Boletín agosto 2026
Boletín Momento Económico
Economía

Boletín Momento Económico agosto 2026

Rodrigo Vergara M., Sebastián Izquierdo R., Jorge Rodríguez C., Roberto Cases V., Alfonso España M., Andrés Araya C..

Avanza agosto y ya es tiempo de un nuevo Momento Económico, a cargo de nuestro investigador senior Rodrigo Vergara. Un esperado espacio de análisis al que, en este boletín, y como ya es tradición, le agregamos el apartado «Foco Económico», elaborado por el resto del equipo económico del CEP.

Partimos con el enlace a la exposición de Vergara sobre la situación de Chile y el mundo. (play)

 

Luego de compartir la exposición de Rodrigo Vergara, ahora corresponde el “Foco Económico”, elaborado por un equipo de economistas CEP. 

En esta ocasión, han centrado su análisis sólo en empleo público, para aportar al debate que ya se inició, luego que el 17 de agosto el presidente Kast convocara a una comisión asesora para la modernización del sector, compuesta por doce reconocidos expertos, entre ellos, Jorge Rodríguez, investigador del CEP, y Ramiro Mendoza, consejero de nuestra institución. 

Este grupo de especialistas tendrá 120 días para elaborar propuestas, que ayuden a avanzar en una materia urgente cuando se habla de modernizar el Estado. En esa misma línea, van los siguientes párrafos de este especial de Foco Económico que no sólo aporta diagnóstico y datos; también líneas de acción.  

¿Cuántas personas trabajan para el Estado?

Parece una pregunta sencilla, hasta que se miran las cifras. Según la Dipres, al primer trimestre de 2026, el gobierno central contaba con 549 mil trabajadores; para el INE, en cambio, los asalariados públicos durante enero-marzo bordeaban 1,2 millones. Una cifra algo inferior identificó la Encuesta CASEN 2024. La diferencia no significa que algún registro esté equivocado: simplemente no cuentan lo mismo, porque consideran distintas definiciones y universos.

La principal incógnita está en los trabajadores municipales. La Dipres, el Consejo para la Transparencia y el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) entregan datos distintos, ya sea por diferencias de cobertura, metodología o actualización. Además, hay municipios que no reportan toda la información.

Todo esto hace difícil saber cuántas personas trabajan efectivamente para el Estado en toda su magnitud. Por eso, antes de discutir si el Estado tiene muchos o pocos trabajadores, hay que saber con precisión a quiénes contamos, y en qué nivel de gobierno e instituciones específicas se desempeñan.

El peso del empleo público

El empleo público casi no mueve la aguja en la actualidad. La creación neta de empleo en Chile ha perdido dinamismo y el aporte del sector público ha sido escaso, salvo en 2023, cuando explicó 88 mil de los 209 mil empleos creados (42%). Desde entonces, su contribución fue marginal en 2024, negativa en 2025 y acotada hasta la fecha en 2026. Así, en el período 2023-2026 el sector público explica solo el 14% de la creación neta de empleo, por debajo del 18% que aportó entre 2011 y 2020. 

El inicio de 2026 no cambia el cuadro: la principal fuente de empleo son los trabajadores por cuenta propia y otras categorías no asalariadas (58%).

Sueldos públicos vs. sueldos privados

A primera vista, el sector público parece pagar bastante más que el privado. En 2025, el ingreso medio de los asalariados públicos alcanzó $1,3 millones mensuales, frente a $1 millón entre los privados: una diferencia cercana al 30%. Pero comparar promedios esconde algo importante: la composición de ambos sectores no es la misma.

Basta distinguir por nivel educacional: un 46,9% de los asalariados públicos tiene educación universitaria, contra sólo 25,9% en el privado. Al comparar trabajadores con niveles educativos similares, la brecha se estrecha e incluso se revierte. Entre quienes tienen solo educación secundaria, el ingreso medio mensual es mayor en el sector público ($839 mil frente a $713 mil); pero entre técnicos, universitarios y personas con postgrado, el ingreso promedio es mayor en el sector privado; aunque en el caso particular de los universitarios, la diferencia —$1,62 millones en el privado frente a $1,58 millones en el público— no es estadísticamente significativa.

Por tanto, afirmar sin más que “el sector público paga más” lleva a conclusiones apresuradas. Antes que postular una prima salarial pública, se requiere comparar trabajadores similares. El objetivo, al final, es atraer buenos profesionales al Estado dentro de un marco presupuestario sostenible.

Normativa: mucho más que el Estatuto Administrativo

El Estatuto Administrativo (Ley N°18.834) es la principal base normativa del empleo público en el gobierno central. Por su parte, a nivel municipal rige el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley N°18.883). Pero existen varias otras normativas para educación, salud, seguridad o justicia. Esa diversidad multiplica el desafío de modernizar el empleo público: obliga a ajustar distintos cuerpos legales.

