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Boletín N°22 | Noviembre 2025
Reclutamiento de niños y adolescentes por el crimen organizado: una visión desde el territorio
Por: Rosario Palacios.
El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado se ha convertido en un fenómeno creciente en Chile. En territorios marcados por la pobreza y la violencia cotidiana, las bandas ofrecen pertenencia y sustento donde el Estado y la escuela fallan, consolidando un desafío social y educativo de gran magnitud.
Según la Encuesta CEP 91 (2024), las personas que indican que hay bandas de narcotráfico en su barrio también admiten, en un 42%, que esos grupos reclutan niños y adolescentes. Una percepción que se condice con las estadísticas. De acuerdo a cifras del Ministerio Público, en 2019, 4.966 menores participaron en delitos asociados al crimen organizado. En 2020, ese número bajó a 3.303 y, un año después, hasta 2.678. Es decir, una disminución de 46% en tres años. Lamentablemente, luego de la pandemia se revirtió esa tendencia. En 2022, la cantidad de menores ascendió abruptamente a 4.158, llegó a 4.675 en 2023 y se alzó hasta los 4.966 en 2024. El cambio entre 2021 y 2024 fue de un 86,5%.
Estos datos son alarmantes. No sólo evidencian un fenómeno en crecimiento, sino que nos obligan a expandir la mirada desde los delitos y las comunas donde suceden (Weinborn et al. 2025) a la realidad de los infractores menores de edad y sus comunas de residencia. Esta columna propone entonces poner atención a las relaciones entre los contextos territoriales de vulnerabilidad y pobreza en que viven los niños infractores y sus posibles motivaciones para optar por el camino delictual en el crimen organizado.
Para lo anterior, se analiza la situación de vulnerabilidad y la baja calidad de la educación escolar en las 20 comunas con mayor número de infractores residentes per cápita. Las condiciones de estas zonas, en la mayoría de los indicadores observados, están por debajo del promedio nacional. El nivel de pobreza, la exposición a la violencia y los deficientes resultados académicos son un caldo de cultivo para que niños se sumen al crimen organizado. Mejorar el nivel de vida de los hogares y las condiciones de bienestar de las comunas es imprescindible para detener el avance del reclutamiento de las bandas delictuales.
El crimen organizado como alternativa
Una revisión de los datos sobre infractores menores de edad y el tipo de delitos que cometen da cuenta de que el crimen organizado suele incluirlos en acciones altamente violentas que involucran el uso de armas de fuego y que se relacionan con el tráfico de drogas (Ministerio Público de Chile 2025b). Los niños aceptan participar por la retribución económica y el sentido de pertenencia que significa pasar a ser parte de un grupo con identidad, éxito, protección y experiencia. Están dispuestos al riesgo, porque lo que reciben a cambio es una alternativa a las condiciones de precariedad y falta de proyección en que viven. La literatura sostiene una asociación entre condiciones de pobreza y opciones delictuales (Riquelme et al. 2019), por lo que podemos sostener que los grupos criminales se validan al satisfacer necesidades y adoptar el rol de benefactor en entornos de alta vulnerabilidad social.
Las condiciones sociales y económicas de los menores infractores en sus comunas de residencia no ofrecen oportunidades que compitan con la oferta de quienes reclutan soldados para el crimen. La mayor parte de los delitos ligados al narco son cometidos por niños acompañados por pares o adultos, lo que da cuenta de un sistema de entrenamiento dirigido. Según el Ministerio Público (2025b), cerca del 50% de los delitos del mercado de armas, drogas y robos, el o los acompañantes del menor de edad tienen entre 18 y 29 años, esto es, jóvenes que actúan como pares de los infractores adolescentes. En otros delitos (trata de personas, comercio ilegal y lavado de dinero), los acompañantes son mayores, personas experimentadas que están a cargo del reclutamiento de jóvenes.
La retribución económica que reciben niños y adolescentes por sus delitos no solo compensa su pobreza, sino que también es atractiva para los que tienen adicción a alguna droga ilegal. Un análisis del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de 2023 encontró que un 86% de los menores ingresados a Sename hasta 2023 declaró haber consumido marihuana 20 días o más dentro del último mes antes de su detención, un 5,8% utilizó frecuentemente cocaína, un 3,9% alcohol y un 1,1% pasta base. De manera combinada, un 54,7% consumió frecuentemente alguna droga. Esta adicción es uno de los elementos relevantes que hace proclive a menores de barrios vulnerables a ser capturados por el narco. Este les ofrece colaborar con grupos de tráfico y microtráfico a cambio de dinero, droga y mejores precios para su consumo.
