Voces del CEP n°20

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Boletín N°20 | Septiembre 2025

Desafíos y prioridades para Chile 2026-2030

Por: Sylvia Eyzaguirre, Sebastián Izquierdo, Aldo Mascareño, Sebastián Soto y Rodrigo Vergara.

Ante las próximas elecciones presidenciales hemos decidido dedicar esta edición de nuestro boletín Voces a abordar las propuestas que consideramos prioritarias para el próximo período 2026-2030. Como investigadores del Centro de Estudios Públicos proponemos cinco áreas claves –orden público, crecimiento económico, modernización del Estado y gobernabilidad, salud y educación– elegidas en función de las principales preocupaciones de la ciudadanía (Encuesta CEP N° 94).

En cada una de las cinco áreas mencionadas, hemos delineado tres ejes de acción fundamentales, diseñados para ofrecer un marco de análisis robusto que nutra el debate público y oriente las políticas que deberá impulsar el próximo gobierno.

La preocupación por el orden público ha sido una constante en Chile desde el tránsito al siglo XXI. Comenzó experimentándose como delincuencia común a fines de la década de 1990, pero también como violencia de grupos etnonacionales en 1997 con el atentado de Lumaco, movimientos que hasta hoy emplean al pueblo mapuche como escudo de legitimación. En los 2000, los problemas de orden público se fueron haciendo regulares en los estadios con el crecimiento de las barras bravas sobre un trasfondo territorial que comenzaba a transitar desde ‘el hampa’ hacia el crimen organizado actual. Tiempos más democráticos sacaron a la luz la violencia sexual al interior de la Iglesia, así como la violencia en la pareja, la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Incluso apareció el ‘femicidio’ como un nuevo tipo penal. En la segunda década del siglo, todo ello se mezcló con una situación social crecientemente explosiva que se expresaba en protestas, en bullying escolar, en nuevos delitos en las calles (portonazos) y en el ámbito privado (robo violento en el hogar). Más allá de sus causas, el estallido social de 2019 fue empleado por algunos agentes políticos para justificar la violencia y desacreditar el uso de la fuerza legítima de Estado para contenerla. Todas las dimensiones del orden público mostraron entonces su fragilidad.

Este escenario histórico nunca fue dejando cosas atrás. Las acumuló e interrelacionó (Mascareño, Vergara y Gardella 2025). El confinamiento de la pandemia redujo momentáneamente los índices de inseguridad, pero su fin incrementó las cifras y la complejidad del problema. En los recientes cinco años se consolidó el crimen organizado en torno al narco, ahora con perfil transnacional. La inmigración, descontrolada desde 2018, contribuyó a este escenario. La escuela mostró que la agresión en la interacción se extendía al clima escolar y a la situación de los estudiantes en barrios y comunas asediados por organizaciones criminales; lo mismo que la violencia en los estadios.

La violencia intrafamiliar reveló que el problema se reproduce intergeneracionalmente; y distintos robos y asaltos ahora se ven relacionados a redes de crimen organizado. Instituciones como Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas alcanzaron altos niveles de confianza, pero lo logran menos por su capacidad de control de la delincuencia que por la expectativa de que lo hagan de modo eficaz. Varios casos recientes revelan el involucramiento de sus miembros en redes de narcotráfico y muestran la penetración institucional del crimen organizado, algo que ya se apreciaba a nivel de política local en distintas comunas del país. Todo ello deriva en la percepción de ineficacia de las policías, simbolizada en las altas cifras de delitos no reportados, incluso para crímenes violentos.

La complejidad de este problema demanda estrategias interinstitucionales. Tres medidas parecen ser las más urgentes para un próximo gobierno.

Recursos para policías y gendarmería. El control de la delincuencia y del crimen organizado requiere una inversión fuerte de recursos. Estos no son solo económicos o de incremento de dotaciones, sino también de conocimiento, inteligencia y de coordinación nacional e internacional en información y procedimientos. Se requiere de más efectivos mejor entrenados y de una inteligencia distribuida e institucionalizada que permita una visión general de los problemas y también la intervención territorial granular de los mismos. Las cárceles deben dejar de ser el ‘gobierno corporativo’ del crimen organizado. Esto pasa por nueva infraestructura, pero también por un conocimiento más preciso y un control más efectivo de las conductas y la comunicación en su interior, así como también por una fuerza profesional ajustada a las nuevas formas de crimen. El conocimiento territorial y práctico de las policías y gendarmería, así como los datos de que disponen, deben integrarse con actuales métodos de vigilancia digital, los que, bajo consideración de los derechos fundamentales, pueden permitir anticipar la comisión de delitos.

