La gratuidad universal en educación superior es una idea equivocada. No solo es regresiva e injusta sino que tampoco garantiza una elevada equidad en el acceso a la educación superior. El acceso de los estudiantes más vulnerables a la educación superior en nuestro país es más elevada que en países que tienen universidades estatales gratuitas.
Quizás por esta razón no hay un apoyo mayoritario a la gratuidad universal en educación superior. Son más las personas que creen que la gratuidad debiera existir solo para los estudiantes que provienen de hogares con menos recursos. Esta opinión es relativamente transversal en el espectro político. Incluso no hay mayores diferencias en esta dimensión entre las personas que aprueban al Gobierno de la Presidenta Bachelet y las que lo desaprueban.
Estas consideraciones nos hacen pensar que hay espacio para un mecanismo general de financiamiento de los estudiantes del nivel terciario alternativo al que el Ejecutivo intenta promover en el Congreso. Creemos que es más justo y eficiente.
En concreto postulamos un sistema de apoyos estudiantiles que cubre, bajo ciertas condiciones, la totalidad de los aranceles terciarios. Una vez egresadas, las personas beneficiarias deben retribuir parcial o totalmente esos apoyos dependiendo de los ingresos que cada uno de ellos genere durante su vida laboral. Eventualmente si los ingresos son muy bajos no hay exigencia de retribución. Sugerimos que este mecanismo de financiamiento se acerque a ser sustentable fiscalmente. Esto supone elegir parámetros que aseguren que una persona que obtiene, una vez egresada, altos ingresos retribuya la totalidad del monto con el que fue apoyada. Este esquema general de financiamiento se puede adaptar a los deseos de un Gobierno particular de avanzar en gratuidad.
Consideramos también, por diversas razones, equivocado el planteamiento de que los aranceles regulados que definen los aportes por gratuidad (o eventualmente un apoyo estudiantil de otra naturaleza) deben estar basados en una estimación de los costos de carreras similares. Desde luego, un enfoque de costos conlleva la contradicción de entregar más recursos a una carrera cara, pero «mala», antes que a una carrera barata, pero «buena».
Por eso pensamos que es más apropiado, como regla central, aceptar los aranceles de las instituciones, pero permitir que el Estado, a través de la nueva Subsecretaría de Educación Superior, pueda «desafiarlos», de modo de asegurarse que no haya «inflación» de aranceles o de programas poco relevantes. La metodología para estos propósitos debe estar basada en una evaluación del valor que agregan a los estudiantes los programas que ellos cursan. Si ese valor es bajo, respecto de los aranceles que se cobran, corresponde el desafío. En caso contrario se respetan los aranceles. Un «Tribunal de Expertos» decide sobre la disputa que produce la primera situación. Si este acepta el desafío del Estado, la institución de educación superior tiene dos alternativas: acomodar sus aranceles o alternativamente mantenerlos, pero en este caso el Estado renuncia a financiar a los estudiantes que opten por esos programas.
