Voces del CEP: El Futuro del Traspaso a los Servicios Locales de Educación

Diciembre 2023

BOLETÍN “VOCES DEL CEP” – N°1

En esta primera edición del boletín “Voces del CEP”, dedicado al análisis de temáticas relevantes para Chile, publicamos una columna de nuestro investigador, Sebastián Izquierdo, acerca del nuevo Sistema de Educación Pública y las problemáticas que ha enfrentado la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El Futuro del Traspaso a los Servicios Locales de Educación

Sebastián Izquierdo, investigador y coordinador académico CEP

El preocupante panorama que enfrenta el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama pone de manifiesto serias dificultades en su diseño y gestión, que lamentablemente no son únicos de este caso, sino más bien estructurales, un problema mayúsculo que entorpece el verdadero desafío de una educación de calidad.

Los datos son claros: casi la mitad de los estudiantes de cuarto básico de familias con bajos ingresos tiene dificultades en Lectura y Matemáticas, y la situación empeora en segundo medio, donde la mayoría carece de las habilidades y conocimientos básicos, según el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 2022.

Para erradicar esta injustificada desigualdad que afecta a más de dos tercios de los estudiantes, es crucial mejorar la educación estatal. Este debe ser el objetivo fundamental de los SLEP, organismos creados por la ley n° 21.040 de 2017, la que establece el traspaso paulatino de toda la educación municipal, casi 5 mil establecimientos, equivalente al 35.4% de la matrícula nacional en 2023, a 70 SLEP en todo Chile en 2027. Estos serán coordinados por un organismo centralizado, la Dirección de Educación Pública (DEP) del Ministerio de Educación. La administración de los establecimientos educacionales, si bien seguirá siendo descentralizada, será considerablemente más concentrada.

A cinco años de haber comenzado la implementación del nuevo Sistema de Educación Pública con los primeros 11 SLEP y considerando este desafío de mejora educativa, no solo no se observan avances en los resultados del reciente SIMCE (ver tablas 1 y 2), sino que también se acumulan debilidades importantes en el diseño e implementación del sistema.

Dichas deficiencias están teniendo graves consecuencias, especialmente en las comunidades más desfavorecidas, como lo evidenció el dramático caso del paro docente en Atacama. Éste condujo a la suspensión de las clases por más de 80 días (Salgado, 2023). ¿Cómo es posible que, además del enorme desafío de mejorar la calidad de la educación en el sector municipal, se sumara una reforma administrativa de esta magnitud? Para poder responder a esta interrogante es necesario retroceder algunos años.

Los orígenes

Históricamente, Chile ha presentado dos formas de provisión de educación subsidiada por el fisco: una de gestión estatal y otra de gestión privada. La participación relativa de ambas ha fluctuado en el tiempo, aunque la matrícula en manos de los establecimientos de gestión pública fue mayoritaria, al menos, desde fines del siglo XIX (Ossa 2007). 

Sin embargo, esto cambió en las últimas décadas. La educación estatal no solo dejó de ser mayoritaria, sino que perdió participación relativa con rapidez, fenómeno que se ha revertido en alguna medida producto de la inmigración. 

Existen varios factores que podrían explicar esta situación, aunque es difícil determinar empíricamente la importancia relativa de cada uno de ellos. Uno de ellos alcanzó un reconocimiento transversal, al menos desde el 2006, como se refleja en el informe del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Este señala que “el desempeño actual del sistema de administración municipal de la educación es negativo”, basándose en una serie de condiciones perjudiciales para este sector, entre las que se encontraban: la falta de financiamiento adecuado para sus responsabilidades, la confusión de roles entre el Ministerio de Educación y los municipios, la escasa delegación de competencias a las escuelas, la desigual relación entre el sector municipal y el sector particular subvencionado, y, según parte de los miembros, la insuficiencia en el tamaño y las capacidades de gestión de los municipios. 

Se necesitaron cinco años adicionales, hasta el Panel de Expertos para una Educación de Calidad en 2011, para llegar a un acuerdo sobre cómo abordar la institucionalidad de la educación municipal. Este panel estaba convencido de la necesidad de realizar cambios en el sistema de administración y gestión de este sector. En ese momento, ya se advertía que la mejora de la educación estatal implicaba otras reformas esenciales. Sin olvidar que los avances en  la enseñanza y el aprendizaje dependen del compromiso, la motivación y la colaboración de la comunidad escolar, aspectos que estaban fuera del alcance de la propuesta planteada.

Si bien a fines de 2008, el gobierno de Michelle Bachelet presentó en el Congreso el proyecto de ley «Fortalece la Educación Pública» (Boletín 6251-04) en respuesta a las movilizaciones estudiantiles de 2006, dicha iniciativa  no logró consenso y no fue objeto de debate, siendo finalmente retirada a principios de 2010. Esta fallida propuesta, junto con las del Panel de Expertos en 2011, fueron los insumos de la Ley N° 21.040 que estableció el Sistema Nueva Educación Pública, el que ponía  fin a la municipalización de la educación estatal iniciada en la década de 1980.

La nueva estructura

¿En qué consiste esta nueva institucionalidad de educación pública que quita a los municipios el control de los establecimientos y crea los servicios locales? (ver figura 2) La nueva estructura se compone de varias piezas, como la DEP, perteneciente al Ministerio de Educación, encargada de la dirección estratégica y coordinación del sistema.