Reducción del subreporte de delitos. Más de la mitad de las personas que sufre delitos, incluso violentos, no los denuncia. La decisión de no reportar debiera motivar una política pública específica que muestre la importancia de la denuncia de manera independiente del caso. Esto refuerza el Estado de Derecho e incrementa la percepción de seguridad, pues la denuncia activa persecución, eventualmente castigo, promueve reparaciones y genera información para la prevención de futuras acciones o planes de vigilancia.

Control fronterizo. No es un misterio que el crimen organizado trasciende las fronteras. La masividad e irregularidad de la inmigración ha venido también asociada a un incremento de delitos, incluso contra los propios migrantes. Es preciso un mayor control de fronteras, desde policías especializadas hasta la tecnificación de aduanas. La geografía chilena ofrece muchos flancos para el ingreso por lugares no autorizados y para el despliegue del crimen organizado. Controles marítimos, aéreos, satelitales, terrestres son fundamentales para frenar la irregularidad y disolver las redes criminales, tanto las que se establecen con el exterior, como las que se han formado en distintas partes del país con grupos internos.

A mediados de la década de 1980, Chile empieza un proceso virtuoso de crecimiento, que se traduce en un aumento promedio anual del PIB de sobre 5% durante 30 años. Sin embargo, a partir de 2014, ese proceso se interrumpe abruptamente y el crecimiento promedio de estos últimos 11 años ha alcanzado apenas un 2%. El PIB tendencial, según fuentes oficiales, crece en un rango similar, lo que plantea un enorme desafío futuro. En efecto, con dicha cifra se hace muy difícil lograr la meta de ser un país desarrollado en un plazo razonable, el mercado laboral se resiente y las oportunidades y bienestar de los chilenos se acotan.

A pesar de que muchos en la actual administración no consideraban relevante este tema, o directamente lo despreciaban, se ha ido formando un consenso que sin crecimiento es imposible satisfacer las crecientes necesidades de la ciudadanía. Este consenso es una buena noticia. En efecto, es notable que hoy las principales candidaturas para las elecciones presidenciales de fin de año mencionan al crecimiento económico como una de sus más altas prioridades. Crecer implica mayor empleo, mejores salarios y mayor capacidad de “llegar a fin de mes” sin sobresaltos.

La pregunta que naturalmente surge es qué medidas podrían tomarse para lograrlo. En los últimos años ha habido importantes aportes y análisis en este campo y, por lo tanto, podrían mencionarse muchas de las medidas propuestas, sin embargo, ahora recomendamos enfocarse en estas tres:

Reducción del impuesto corporativo. Durante las últimas dos décadas, mientras el resto del mundo bajaba su tasa de impuesto corporativo, Chile la subía. Tal fue la divergencia que hoy es superior a la de los países OCDE. En un mundo donde las inversiones compiten por mejores retornos, esto ha debilitado la inversión y el crecimiento. Según la Comisión Marfán (2023), dicho aumento ha restado más de 8 puntos porcentuales al PIB. La propuesta es, entonces, bajar la tasa de impuesto a las empresas a 23% y luego seguir en una senda hasta llegar al 20%. Para compensar el efecto en la recaudación será necesario ajustar el gasto, lo cual es factible tal como lo propone el documento “En busca de espacio fiscal: líneas de acción para contener y priorizar el gasto público”, publicado recientemente por el equipo económico del CEP.

Reducir y modernizar significativamente los permisos para realizar inversiones. Esto, que ha sido llamado la “permisología”, tiene un efecto importante en la inversión y el crecimiento. El esfuerzo que se ha hecho con los permisos sectoriales es destacable, pero no es suficiente. Se debe avanzar en modernizar y dotar de mayor eficiencia a diversas instituciones –quizás la más emblemática, pero no la única, es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)– sin olvidar simplificar y dotar de certezas a la tramitación de los permisos ambientales. El informe de la Comisión Marfán y el estudio de Ugarte y Sawan (2025) muestran que recortar el tiempo de los permisos tiene un efecto importante en la actividad económica.

