El presente documento constituye las “Propuestas para fortalecer la arquitectura y gobernanza de la Nueva Educación Pública” de la Mesa de Educación convocada por el Centro de Estudios Públicos y que trabajó arduamente durante más de nueve meses.
La educación pública juega un rol social, político, cultural y económico fundamental para el país. Ella cumple con los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos y derechos sociales, así como también con el mandato constitucional de asegurar acceso universal a la educación obligatoria, que en Chile comprende desde el segundo nivel de transición (kínder) hasta cuarto medio. El Estado, a diferencia del sector privado, tiene la obligación de estar presente en todo el territorio nacional, asegurando el servicio educativo a todos los niños, incluso aquellos que se encuentran en zonas extremas o muy aisladas. Por otro lado, la educación proporcionada por el Estado debe ser gratuita, laica e inclusiva, lo que es opcional para los establecimientos privados.
El principal desafío que enfrenta nuestro país en materia educativa es avanzar en mejorar su calidad y equidad. Los resultados en las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) revelan que el 38% y 51% de los estudiantes de 4° básico y 2° medio, respectivamente, se encuentran en el nivel insuficiente en matemática, y el 29% y 50% de los estudiantes de 4° básico y 2° medio, respectivamente, se encuentran en el nivel insuficiente en comprensión lectora, lo que equivale a dos o más años de retraso en los aprendizajes esperados. Los resultados de estas pruebas están estrechamente correlacionados con el nivel socioeconómico de la familia, aunque también muestran una considerable dispersión. Esto indica que el problema de la calidad es transversal, independientemente del nivel socioeconómico,
dependencia o lugar geográfico.
El bajo rendimiento académico de los establecimientos municipales, la heterogénea calidad de la gestión municipal, los permanentes problemas en materia de financiamiento y gestión, la disparidad en las capacidades técnico-pedagógicas y la pérdida sostenida de matrícula llevaron a generar un consenso respecto de la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la educación pública, aun cuando había diferencias en la forma que debería tener la nueva institucionalidad. Con todo, en noviembre de 2017 se promulgó la ley N° 21.040, que crea el nuevo Sistema de Educación Pública (Sistema), cuya implementación se inició a comienzos de 2018.
Han pasado seis años desde la puesta en marcha de esta ley. Si bien se observan resultados positivos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en las últimas pruebas Simce de matemática y lenguaje (Agencia de la Calidad de la Educación 2024), también se ha acumulado suficiente evidencia que permite identificar algunas deficiencias en el funcionamiento del nuevo Sistema. Sumado a esto, nos encontramos en la mitad del plazo previsto para la instalación completa de la Nueva Educación Pública, con aproximadamente el 20% de los establecimientos traspasados. Estas dos condiciones presentan una buena oportunidad para introducir mejoras a la ley que rige la educación pública y fortalecer el Sistema.
Recientemente, el Ministerio de Educación (Mineduc) presentó un proyecto de ley (Boletín N° 16.705-04), que busca abordar algunas de las falencias del Sistema. Este se concentra en asegurar una transición adecuada y resolver los problemas relativos a la etapa de implementación del Sistema. Sin embargo, aún se observan desafíos pendientes respecto a la gobernanza del Sistema y el modelo presupuestario de los organismos que lo componen.
En este contexto, el Centro de Estudios Públicos (CEP) ha invitado a diversas personas, vinculadas al mundo de la educación que provienen de diferentes áreas del conocimiento y orientaciones políticas, a participar de una mesa técnica con el fin de proponer mejoras a la arquitectura y gobernanza del Sistema que redunden en fortalecer la educación pública. Las mesa técnica está conformada por: Tomás Ariztía (sostenedor del Colegio Sagrado Corazón de La Reina), José Joaquín Brunner (ex ministro Secretario General de Gobierno), Susana Claro (académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica), Adriana Delpiano (ex ministra de Educación), Sylvia Eyzaguirre (consejera del Consejo Nacional de Educación), Pablo González (director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile), Alejandra Grebe (ex directora nacional de la Dirección de Educación Pública), Sebastián Izquierdo (ex superintendente de Educación y ex secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación), Valentina Quiroga (gerenta desarrollo humano de Fundación Chile y ex subsecretaria de Educación), José Weinstein (académico universidad Diego Portales y ex subsecretario de Educación) y Trinidad Pacareu (investigadora asistente CEP), que oficia como secretaria técnica.
Los miembros de la mesa técnica se reunieron en cinco oportunidades en las que participaron representantes de todos los niveles del Sistema: directores de establecimientos, directores de los SLEP, sostenedores de colegios particulares subvencionados y el director de la Dirección de Educación Pública (DEP). Cada sesión aportó valiosa información acerca de sus experiencias actuales en la gestión educativa, las que ayudaron a identificar las funciones esenciales que deben permanecer a nivel del establecimiento y aquellas responsabilidades que podrían ser delegadas a una instancia intermedia o superior. Con el mismo propósito, el CEP llevó a cabo un cuestionario a un grupo selecto de directores de establecimientos educativos financiados por el Estado.
A partir de la evidencia y los informes disponibles, además de la información recabada, se elaboró la siguiente propuesta que tiene por objeto fortalecer el Sistema para asegurar una gestión eficaz de los establecimientos educativos. El documento proporciona un breve diagnóstico sobre los principales problemas que afectan al nuevo Sistema, centrándose en la arquitectura, gobernanza y modelo presupuestario del Sistema. Entre sus conclusiones, se sugiere la necesidad de realizar ciertos cambios al diseño institucional del Sistema que permitan equilibrar ámbitos de autonomía operacional con una adecuada rendición de cuentas y responsabilización.
El documento se organiza de la siguiente manera: la sección II ofrece una descripción breve de las principales falencias identificadas en la administración municipal. La sección III detalla las características clave de la gobernanza en el nuevo Sistema. En la sección IV se analizan las
dificultades actuales que enfrenta el mismo. Finalmente, la sección V propone lineamientos y sugerencias para su mejora.
Esperamos que este trabajo contribuya al fortalecimiento de la educación pública en Chile, abordando las deficiencias del Sistema y mejorando la gestión educativa en beneficio de todos los estudiantes y párvulos del país.