El Ministerio Público ha identificado como principal delito del crimen organizado el tráfico ilícito de drogas, el que va acompañado de otras actividades tales como el tráfico de armas, los homicidios, el robo, la receptación de vehículos y el lavado de activos (Ministerio Público 2025b). La participación de menores entre 14 y 17 años en estas categorías, especialmente robos, mercado de armas y de drogas, se observa en la Figura 1.
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Al mirar en detalle en la categoría robos por menores de edad, las subcategorías de robo con violencia, robo con intimidación y robo con lesiones graves y detención de las víctimas, suman 9.502 infractores entre 14 y 17 años entre 2019 y 2024 —es decir, un 42% del total de infractores ingresados al sistema de justicia por delitos vinculados al crimen organizado. En tanto, los homicidios cometidos por menores de edad, en ese mismo periodo, suman 760, lo que corresponde al 3,3% del total de infractores menores asociados a delitos de crimen organizado.
En términos etarios, en 2024, el grupo de entre 16 y 17 años ingresados al sistema de justicia doblaba en número a los de 14 y 15 años. Aun cuando este último grupo es más pequeño, fue el que más creció. Entre 2020 y 2024, aumentó en 50,88%, mientras que el de 16-17 años creció solo en un 27,30% (Ministerio Público de Chile 2025a).
La importancia del territorio
Un análisis de las comunas de residencia de los niños y adolescentes ingresados al sistema de justicia por delitos asociados al crimen organizado muestra que, en su mayoría, se trata de comunas urbanas con hogares de ingresos bajos, muchos en situación de pobreza, con viviendas hacinadas e irrecuperables. La Tabla 1 muestra las 20 comunas con mayor número de infractores menores de edad per cápita (Ministerio Público de Chile 2025b).
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Al observar los indicadores de ingreso y servicios, los valores muestran la precariedad socioterritorial. La Figura 2 muestra el valor promedio de las 20 comunas seleccionadas y, además del nivel de pobreza por ingreso, da cuenta de escasos espacios públicos, centros de salud insuficientes y exposición a basura o a microbasurales. La barra roja vertical muestra el promedio nacional, por lo que podemos observar que en su conjunto estas comunas tienen peores condiciones que el promedio.
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Por otra parte, las comunas con mayor valor per cápita de niños y adolescentes mencionados presentan altos índices de violencia. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (2023) muestra que las personas en estas comunas declaran la presencia frecuente de consumo de drogas y alcohol, peleas, disparos y fuegos artificiales. En todos los indicadores, el porcentaje de hogares que dice estar expuesto a los distintos tipos de violencia supera el promedio nacional (barra vertical en Figura 3). Ello es consistente con la evidencia que indica que las experiencias violentas en la niñez y adolescencia se relacionan positivamente con la participación en delitos, el consumo de alcohol y drogas y conductas violentas (Alarcón et al., 2017; Álvarez-Chuart, 2012; Pérez-Luco et al., 2019; Zambrano et al., 2023). La exposición a un clima comunal violento incide en la normalización de conductas delictuales por parte de niños y adolescentes y, luego, en considerar participar en ellas.
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Sin proyección de futuro
La vida cotidiana de niños y adolescentes bajo condiciones de alto estrés por las condiciones territoriales de pobreza, vulnerabilidad y violencia se suma a la mala calidad de las escuelas a las que asisten, lo que les hace difícil lograr buenos resultados académicos. La Tabla 2 muestra el alto porcentaje con nivel de aprendizaje insuficiente en lectura y matemática de las comunas con mayor número de infractores per cápita. El nivel equivale a un rezago de al menos dos años. Se trata de escuelas en las no están aprendiendo de acuerdo con su nivel escolar y la mayor parte de los puntajes está por debajo del promedio nacional (puntajes en rojo), aun cuando este último es también bastante bajo.
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La evidencia señala que los niños con bajo rendimiento escolar tienen más probabilidades de desertar de la escuela, consumir drogas y alcohol, y cometer delitos (Martins et al. 2022, Cardona 2020, Roman 2016). Los malos resultados académicos de las escuelas públicas de las comunas donde residen los infractores revelan la falta de oportunidades que el territorio ofrece en términos escolares, lo que sin duda repercute en las posibilidades laborales futuras.