Según un informe de 2023 de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, el CMN recibe el tercer mayor volumen de permisos prioritarios para la inversión. Sin embargo, su funcionamiento no ha estado a la altura de lo que se requiere, paralizando injustificadamente un sinnúmero de proyectos. La Contraloría General de la República ya emitió un duro informe en 2024 sobre la materia. En este contexto, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley de patrimonio cultural. Sin embargo, dichas indicaciones no parecen claramente orientadas a una mayor eficiencia en la tramitación de las autorizaciones. Así, por ejemplo, entre ellas se modifica el CMN y se reemplaza por el Consejo de los Patrimonios Culturales, pasando de 23 a 30 representantes de distintos intereses culturales y políticos, lo que en principio aumentaría la presión por intereses sectoriales y haría menos eficiente y más pesado el proceso de toma de decisiones. Si se quiere acelerar las autorizaciones, la reforma debiera apuntar a un órgano más ejecutivo y ágil.

Impulsar un masivo programa de concesiones. Este debe incluir distintas áreas de infraestructura como puertos, aeropuertos y autopistas. En el pasado las concesiones demostraron su eficiencia y ello sigue siendo así, pero, precisamente por burocracia y falta de decisión, hoy tienen un ritmo insuficiente para cubrir los requerimientos del país. Esto no sólo tiene efectos en el crecimiento tendencial a través de la inversión, sino además por el aumento de productividad que ello conlleva. Adicionalmente, tiene un efecto cíclico, que permite reactivar la economía en el corto plazo.

En un reciente artículo, Fukuyama et al. (2025) muestran el fuerte lazo que ha ido uniendo en todo el mundo el desempeño de los gobiernos y la confianza en la democracia. Con diversos datos, revelan que los ciudadanos están dudando de la habilidad de esta última para mostrar resultados. Esto no solo en función del crecimiento económico o de la generación de empleos; también considerando la capacidad de levantar obras de infraestructura importantes, programas sociales con impacto y otros proyectos ambiciosos.

No podemos mirar con distancia esta tendencia. También en Chile debemos preguntarnos por la capacidad que tiene el Estado, y la que tendrá el gobierno que lo lidere en los próximos cuatro años, de hacer realidad una agenda política que muestre resultados. Se trata de una pregunta que nos vincula con la modernización del aparato público, la gobernabilidad y, en última instancia, con la salud de nuestra democracia.

El escenario no es auspicioso. Los ciudadanos confían poco en el Estado y, desde hace una década, se ha expandido la percepción de corrupción (Salgado 2025). La capacidad de reaccionar ante desafíos contemporáneos se aprecia severamente dañada. Y la posibilidad de liderar proyectos ambiciosos está ahogada en un mar de permisos sectoriales que impiden el crecimiento y la generación de empleos (Ugarte y Sawan 2025). La gobernabilidad no está mejor: la fragmentación, la explosión de independientes al interior del Congreso y la retórica de la polarización auguran un escenario tormentoso para las autoridades políticas del futuro gobierno (García-Huidobro et al. 2024 y Mascareño et al. 2025).

En este contexto, tres debieran ser las preocupaciones principales del futuro gobierno para empezar a modernizar el Estado y fortalecer la gobernabilidad.

Empleo Público. La gestión de personas al interior del Estado es una tarea tan relevante como difícil. Es relevante, porque el delivery estatal depende de personas que hagan bien su trabajo; pero es también difícil porque la reglamentación del empleo público es un laberinto de leyes, sentencias judiciales y dictámenes de la Contraloría que han reducido al máximo los incentivos al trabajo bien hecho (De la Maza 2025). Una reforma integral al empleo público requiere propuestas, pero sobre todo, musculatura política.

Para partir, se debiera i) prohibir, al menos por algunos años, el aumento en el número de funcionarios públicos en ejercicio, tanto en el sector municipal, regional y central, exigiendo que toda nueva contratación sea un reemplazo. Ii) establecer que las licencias médicas en el sector público se paguen solo hasta el tope imponible y se apliquen los días de carencia, como en el resto del sistema. Esto combate el ausentismo e implica una reducción del gasto público (Bastidas et al. 2025). Por último, iii) aunque es necesario una reforma integral al empleo público, lo más urgente es partir por modificar el sistema de calificación y los mecanismos de salida para funcionarios mal evaluados, en línea con la propuesta de cuatro centros de estudios (CEP et al. 2019).

