Se debate en el Congreso un proyecto de Ley que crea un nuevo sistema de educación pública y que pone fin a la municipalización de la educación. Es una iniciativa que contiene virtudes, pero que creemos es institucionalmente débil para lograr su principal objetivo que es el fortalecimiento de la educación pública. Son diversas las razones que explican este escepticismo. Entre otras, que la institucionalidad propuesta no logra que las responsabilidades en la gestión queden adecuadamente distribuidas en los distintos niveles educativos y que, por lo tanto, se pueda establecer una rendición de cuentas apropiada. El resultado más probable, entonces, es que la institucionalidad que se crea no tenga la capacidad de relevar la educación pública e instalar un sistema que promueve el mejoramiento continuo de esta educación.
A la luz de este diagnóstico proponemos una alternativa institucional que, tomando el espíritu de la propuesta gubernamental, diseñe una organización con una capacidad real de mejorar el desempeño de la educación pública. Aceptamos como criterio orientador el término de la educación municipal y aceptamos como un hecho que se crearán servicios locales de educación como propone el proyecto gubernamental. Hasta aquí las similitudes. Para darle más independencia a estos servicios proponemos que estos servicios estén a cargo de un Consejo Directivo y que este sea el responsable de seleccionar a sus directores ejecutivos. Se descarta también crear la figura de Director Nacional de Educación Pública que establece el proyecto de ley. Este introduce un sesgo centralista innecesario en la organización de la educación pública y tiene pocas posibilidades reales de contribuir al fortalecimiento de la educación pública como pretende el proyecto.
En su lugar, proponemos crear una pequeña Agencia Nacional de Educación Pública que se relacione con los Consejos Directivos de los Servicios Locales de Educación. Su objetivo no es diseñar las políticas para la educación pública sino asegurarse que los Consejos Directivos se desempeñen satisfactoriamente en sus cargos. Para ello seleccionará a la mayoría de esos Consejos a partir de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública. Una minoría de estos Consejos será elegido democráticamente por los habitantes que vivan en el área geográfica cubierto por cada Servicio Local de Educación.
La política que orienta el sistema es una Estrategia Nacional para la Educación Pública que elabora el Ministerio de Educación con amplia participación y que luego es refrendada por el Consejo Nacional de Educación. Esta debe tener un horizonte de diez años y todo nuevo gobierno tiene la obligación de revisarla en el primer año de su mandato. La Agencia Nacional evaluará a los Directorios en función de su capacidad de hacer cumplir a los Servicios Locales de Educación con los objetivos definidos en esa Estrategia. Podrá, entonces, reemplazar a la mayoría no elegida democráticamente cuando se desvíen de ella.
La propuesta alternativa que se presenta permite que municipios con buenos desempeños puedan, bajo condiciones muy específicas, seguir proveyendo educación. En todo caso, si así lo solicitasen tienen eventualmente que acogerse a las exigencias que pueda hacer la Agencia Nacional para velar por el funcionamiento de todo el sistema de educación pública. Además, fortalece las responsabilidades de los planteles escolares y hace descansar exclusivamente en ellos la gestión técnico-pedagógica. Las responsabilidades de los distintos niveles están muchos más precisados que en el proyecto de ley en discusión. Así, se fortalecen las rendiciones de cuentas y la evaluación independiente de ellas. La institucionalidad que se propone tiene posibilidades mucho más elevadas de producir un mejoramiento de la calidad de la educación pública.
