El 6 de julio diputadas de todos los partidos presentaron un proyecto de ley para prohibir toda propaganda electoral callejera. Regular mejor dicha propaganda es razonable, pero lo propuesto genera un mal mayor: la protección de los candidatos hoy titulares de la competencia de candidatos aspirantes. Puesto que sin propaganda callejera, algunos candidatos aspirantes no podrían darse a conocer. En cambio, los titulares se encuentran en una situación ventajosa ya que compiten habiendo gozado de años de apariciones en los medios de comunicación y han recibido subsidios estatales por 4 millones de pesos al mes para mantener sedes en sus distritos y promover su reelección. Por eso, necesitan en menor grado los avisos callejeros.
¿No estamos entonces frente a un conflicto de interés? ¿No será que las titulares estarán usando su poder legislativo para protegerse de sus rivales, poniendo límites a lo que éstas necesitan para darse a conocer? Convendría investigar cuánta propaganda callejera hicieron ellas y si lo hicieron ¿por qué ahora quieren prohibirla? Por algo no consiguieron para este proyecto el patrocinio de ninguna de las 36 candidatas aspirantes.
No convencen las justificaciones aducidas por las diputadas que presentaron la moción. Han señalado que su propósito es aminorar el costo de las campañas. Esta consecuencia es, en realidad dudosa, ya que de aplicarse la prohibición, podría subir el costo para un candidato de darse a conocer a la ciudadanía. El hecho de que hoy se usen menos los recursos alternativos a la vía pública tales como el trabajo puerta a puerta, los conciertos o los regalos, sugiere que éstos son más caros para una efectividad dada. Así, el costo de las campañas caería sólo si los candidatos se resignan –y difícilmente lo harán– a informar menos a los ciudadanos respecto a su existencia y posiciones.
Las titulares también desean reducir lo que llamaron audazmente “contaminación visual”. En muchos distritos fuera de Santiago el avisaje callejero es modesto y no provoca dificultades. E incluso, para los ciudadanos molestos con los congresistas actuales, la información sobre candidatos alternativos, nuevos, puede ser más bien un “agrado visual”. La eventual suciedad de algunos afiches inofensivos en algunas comunas de Santiago, es ciertamente un panorama menos deprimente que uno donde los diputados de todo el país se mantienen en sus puestos gracias a la dictación de leyes que los protegen de la competencia.
Las diputadas parecen creer que basta con prohibir una práctica para que ella no ocurra. Olvidan que la ley vigente en la materia no se cumple.
Algunos reclamos de las diputadas son válidos: en ciertas calles de ciudades grandes, la cantidad de propaganda callejera sobrepasa con creces la necesaria para informar. Y en algunos casos, llega a poner en peligro la seguridad de la circulación vehicular. Además, dicha propaganda a veces es tan cara, que se hace vulnerable a la acción vandálica de los comandos rivales.
Pero existen otras medidas que evitan estos excesos. Por ejemplo, los partidos españoles han aceptado repartirse las calles en forma alternada para colocar su propaganda.