Gobernabilidad. La relación Ejecutivo–Legislativo atraviesa momentos duros. Algunas iniciativas intentan pacificar el Congreso generando bancadas más estables y cohesionadas. Otras buscan corregir incentivos modificando las reglas actuales de financiamiento de la política. Una agenda para la gobernabilidad requiere seguir avanzando con esos proyectos y sumar otras reformas legales y constitucionales que corrijan malas prácticas. Para eso, se debe i) continuar con la tramitación de los proyectos que fijan umbrales electorales a los partidos para poder elegir parlamentarios, limitan el transfuguismo y modifican la ley de gasto electoral. ii) Frenar el abuso de las acusaciones constitucionales que entorpecen el trabajo del Gobierno y el Congreso, elevando los requisitos de presentación y los quórums de aprobación. iii) Impedir que, por la vía de reformas constitucionales, se vulnere la iniciativa exclusiva del Presidente como ocurrió en el caso de los retiros. iv) Volver a examinar el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales para contener el incentivo a la fragmentación.

Puesta en marcha de la Ley de Permisología. El gobierno actual –incluso en contra de su propia coalición– logró aprobar la ley marco de autorizaciones sectoriales. Esta ley aún no ha sido publicada en su versión definitiva porque el Tribunal Constitucional está revisando algunos de sus artículos que abordan materias orgánicas constitucionales. El próximo gobierno deberá ponerla en marcha. En especial, es crucial i) dictar los múltiples reglamentos que permitirán la ejecución expedita de la ley y, en especial, el decreto supremo que clasifica las autorizaciones sectoriales; ii) dictar los decretos con fuerza de ley que permiten modificar leyes sectoriales específicas para adecuarlas a la nueva ley; y iii) poner en marcha la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión para generar, desde el interior del Estado, una instancia con poder político para movilizar los proyectos de inversión.

Chile cuenta con un sistema de salud que, pese a sus tensiones, muestra indicadores favorables en la comparación internacional. La esperanza de vida es de 81 años, similar al promedio de los países que integran la OCDE (80,3), y la mortalidad por enfermedades evitables es menor que en países de ingresos similares. Chile destina 9,1% del PIB a salud, en línea con la OCDE (9,2%), aunque el gasto por habitante es casi la mitad (OCDE 2023). Pese a los avances, persisten factores que comprometen la sostenibilidad del sistema y reproducen desigualdades en el acceso, especialmente en la calidad y oportunidad de la atención.

Uno de los principales problemas es la baja productividad en el uso de los recursos. Aunque en la última década el gasto real en salud se ha duplicado, los resultados —como egresos hospitalarios y consultas— no han crecido al mismo ritmo. El sector enfrenta un déficit crónico de recursos humanos y de infraestructura en comparación con los estándares internacionales (CNP, 2022; OCDE, 2023). A ello se suman ineficiencias de gestión, como el bajo uso de los pabellones hospitalarios, que solo operan al 53% de su capacidad (CNP, 2020). Además, la Atención Primaria en Salud (APS) aún no logra consolidarse como un nivel resolutivo ni preventivo. Todo esto ocurre en un contexto de gasto público sistemáticamente superior a lo presupuestado por más de una década.

Persisten, además, falencias estructurales. La coexistencia de Fonasa e isapres, con lógicas distintas y una regulación deficiente, consolidó un sistema fragmentado y desigual. Fonasa concentra a los usuarios de mayor riesgo y menores ingresos, funcionando más como una ‘caja pagadora’ que como un asegurador público, lo que genera mayores presiones fiscales y aumento en las listas de espera. Mientras las isapres son cuestionadas por alzas sostenidas, planes múltiples y complejos, altos precios y exclusiones por preexistencias. A todo ello se suma un gasto de bolsillo del 30%, con un tercio destinado a medicamentos (Bolbarán, 2024).

Este panorama explica que la salud sea hoy la principal preocupación ciudadana después de la delincuencia, según la Encuesta CEP N°94 2025. A continuación, las tres propuestas que consideramos más urgentes para el sector.