Las comunas con condiciones territoriales desfavorables son un escenario que facilita el reclutamiento para el crimen organizado. Las características observadas en las 20 comunas con más número de infractores menores de edad así lo indican. Es importante notar que no se trata de barrios excepcionales. Por el contrario, sus características son parecidas a las de muchas comunas del país. Poner atención a esta realidad es relevante porque podría darse una expansión de la participación delictual de niños y adolescentes en comunas vulnerables; el crimen organizado tiene a su favor contar con otros territorios para su crecimiento.
Propuestas de futuro
El Gobierno constituyó recientemente una mesa intersectorial para la ‘Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales’. Esta iniciativa busca analizar las tendencias del avance criminal, identificar grupos de riesgo e implementar prevención basada en evidencia.
En ese contexto, y a partir del análisis con visión territorial expuesto, es pertinente proponer, en primer lugar, un enfoque educativo que observe la condición de las escuelas en las comunas con alto número de niños y adolescentes infractores, especialmente de los establecimientos públicos, que es donde se concentran quienes tienen más riesgo.
El ministerio de Educación ha desarrollado un sistema de alerta temprana para identificar a los estudiantes que están en riesgo de desertar. Actualmente, se encuentra en una fase inicial de implementación con los establecimientos y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dado el papel clave que juega el Ministerio de Educación, debiese incluirse en la “fuerza de tarea”. Los estudios internacionales muestran que la mayor incorporación a las bandas sucede entre los 13 y los 15 años (UNICEF 2025), y el bajo rendimiento de los estudiantes es la antesala para la desmotivación, el desinterés, el ausentismo y la deserción (Henry, Knight y Thornberry 2012; Ramírez-Salazar et al. 2015; Sweeten et al. 2009, Jarjoura 1993).
Además del aprendizaje curricular, es importante que las escuelas sean un espacio de seguridad, convivencia, intercambio y esparcimiento. Actividades extracurriculares atractivas aumentan la motivación por asistir.
Este año también se inauguró el programa Chile Presente, que consiste en una plataforma digital que reúne información de todos los matriculados en la educación parvularia y escolar, orientada a proteger las trayectorias educativas de los estudiantes, incluyendo prevenir la deserción y el ausentismo, que ya se realizaba a través de Alerta Temprana del Mineduc.
Si bien el programa apunta a una mirada global y a profundizar en Alerta Temprana, es importante enfatizar en su sistema de gestión de apoyos y promover estrategias para el acompañamiento de los menores entre 13 y 17 años en sus barrios. Dado que esa es la edad de ingreso al crimen debería existir un foco especial en este grupo con acciones especializadas, tales como visitas a los hogares, acompañamiento en su vuelta a clases con reforzamiento escolar y entrevistas con sus cuidadores. Esto es fundamental para identificar potenciales vínculos entre los estudiantes ausentes y bandas de crimen organizado.
En segundo lugar, se proponen acciones enfocadas en la violencia barrial y el espacio público. Reconociendo que las causas son multifactoriales, el fortalecimiento de los lazos entre vecinos para contar con redes de cuidado que actúen como prevención para niños y adolescentes ha resultado una política costo-efectiva (Sampson et al. 1997, Kennedy et al. 1999, Benjumea Mejia et al. 2024). Para ello, no basta solo incentivar los vínculos a través de actividades municipales deportivas, culturales, y comerciales, entre otras, sino también invertir en la construcción de espacios que motiven el encuentro.
El mejoramiento de barrios y escuelas aporta a cambiar la percepción de niños y adolescentes sobre sus posibilidades futuras. Es indispensable entregar señales concretas a través de programas escolares, deportivos y la activación de espacios públicos y de recreación. Junto con ello es central penalizar expresiones territoriales de la cultura narco, como los murales o los narco mausoleos.
Finalmente, otra dimensión a abordar es la penal. Resulta fundamental avanzar en la tramitación, que comenzó en agosto, del proyecto de ley que tipifica el delito de reclutamiento de menores para acciones delictuales. Hoy se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y es prioritario que siga avanzando.
El debate público se ha concentrado en las sanciones y las penas para los menores infractores. Sin embargo, no hay evidencia que indique que aumentarlas tenga efectos en la reducción del número de niños involucrados en estos delitos (Damm et al. 2025). Es más, se arriesga a incentivar el reclutamiento de aún más pequeños.
