jugando un rol relevante.
Adicionalmente, se presentan resultados del Balance Primario Sostenible Adaptado y el Balance Primario Macro-Ajustado, los cuales permiten presentar nueva evidencia de la trayectoria fiscal chilena. Ambos indicadores se encuentran bajo niveles sostenibles en el largo plazo, lo que indicaría que, de seguir la senda actual, la sostenibilidad fiscal del país se encuentra en riesgo.
Las proyecciones a futuro apuntan a un nivel de deuda bruta de 40% del PIB, o superior, para 2024. A partir de esto, las proyecciones del gasto en servicio de la deuda para dicho año apuntan a un 25-30% de los ingresos fiscales, lo que nos retrotrae a niveles similares a los observados en 1990-1991. A su vez, los gastos en intereses se proyectan en US$ 2.500 millones este año, mientras que para el 2024 la cifra estaría alrededor de US$ 4.500 millones.
Niveles altos y poco sostenibles de deuda los pagamos todos, ya que el servicio de ésta restringe los recursos para inversión pública, programas sociales y futuras crisis. Además, encarece el costo de deuda de todos en el país, mermando la actividad económica y futuros ingresos fiscales.
Frente a lo expuesto en el trabajo, sugerimos que para los nuevos esfuerzos fiscales requeridos no se utilice la deuda como mecanismo de financiamiento, sino que se utilice responsablemente los activos del fisco, complementados por reasignaciones presupuestarias.

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