Este documento tiene por objetivo comparar el actual royalty en Chile con la legislación en otros países de tradición minera para finalmente evaluar el actual proyecto de ley.
- Aunque el examen que sigue a continuación es fundamentalmente económico, el proyecto de ley que establece un royalty minero que ha dado origen a este debate se encuentra cuestionado desde un punto de vista constitucional. Bajo el régimen presidencial vigente, corresponde a una facultad exclusiva del Presidente de la República la presentación de iniciativas legales ante el Congreso Nacional que tengan por objeto imponer tributos.
- Estos royalties son impuestos específicos al sector minero. Se identifican dos grandes grupos: royalties sobre ventas brutas, y royalties sobre las rentas o beneficios operacionales. En Chile, el actual Impuesto Específico a la Minería (IEM) consiste en una tasa de entre 5% y 35 % sobre la renta operacional de la empresa con una tasa promedio entre 5% y 14%.
- En general, los países que cobran un royalty minero sobre ventas brutas tienen tasas que van del 2% al 5%, mientras que en los países que cobran el royalty sobre los beneficios operacionales las tasas van del 1% al 13%. En algunos casos las tasas son uniformes (Columbia Británica y Ontario, Canadá) y en otros dependen de alguna medida de rentabilidad de la empresa (Perú, Chile y Quebec, Canadá). Las tasas actuales en Chile se encuentran en los niveles promedios de los países analizados.
- El nuevo proyecto de ley estipula una tasa uniforme de 3% sobre ventas brutas que es creciente con el precio llegando a una tasa marginal de 75% cuando el precio alcanza los 4 USD por libra. Esto corresponde a una tasa promedio de 10% para un precio de USD 3 por libra, de 22% para un precio de USD 4 por libra y de 32% para un precio de USD 5 por libra.
- El nuevo royalty afecta más a las empresas que tienen bajos márgenes operacionales, ya que no considera su capacidad de pago. La carga impositiva de ciertas empresas podría llegar hasta un 85% (e inclusive mayor bajo ciertas condiciones), dejando al sector minero en Chile con cargas tributarias mucho mayores que la de sus principales competidores.
- En su forma actual, el proyecto comprometería la viabilidad de algunas empresas y, por consiguiente, el empleo y los ingresos en las regiones donde la minería y sus actividades relacionadas son su principal fuente económica.
- A futuro, la pérdida de competitividad como consecuencia de un nuevo royalty podría afectar la exploración y las inversiones tanto en nuevos proyectos como en minas en operación. Todo esto indica que la recaudación en el mediano y largo plazo podría bajar en vez de subir.
- Tampoco debemos olvidar que un de grupo empresas que representa aproximadamente un 90% de la producción total de la minería privada tienen invariabilidad tributaria al menos hasta 2023.
- Finalmente, la aprobación del actual proyecto puede erosionar la confianza en el país aumentado el riesgo soberano. Un mayor costo de financiamiento perjudicaría a todos los sectores, no solo a la industria minera.