La revisión realizada da cuenta de la falta de oportunidades que ofrecen las comunas donde viven los niños afectados. La privación de libertad pierde su fuerza coercitiva en un contexto en el que la experiencia cotidiana no ofrece más que pobreza. Por otra parte, la invitación de las bandas se presenta como una alternativa de pertenencia y apoyo grupal en circunstancias riesgosas. Por ello, la persecución y el aumento de penas para mayores que cometen delitos de crimen organizado, incluido el de reclutamiento, parece una mejor opción que disminuir la edad de imputabilidad penal.
Referencias
Alarcón, P.A., Pérez-Luco, R., Wenger, L.S, Salvo, S.I., Chesta, S.A. y Universidad de La Frontera. 2017. Personalidad y gravedad delictiva en adolescentes con conducta antisocial persistente. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 9(1), 58.
Álvarez-Chuart, J. 2012. Niños y niñas egresados de la red de protección de Sename que ingresan a medidas de Justicia Juvenil. Revista Señales, 5(9), 7-18.
Benjumea Mejia, D., Chilton, J. y Rutherford, P. 2024. Collective urban green revitalisation: Crime control an sustainable behaviours in lower-income neighbourhoods. World Development 177(C).
Cardona, A. 2020. Factores implicados en el fracaso escolar de adolescentes con conducta delictiva. Revista Criminalidad, 62(2): 219-232.
Damm, A.P., Larsen, B.Ø., Nielsen, H.S. et al. 2025. Lowering the Minimum Age of Criminal Responsibility: Consequences for Juvenile Crime. J Quant Criminol 41, 495–521.
CEP 2024. Encuesta CEP 91. Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-91/ [5 de noviembre 2025].
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023. Instituto Nacional de Estadística.
Henry KL, Knight KE, Thornberry TP. 2012. School disengagement as a predictor of dropout, delinquency, and problem substance use during adolescence and early adulthood. Journal Youth Adolescence. 41(2):156-66.
Jarjoura, G. 1993. Does Dropping out of School Enhance Delinquent Involvement? Results From a Large‑Scale National Probability Sample. Criminology 31 (2) (May 1993), 149-172.
Kennedy, B., Kawachi, I., Prothrow-Stith, D., Lochner, K. y Gupta, V. 1999. Social capital, income inequality and firearm violent crime. Social Sci & Med 48(1):719-731.
Martins, R.C., Gonçalves, H., Blumenberg, C. et al. 2022. School Performance and Young Adult Crime in a Brazilian Birth Cohort. J Dev Life Course Criminology 8, 647–668.
Ministerio Público de Chile 2025a. Datos de menores infractores de delitos asociados a crimen organizado (datos obtenidos por transparencia pública). Fiscalía Nacional. Santiago: Ministerio Público de Chile.
Ministerio Público de Chile 2025b. Informe crimen organizado en Chile. Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas. Fiscalía Nacional. Santiago: Ministerio Público de Chile.
Pérez-Luco, R., Alarcón, P., Zambrano, A., Alarcón M. y Chesta, S. 2019. Taxonomía de la delincuencia adolescente con base en evidencia chilena. Psicología jurídica: conocimiento y práctica: X Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, Sevilla, 25, 26 y 27 de mayo de 2017.
Ramírez-Salazar, M.A., Casas-Sáenz, V.M., Téllez Hernández, L., Arroyo-Álvarez, A. 2015. Deserción escolar y menor infractor. Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la U.A.C.J.S. Vol. 6(1), 1-32.
Riquelme, J.; Salinas, S., y Severino, P. (2019). El crimen organizado transnacional (COT) en América del Sur. [Transnational organized crime (TOC) in South America]. Respuestas regionales. Revista Estudios Internacionales, 51(192), 9-33.
Roman, M. (2016). Factores Asociados al Abandono y la Deserción Escolar en América Latina: Una mirada de conjunto. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación, 11(2).
Sampson RJ, Raudenbush SW, Earls F. 1997. Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. Science 277(5328):918-924.
Sweeten, G., Bushway, S.D. y Paternoster, R. 2009. Does dropping out of school mean dropping into delinquency? Criminology, 47 (1), 47-91.
Weinborn, C., Razmilic, S., Johnson, D. y Plaza, L. 2025. Concemtración territorial y daño del delito en Santiago de Chile. La identificación de áreas prioritarias. A. Mascareño, R. Vergara y N. Gardella (eds.), Violencia en Chile. La fragilidad del orden social. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 307-349.
Zambrano, V., Fernández-Pacheco, G. y Salazar-Muñoz, M. 2023. The transition of Chilean adolescents from the child welfare system to the adolescent justice system. Frontiers in Psychology, 14, 1194294.
