En el debate generado por la reforma laboral se ha dicho, a menudo, que hay una correlación negativa entre desigualdad de los ingresos de los hogares y la cobertura de la negociación colectiva (o la tasa de sindicalización). Habría, entonces, una razón muy poderosa para utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para elevar esa cobertura. Esta afirmación tiene al menos tres problemas.
En primer lugar esa correlación no es tal si se hace correctamente. En efecto, en diversas presentaciones se utiliza como indicador de desigualdad el coeficiente Gini de los ingresos de los hogares después de impuestos y transferencias en dinero. Pero es obvio que esta variable incorpora la acción redistributiva que realiza el Estado precisamente a través de los impuestos y las transferencias monetarias. Esta acción en algunos países tiene un gran efecto y en otros uno más limitado. Más allá de ello no cabe duda que “ensucia” el impacto potencial sobre la desigualdad que se le atribuye a las instituciones y reglas en las que se enmarca el funcionamiento del mercado laboral. El indicador que debe utilizarse en su lugar es el Gini antes de impuestos y transferencias. En este caso la correlación desaparece completamente.
Ahora bien, ese hallazgo no es prueba definitiva de que no exista tal relación. Quizás hay otros factores que no se aíslan en este ejercicio y que actúan “escondiendo” el vínculo entre cobertura de la negociación colectiva (o tasa de sindicalización) y desigualdad de ingresos. Con todo, aunque éste se recuperase emerge el segundo problema. La correlación, de existir, no sería evidencia de causalidad. De hecho, los estudios que intentan ir más allá de la estimación de una mera correlación concluyen, por ejemplo, que los efectos de los sindicatos sobre los salarios o su variabilidad al interior de una compañía serían muy modestos contrariamente a lo que se encuentra en investigaciones que no intentan dilucidar la causalidad. Ello sugiere que si en una empresa con un sindicato los salarios son más altos que en otra sin sindicato la explicación no está necesariamente en la acción sindical sino en otros factores, por ejemplo las características de la empresa o la distribución de habilidades de sus trabajadores.
Un tercer problema es que cuando se analiza la evolución de los ingresos de los trabajadores en Chile en los últimos 25 años se pueden notar diversas complejidades y, también, el peso que tienen en las desigualdades de estos ingresos fenómenos que poco tienen que ver con las instituciones y reglas que enmarcan el funcionamiento de los mercados laborales. Así, no es evidente que cambios en las mismas pueden influir en esa evolución.
Por cierto, sigue siendo razonable intentar aumentar la proporción de trabajadores que negocie colectivamente. Hay posiblemente ganancias para trabajadores y empleadores en esa iniciativa. La pregunta es si para ello es conveniente acudir a mecanismos que no tienen mayor presencia en la experiencia comparada como la prohibición absoluta de reemplazo y la obligación de buscar la autorización de los sindicatos para extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. Una respuesta afirmativa no tiene mucho sustento. Además, puede abrir la puerta a que una reforma que ha sido pensada para elevar el bienestar de los trabajadores y la productividad del país tenga efectos totalmente contrarios a los deseados.