La importancia relativa de cada normativa muestra que el Estatuto Administrativo abarca cerca de un 30%, lejos de ser un instrumento de aplicación general. Esto es un dato no menor cuando se plantea que basta con ajustarlo para resolver los problemas del empleo público.

Qué hacer para mejorar: cuatro frentes

Las normas que rigen el empleo público son un elemento fundamental para la gestión del Estado. Ellas inciden en el desempeño de los funcionarios y, en definitiva, en la capacidad estatal para entregar bienes y servicios a la ciudadanía. En Chile esta materia lleva varias décadas de discusión. Sin embargo, no se han materializado reformas sustantivas, porque implican grandes desafíos de economía política. Hay que persistir en este esfuerzo. Cuatro frentes de propuestas, trabajadas por el CEP a lo largo de los años, sirven de insumos:

1.Modernización del régimen de contrata[1] 

–    Contratar solo mediante procesos de reclutamiento y selección abiertos y competitivos, con amplia difusión.

–   Considerar un periodo inicial a plazo fijo, con extensión sujeta a evaluación de desempeño y posibilidad de adquirir carácter de indefinido después de cinco años[2] .

–   Para los contratos indefinidos, permitir la desvinculación por necesidades institucionales fundadas: modificación de funciones o reestructuración del órgano, supresión de planes o programas, nuevas condiciones presupuestarias o desempeño deficiente medido objetivamente. Todo ello, con indemnización por el tiempo servido o acceso al seguro de cesantía.

–   Establecer que los cargos de planta[3]  se extinguirán en la medida que vayan quedando vacantes cuando su titular cese sus funciones.

–   Reservar los honorarios para trabajos específicos y temporales, sin subordinación ni dependencia. Eso implica completar el traspaso a la contrata de quienes no cumplen esa condición y sancionar a los jefes de servicio que abusen de esta vía.

2. Creación de un estamento de personal de confianza política[4] 

Crear un estamento de confianza política con reglas propias: ingreso directo sin concurso; remuneración asimilada a un grado de la planta del servicio, según formación y experiencia; duración limitada al mandato de la autoridad que lo nombró; cese sin indemnización; y restricciones para postular a cargos en su mismo ministerio cerca del fin de la administración.Su tamaño debe ser acotado y fijarse cada año, institución por institución, en la Ley de Presupuestos.

3. Competencia al ingresar, mérito para avanzar

–   Formalizar la promoción funcionaria vía concurso, con reglas que premien el mérito y resguarden la objetividad.

–   Potenciar la movilidad horizontal, mediante concursos a los que puedan postular funcionarios de diversas entidades públicas.

–   Simplificar la evaluación de desempeño para que sirva: instrumentos más entendibles; más diálogo sobre el trabajo y el clima laboral de cada servicio; distribución forzada de las calificaciones para marcar diferencias; y uso efectivo de sus resultados en promociones y ceses.

4. Mejorar la gobernanza del empleo público

–   Fortalecer el Servicio Civil en su rol de gestión y desarrollo de personas en el Estado.

–   Estudiar las dotaciones óptimas por área sectorial y elaborar planes para alcanzarlas, corrigiendo tanto sobre como subdotaciones.

–   Publicar mejor información de recursos humanos del Estado, incluidos los municipios, muy rezagados en transparencia, para decidir mejor y rendir cuentas.

–   Dar más herramientas de gestión de personal a los jefes de servicio, compatibilizando flexibilidad con derechos laborales. Todo ello sobre la base de una planificación estratégica de dotaciones y del marco presupuestario autorizado.

–   Ligar la capacitación funcionaria a objetivos estratégicos: nuevas tecnologías, atención de usuarios e integridad.

–   Agilizar los procedimientos disciplinarios ante faltas graves a la probidad y delitos.

–     Revisar las normas sobre negociación colectiva y huelga en el sector público: o se hace cumplir estrictamente la prohibición vigente, o se permiten de forma acotada y reglada: con operación servicios básicos, descuentos de sueldos, limitaciones de temporalidad y plazos.