Sobre la autora
Rosario Palacios es doctora en Sociología por la London School of Economics y magíster en Planificación Urbana por Columbia University. Ha trabajado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional de Santiago y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y como académica de la Universidad Católica en temas de espacio público, participación ciudadana y niñez. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios Públicos y editora ejecutiva de Estudios Públicos.
1. Situación del crimen organizado en Chile
La expansión de delitos asociados a crimen organizado en Chile ha tenido un avance sostenido durante los últimos cinco años. Los delitos que se asocian a crimen organizado han sido definidos por el Ministerio Público y corresponden a 76 delitos que se pueden agrupar en delitos de organización criminal, asociados a drogas, asociados a contrabando, presencia de otros delitos organizados, violencia asociada a crimen organizado, corrupción y ciberdelincuencia.
La región más afectada por el crimen organizado en 2024 fue Arica y Parinacota, y luego las regiones Metropolitana y Tarapacá. En cambio, las menos afectadas fueron Magallanes, Aysén y Ñuble.
Los delitos más frecuentes en las diez comunas con mayor número de delitos asociados al crimen organizado fueron los asociados a drogas (2.194), a la ley de armas (710) y al contrabando (382).
Las diez comunas más afectadas por el crimen organizado son urbanas y tienen un presupuesto municipal por habitante por debajo del promedio nacional. Además, presentan vulnerabilidad socioeconómica por sobre el promedio nacional (tanto en pobreza por ingreso como en pobreza multidimensional).
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2. Sistema de reinserción social juvenil
El Servicio Nacional de Reinserción Juvenil se ocupa de los infractores mayores de 14 años y menores de 18 en el momento de la ejecución de su delito. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en Chile empezó a implementarse en 2024 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; y en 2025 en las regiones de Maule, Ñuble, Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. En el año 2026 se incorporarán las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.
Sus modelos de intervención abordan tanto las dimensiones individuales, de salud mental y familiares de los infractores, como las asociadas a la comunidad, el grupo de pares, las temáticas de educación, trabajo y de derechos. En esa línea, el abordaje de la participación en bandas de crimen organizado se enmarca en las aproximaciones sociales del delito.
Las intervenciones se clasifican en tres tipos de programas que corresponden a diferentes medidas según el delito cometido: cautelar, sanción penal o suspensión condicional, todo decretado por un tribunal.
La intervención individual tiene por objetivo lograr en el infractor una motivación al cambio, los programas específicos buscan la reinserción social en ámbitos de salud, educación y trabajo; y las intervenciones enfocadas en el abandono de conductas delictivas tienen como propósito modificar prácticas y entendimientos procriminales tales como la agresividad y la violencia, el comportamiento sexual indebido o la relación con pares delictivos. Esta aproximación es central si se tiene en cuenta que antes de que comenzara a implementarse el sistema de reinserción social juvenil, el ingreso de NNA por delitos violentos ha ido en aumento durante los últimos años, y dentro de la clasificación de los delitos, los robos con intimidación y violencia son los que más han crecido (Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, con datos hasta el 2022).
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Leer más:
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Libro “Violencia en Chile. La fragilidad del orden social”: https://www.cepchile.cl/investigacion/violencia-en-chile-la-fragilidad-del-orden-social/
- Nota de investiigación C22: “Una semana poco Santa”: https://c22cepchile.cl/publicaciones/una-semana-poco-santa/
- Punto de Referencia: “Más allá de la seguridad: Educación en contextos violentos”: https://www.cepchile.cl/investigacion/mas-alla-de-la-seguridad-educacion-en-contextos-violentos/
- Punto de Referencia: “La distribución comunal del delito en Chile. Un análisis exploratorio en base a ENUSC 2023”: https://www.cepchile.cl/investigacion/la-distribucion-comunal-del-delito-en-chile/
- Punto de Referencia: “El lado oculto del delito. Aproximaciones al subreporte de la delincuencia en Chile”: https://www.cepchile.cl/investigacion/el-lado-oculto-del-delito-aproximaciones-al-subreporte-de-la-delincuencia-en-chile/
-
Punto de Referencia: “Aspiraciones desacopladas. Expectativas ocupacionales y educacionales de los escolares del país”: https://www.cepchile.cl/investigacion/aspiraciones-desacopladas-expectativas-ocupacionales-y-educacionales-de-los-escolares-del-pais/
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