El investigador senior del CEP y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expuso ante la Comisión Experta del Proceso Constitucional en el marco de la discusión sobre el catálogo de derechos que la nueva Constitución debiese considerar.
La presentación del especialista, realizada en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, duró una hora y contempló la forma en que dichos derechos se deben enmarcar en las bases institucionales fundamentales acordadas en relación con el Estado social y democrático de derecho.
El académico inició su intervención explicando que sus palabras irían en la misma línea que el libro «Aspectos Económicos de la Constitución: Alternativas y Propuestas Para Chile«, escrito en conjunto con el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en 2020.
Así, el investigador recalcó de entrada que la experiencia comparada en materia de inclusión de derechos en la Constitución es muy variada, por lo que la discusión de cuánto, cómo y qué incluir no será tan simple.
Vergara apuntó a un texto más minimalista que la propuesta que realizó, en su minuto, la Convención Constitucional. «Si ponemos demasiado en la Constitución, entonces cosas que debieran ser parte de la deliberación democrática van a estar, básicamente, en los tribunales de justicia», advirtió.
Estado social y democrático de derecho
Sobre el concepto de «Estado social y de derecho», Vergara dio cuenta de lo amplio que es el concepto para los distintos países del mundo. Por ello, citó el documento «Precondiciones para la construcción de un Estado social en Chile«, realizado por los también investigadores del CEP, María José Abud, José Tomás Quiroga y Gabriel Ugarte.
De él, rescató la idea de que «se requiere un estado eficiente en la provisión de derechos sociales. Para eso (se necesita) una recuperación de la confianza institucional».
«El segundo prerrequisito sería avanzar en una mayor homogenización de la calidad de los servicios sociales y diseñar un marco regulatorio adecuado que permita una correcta articulación entre proveedores públicos y privados», agregó.
Y terminó apuntando a que una última condición estaría en «un pacto fiscal que permita la recaudación necesaria para financiar esto. Y en ese pacto fiscal, creo yo, es importante el factor del crecimiento y de la eficiencia del gasto en los desafíos demográficos».
En otro punto, uno de los principios básicos que destacó Vergara que deben incluirse en una futura Constitución es «el resguardo de las libertades y, particularmente, de las libertades individuales«, además de la provisión mixta, tanto pública como privada, de los derechos.
El costo
Respecto de la progresividad, Vergara destacó aunque existen diferentes interpretaciones, en general se puede acotar como «quién paga o quién se beneficia de una política pública». Sobre su inclusión en la Constitución, agregó que el nuevo documento no puede ser regresivo de lo que ya existe. Sin embargo, alertó que «hay que ser extremadamente cuidadosos en cómo se redacta una cosa así, de manera de que no se pierda la flexibilidad que se requiere«.
Por lo mismo, puso énfasis en el financiamiento de lo que finalmente se incluya en la ley fundamental, explicando que para «el desarrollo económico social de un país es clave mantener los equilibrios fiscales. Sabemos por historia, que aquellos países que no tienen responsabilidad fiscal terminan en crisis».
Sobre este punto, citó la investigación «Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución«, realizada por el mismo en conjunto con los académicos Andrea Bentancor, Guillermo Larraín, Claudia Martínez, Gabriel Ugarte y Rodrigo Valdés. En ese documento, los expertos estimaron cuál hubiese sido el costo real de la implementación de la propuesta de la Convención Constitucional, cifra que, calcularon entre un 9 y 14% del PIB, «que es muy significativa» en palabras de Vergara.
De esta manera, destacó que «la responsabilidad fiscal es importante y evitar una inflación de derechos también lo es, porque podemos terminar con una Constitución que sea inviable desde el punto de vista práctico y fiscal».
Evidencia comparada
Finalmente, el investigador del CEP repasó algunos estudios y evidencia respecto de la implementación de un Estado social y democrático de derecho desde la perspectiva académica.
Por ejemplo, recordó que algunos autores no encuentran una relación efectiva entre la adopción de derechos y el incremento de gasto público en salud y educación. Por lo mismo, el número de derechos en las constituciones se correlacionarían negativamente con la protección de estos mismos. Eso sí, Vergara fue enfático en señalar que «correlación no es causalidad» y que la evidencia es extremadamente mixta en este ámbito.
Con esta evidencia y entendiendo que no hay una tendencia clara, el investigador quiso recalcar que aunque «la incorporación de derechos sociales en la Constitución es un consenso democrático muy importante, el logro del progreso socioeconómico requiere también de otros elementos clave».