Además, puedes disfrutar de los siguientes trabajos del equipo del CEP:

“Apuntalar la inversión pública”, columna Jorge Rodríguez, investigador CEP.
“El propietario que queremos ser”, columna Sebastián Izquierdo, coordinador académico CEP.
“Escuchar para proteger: el bienestar subjetivo en el centro del debate?”, columna Sandra Quijada, coordinadora área Opinión Pública CEP.
“Formación Técnica en un mercado laboral con desajustes”, columna Roberto Cases, investigador CEP.
“Más allá del Estatuto Administrativo: El laberinto del empleo público”, columna Alfonso España, investigador CEP.
«La Dipres también necesita ponerse al día», columna Jorge Rodríguez, investigador CEP.
“Cuando crecer no basta”, columna Sebastián Izquierdo, coordinador académico CEP.
Modernizar el Estado. Una agenda prioritaria de corto plazo. Propuesta elaborada conjuntamente por el Centro de Estudios Públicos (CEP), el Centro de Políticas Públicas UC y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

 

Referencias

Centro de Estudios Públicos, Chile21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo (2018). “Gestión de personas en el Estado”. Disponible en: https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/09/libro_gestion_3ene2018.pdf

Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado (2025). “Recomendaciones para la modernización del empleo público”. Disponible en: https://consejomodernizacion.cl/documentos/recomendaciones-del-consejo-asesorpara-la-modernizacion-del-empleo-publico

Consejo para la Transparencia (2025). “Informe de Fiscalización Personal Administración del Estado 2025”. Disponible en: https://www.consejotransparencia.cl/fiscalizacion_ta/informe-de-fiscalizacion-personal-administracion-del-estado-2025/

De la Maza, T. (2025). “Empleo público: el Estado en su laberinto”. Voces del CEP N°19. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-19-agosto-2025/

DIPRES (2026). Anuario Estadístico del Empleo Público en el Gobierno Central 2016-2025. Disponible en: https://www.dipres.gob.cl/598/articles-422423_doc_pdf.pdf?ts=1785531429 [acceso 12 de agosto 2026]

DIPRES (2026). Base de datos mensualizada de pagos del Estado a personas. Solicitada por transparencia.

DIPRES (2026). Informe trimestral de empleo en el sector público: Primer trimestre 2026. Ministerio de Hacienda. Disponible en: https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-24332.html#recuadros_articulo_5482_group_pvid_37782_0

Gamboni, C., Irarrázaval, I., Rodríguez, J. y Soto, S. (2026).  «Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo». Confederación de la Producción y del Comercio, Centro de Estudios Públicos y Centro de Políticas Públicas UC. Disponible en: https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2026/04/10-195703_cijr_Modernizar-el-Estado.-Una-agenda-prioritaria-de-corto-plazo.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas (2026). Boletín estadístico: Empleo trimestral N.º 330. Trimestre enero-marzo 2026. Disponible en:  https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2026/nacional/ene-nacional-330.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas (2026). Principales resultados: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2025 [Presentación]. Disponible en: https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/encuesta-suplementaria-de-ingresos/publicaciones-y-anuarios/s%C3%ADntesis-de-resultados/2025/sintesis_nacional_esi_2025.pdf?sfvrsn=7fa50699_4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2025). Datos abiertos Mineduc: cargos docentes y cargos asistentes de la educación. Disponible en: https://datosabiertos.mineduc.cl/cargos-docentes/ y https://datosabiertos.mineduc.cl/asistentes-de-la-educacion/  [acceso 12 de agosto 2026]

MINISTERIO DE SALUD (2025), Brechas de personal de salud por Servicios de Salud y especialidad. Oficio CP N°20457/2025.

OCDE (2026). “Public service review of Chile”. Disponible en: http://www.dipres.cl/598/articles-406517_doc_pdf.pdf

Rajevic, E. (2016). “Estudio comparado de sistemas de contratación y modelos de empleo público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, estudio encargado por el Ministerio de Hacienda. Disponible en: https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/modernizacion-del-estado/secretaria-de-modernizacion-del-estado/documentos/historicos/informe-final-estudio-comparado-de-sistemas-de-contratacion-y-modelos-de-empleo

Rodríguez, J., Balbontín, R. y Seemann, A. (2019). “Tendencias y desafíos del empleo público en Chile” en “Apurando el paso: 10 experiencias de reformas y modernización del Estado de Chile”, E. Paris y J. Rodríguez (editores), 1ra. ed., Santiago de Chile, Universitaria: Ediciones, FLACSO-Chile, 2019. Disponible en: https://flacso.cl/biblioteca/product/apurando-el-paso-10-experiencias-de-reforma-y-modernizacion-del-estado-de-chile/

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (s. f.). Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM): Datos municipales. Disponible en: Sistema Nacional de Información Municipal

 


Notas al pie

[1] La contrata abarca cerca del 55% del empleo en el gobierno central

[2] Periodo consistente con el criterio de los fallos de la Corte Suprema de los años 2022 y 2023 respecto de la confianza legítima para la renovación de contratas

[3] La planta abarca cerca del 22% del empleo en el gobierno central.

[4] Tradicionalmente este personal se encuentra a honorarios, o bien, a contrata sin mediar concursos, e incluye a quienes prestan asesoría directa al gabinete de los ministros, subsecretarios y jefes superiores de servicio.

 

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