Transmisión y la «Ley Corta»

Hace algunos meses se envió al Congreso un proyecto que modifica la ley que regula al sector eléctrico, la así llamada «ley corta». El grueso del proyecto consiste en modificar la regulación de la transmisión.

El proyecto propone sustituir el procedimiento privado de tarificación y expansión de la transmisión actual por regulación formal. Cada cuatro años se encargaría un estudio internacional para tarificar y planificar el sistema de transmisión. El estudio sería supervisado por un comité de dos transmisores y dos representantes del regulador. Sin embargo, finalmente el regulador fijará los peajes, decidirá cómo se expandirá el sistema, y designará a la empresa encargada de ejecutar cada proyecto.

Además, la ley corta le garantiza al transmisor el pago de cada línea que forme parte del sistema troncal. Este mecanismo es muy similar a la regulación por tasa de retorno. El 50% del peaje de cada línea se repartirá entre los generadores que la usen; el restante 50% entre consumidores. A los activos que formen parte del sistema troncal se les garantiza un retorno fijo de 10% real anual.

Uno de los defectos más importantes del proyecto es que el transmisor obtiene utilidades sobreinvirtiendo. El origen de este estímulo es la tasa de retorno de 10% que garantiza la ley. Esta tasa de retorno es apreciablemente mayor que la tasa libre de riesgo (hoy en día un PRC del Banco central a 20 años paga poco más de 4% anual real) y del plausible costo de capital de la transmisión, sobre todo si es regulada como lo propone la ley corta, que eliminaría casi todos los riesgos. Es perentorio modificar esta tasa fija haciéndola variar pari passu con la tasa libre de riesgo, a la que debe sumársele un premio por riesgo apropiado.

La gobernanza propuesta por el proyecto facilita la sobreinversión porque quienes deciden la expansión del sistema –el consultor que hace el estudio y los cuatro integrantes del comité y en último término el regulador– no lo pagan. La expansión del sistema deberían decidirla quienes lo pagan.

La planificación central del sistema rigidiza las expansiones porque sólo se podrán decidir cada cuatro años. Más aún, para instalarse las centrales requieren de transmisión; por lo tanto, es muy probable que la entrada a generación deba negociarse con el regulador cada cuatro años, lo que probablemente elevaría las barreras a la entrada. Es importante mantener las disposiciones actuales que le permiten a cualquier generador instalarse en cualquier momento sin pedir autorización.

Asignarles el 50% del pago de cada línea a los consumidores debilita las señales de localización de centrales y subsidia a las que se instalan alejadas de los centros de consumo, por la simple razón que un proyecto intensivo en transmisión pagará a lo más el 50% de las líneas. Es conveniente asignarles el 100% del pago a generadores y diferenciar los cargos por localización de las centrales de modo que las expansiones sean pagadas por quienes las causan.