Plan de Salud Único con múltiples aseguradoras. Se requiere avanzar hacia un sistema de seguridad social, donde se compartan riesgos y se unifiquen los objetivos público-privados, garantizando acceso según necesidad y no capacidad de pago. Para ello, se propone un Plan de Salud Único, de acceso universal, que contemple gradualmente beneficios explícitos en salud física y mental en todos los niveles —promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación—, que incluya medicamentos. Todo ello sería financiado por contribuciones salariales y aportes fiscales, con redistribución de recursos hacia las aseguradoras que afilien a las personas de mayor riesgo, garantizando la libre elección entre un asegurador estatal, como Fonasa, y otros privados, sin discriminación por riesgo.

Fortalecer Fonasa y los prestadores estatales para una mejor gestión. La gestión deficiente mantiene listas de espera pese a avances como el GES. Aunque el sistema GRD ha mejorado la oportunidad en la asignación de recursos a hospitales, persiste la brecha entre planificación y capacidad operativa. Se requiere una reforma integral de Fonasa —revisando rol, estructura y atribuciones (CEP 2022)— que vincule los pagos a resultados e incorpore evaluación de desempeño de los hospitales, junto con medidas para aumentar la productividad mediante criterios transparentes de prelación y derivaciones ágiles al sector privado bajo estándares públicos. Como contraparte, los hospitales deben contar con autonomía para ejercer frente a Fonasa y tomar decisiones que mejoren su productividad y permitan cumplir los convenios de desempeño. Se ha propuesto (Vergara, 2015; CEP-ESP, 2017; Imaginacción, 2020) que la administración hospitalaria sea asumida por una entidad estatal independiente del Ministerio de Salud, con atribuciones para definir la planta de funcionarios, sus remuneraciones y demás condiciones laborales.

Reforma a la Atención Primaria. La APS es el pilar fundamental de todo sistema sanitario. En Chile, concentra cerca del 80% de las prestaciones del sector público, lo que refuerza su rol estratégico. Se propone instaurar un esquema nacional integrado para la gestión de la demanda en los centros de atención primaria (estatales, como los CESFAM, y privados), incorporando modalidades de atención presencial, teleasistida y domiciliaria. Para ello, es necesaria la normativa sobre interoperabilidad de los sistemas con el fin de implementar la ficha digital universal, ampliar la oferta de prestaciones otorgadas por la APS incorporando exámenes y procedimientos de menor complejidad, teleconsultas y telemonitoreo, y optimizar la cobertura y gestión de pacientes según su nivel de complejidad. Ello requiere rediseñar el mecanismo y el monto de pago en este nivel. En el caso de los aseguradores privados, se debe promover e incentivar el modelo de atención con redes preferentes a través de médicos de cabecera, avanzando hacia una atención más integral, resolutiva y de menor costo.

La educación es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía (CEP 2025). Ello es natural, toda vez que los resultados muestran un preocupante estancamiento. La prueba PISA, que evalúa los aprendizajes en lectura, matemática y ciencias en jóvenes de quince años, nos muestra que hace tres lustros que Chile no tiene avances en los logros de aprendizaje de sus estudiantes y que estos todavía son excesivamente bajos en comparación con el promedio de los países de la OCDE. En la última prueba PISA de matemática, casi el 60% de los jóvenes se ubicó bajo el nivel 2, que es el nivel mínimo para desempeñarse funcionalmente en el mundo de hoy. En los países de alto rendimiento este porcentaje es menor a 10% y entre los países de la OCDE el promedio fue de 31%, la mitad que nosotros (OCDE 2023).

En los últimos 12 años, la educación ha estado sometida a cambios profundos, transformaciones que no se han traducido en una mejora de los aprendizajes. A más de una década de las últimas reformas observamos que la gestión escolar se ha burocratizado, los equipos directivos han perdido autonomía, los docentes presentan alto porcentaje de licencias y rotación, los liceos de excelencia prácticamente desaparecieron, la educación pública aumentó exponencialmente la dotación de los asistentes de la educación y carece de incentivos suficientes para atraer a directores de altas competencias, y la formación inicial docente sigue siendo academicista, con graves carencias en competencias básicas como la enseñanza de la lecto-escritura y las operaciones básicas de la matemática, además de ser poco atractiva para jóvenes con talento académico y vocación pedagógica.

Debemos volver a priorizar aquellos factores que inciden en la calidad de la interacción entre el docente y el estudiante, focalizando el esfuerzo en la última milla. A continuación, relevamos tres tareas que consideramos fundamentales para retomar la senda del progreso educativo.

Priorizar la enseñanza de la lecto-escritura y las operaciones matemáticas. Ello exige i) mejorar los recursos pedagógicos de lenguaje y matemática que se utilizan en el aula, como los programas y textos escolares (y no las bases curriculares), con especial énfasis en los últimos dos años de la educación parvularia y el primer ciclo de educación básica (1° a 4° básico), de manera de facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura a través del método fonético y las operaciones básicas matemáticas con metodologías que enseñen desde lo concreto hacia lo abstracto con foco en la metacognición; ii) concentrar las capacitaciones en educadores y docentes del primer ciclo de educación básica en el desarrollo de competencias en la enseñanza de la lecto-escritura y la matemática; iii) robustecer la formación inicial de educadores y docentes, fortaleciendo el desarrollo de competencias pedagógicas en la enseñanza de la lecto-escritura y de las operaciones básicas en matemática, y evaluar dichas habilidades en la Evaluación Nacional Diagnóstica; y iv) implementar un programa piloto de apoyo pedagógico a los niños de segundo, tercero y cuarto básico que muestran rezago en sus aprendizajes de lectura y matemática en línea con las prácticas de los países con mejor desempeño. De tener éxito el piloto, este se puede escalar reformando el actual Programa de Integración Escolar (PIE).

Fortalecer la carrera docente. La calidad de los docentes es el techo de la calidad de la educación, de ahí la necesidad de fortalecer la carrera docente. Para ello, se propone: i) mantener las actuales exigencias para el ingreso a las pedagogías; ii) hacer más atractiva la carrera docente aumentando el reconocimiento económico que reciben los educadores y profesores en los tramos Experto I y II, y disminuyendo los años de experiencia para alcanzar dichos tramos; y iii) flexibilizar las causales de despido que rigen al sector público para desvincular oportunamente a los docentes y educadores de bajo desempeño.

Más y mejor educación parvularia. La evidencia internacional es robusta en mostrar el alto retorno social de la inversión en la primera infancia; lo que se acrecienta en las personas más vulnerables. En materia de cobertura, se constata una disminución de ésta en los últimos años de la educación parvularia y aún no gozamos de acceso universal a los niveles medios. En materia de calidad, todavía se observan brechas inequitativas en el financiamiento de la educación parvularia y el escaso avance en la formación del área de calidad de la educación parvularia en la Agencia de la Calidad de la Educación. Para abordar estos desafíos, se propone: i) realizar una campaña nacional que transmita a las familias la importancia de la educación parvularia; ii) crear acceso universal a los niveles medio mayor y medio menor en un horizonte de 8 años; y iii) eliminar las brechas de financiamiento entre las salas cunas y jardines infantiles de JUNJI/ Fundación Integra y aquellas que se financian vía transferencia de fondo (VTF) o en convenio con Integra creando una subvención con un monto equivalente al gasto por niño en JUNJI a cargo de la subsecretaría de educación parvularia.

Referencias

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Sobre los autores

Sylvia Eyzaguirre es licenciada en Filosofía por la Universidad de Chile y doctora en la misma disciplina por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg, Alemania. Actualmente, se desempeña como investigadora senior del CEP y es miembro del Consejo Nacional de Educación.

Sebastián Izquierdo R. es ingeniero comercial con mención en Economía y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como investigador y coordinador académico del CEP. Además, es miembro del Consejo Fiscal Autónomo y presidente de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas.

Aldo Mascareño es doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Actualmente es investigador senior del CEP, editor general de la revista Estudios Públicos e investigador principal del grupo de humanidades digitales C22-CEP. También es profesor de Sociología en la Universidad Adolfo Ibánez.

Sebastián Soto es licenciado en Derecho por la Universidad Católica, máster en Derecho LLM por la Universidad de Columbia y doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente es investigador del CEP y profesor asociado de la Universidad Católica.

Rodrigo Vergara es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Actualmente es investigador senior del CEP, profesor del Instituto de Economía UC y miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

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