En un segundo nivel, en tanto, los SLEP  asumen las responsabilidades de los municipios en la provisión del servicio educativo con un enfoque en la calidad, equidad y participación de la comunidad. Para cumplir con estas funciones, brindan apoyo técnico-pedagógico y de gestión a los establecimientos (ver destacado 2). 

Cada Servicio Local es encabezado por un director ejecutivo designado por Alta Dirección Pública (ADP) y cuenta con un Consejo Local de Educación que incluye a miembros de la comunidad educativa para representar las necesidades y particularidades de estas comunidades. Se suma  un Comité Directivo Local que incluye representantes de grupos de padres, la municipalidad y el gobierno regional. Su objetivo es asegurar el desarrollo estratégico adecuado del servicio, la rendición de cuentas del director ejecutivo ante la comunidad local y la conexión del Servicio Local con las instituciones gubernamentales de las comunas y la región.

En el contexto de la discusión del presupuesto público para el 2024, trabada por los problemas en la implementación gradual de los SLEP, se logró un acuerdo a través de un protocolo que estableció una «suspensión transitoria». Esto implicó la detención temporal de la transferencia de los servicios educativos a los SLEP, cuyo inicio estaba originalmente programado para el 1 de enero de 2024, aplazado ahora por las actuales autoridades hasta 2027. Dicha  suspensión no afectará a los servicios que, según la evaluación del Ministerio de Educación, estén preparados adecuadamente para realizar la transición.

Las deficiencias

La ley n° 21.040 prevé la creación de un Consejo de Evaluación durante la fase de implementación de los SLEP. Hasta la fecha, se han publicado cinco informes anuales de seguimiento sobre el funcionamiento del Sistema de Educación Pública para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, además de un informe de evaluación intermedia dado a conocer  en marzo de 2021, que abarca el período comprendido entre 2018 y 2020. 

¿Cuáles son las principales deficiencias que se han identificado en el sistema? Para responder a esta pregunta, se consultaron  tres tipos de fuentes relevantes. En primer lugar, el debate legislativo, con el propósito de resaltar que muchas de las dificultades  que han salido a la luz pública recientemente habían sido previamente advertidas. 

Luego, utilizamos el último informe del Consejo de Evaluación, donde queda en evidencia que  la mayoría de las deficiencias detectadas durante el seguimiento de la implementación, mencionadas en el informe inicial, se repiten anualmente. 

Y finalmente, se analizaron las  24 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República con el objetivo de demostrar que las deficiencias no solo están presentes en el caso de Atacama, sino que también en los otros SLEP implementados (ver figura n° 1). 

Las principales deficiencias son las siguientes ¹: 

1. Diseño de la política

A pesar de que la ley de desmunicipalización lleva varios años implementándose –en un contexto marcado por una serie de reformas sistémicas anteriores, como la Ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 20.529–, aún enfrenta dificultades para integrarse y coordinarse de manera efectiva dentro de todo el ecosistema educativo. Esto se debe, en parte, a las regulaciones ambiguas relacionadas con las responsabilidades y tareas de los equipos de los SLEP (sobre todo en lo relativo al apoyo técnico-pedagógico) en comparación con las obligaciones y funciones de los equipos ministeriales, como las Secretarías Regionales Ministeriales  (SEREMI) y los Departamentos Provinciales (DEPROV). Esto fue advertido en el debate legislativo inicial y, luego, reiterado año a año.

Otro aspecto crucial del diseño de la ley radica en la gestión de los fondos estatales asignados a los SLEP y sus instituciones educativas. Como entidades del Estado, están sujetos a ciclos presupuestarios anuales y otras limitaciones establecidas por la Ley de Presupuestos que se entrelazan con las normativas de la Ley de Subvenciones. Esta doble regulación ha generado dificultades en la planificación y gestión de los presupuestos. Por un lado, existe incertidumbre en cuanto a los recursos disponibles a través de subvenciones; y por otro, se enfrenta un presupuesto anual que no permite la transferencia de fondos de un año a otro, lo cual está acompañado de rigideces propias del sector estatal, pero contrasta con las dinámicas necesidades del sector educacional. Esta situación impacta de manera negativa en la calidad de la educación que se ofrece (Eyzaguirre, Izquierdo y San Martín, 2021).

Los SLEP enfrentan desafíos territoriales y de conectividad, los cuales están marcados por su gran extensión y heterogeneidad, que abarca un amplio número de comunas cubiertas, una extensa superficie territorial, una considerable cantidad de estudiantes y una significativa proporción de escuelas rurales. Por ejemplo, en la discusión legislativa se mencionaron los 500 kilómetros de distancia entre una ciudad y otra en la Región de Aysén.

En relación con la gradualidad en la implementación de los SLEP, y teniendo en cuenta las diversas dificultades y lecciones aprendidas en los traspasos, se plantea el desafío futuro de asegurar que la implementación restante logre un adecuado equilibrio entre los aspectos administrativos y pedagógicos, lo cual no se logró en el pasado.

Un problema derivado del diseño legal es la falta de incentivos adecuados para suscribir los convenios del Plan de Transición, los cuales son fundamentales para el traspaso del servicio educativo desde el municipio hacia el nuevo SLEP. La naturaleza voluntaria de estos acuerdos entre el Ministerio de Educación y las municipalidades o corporaciones municipales, junto con la capacidad de la Superintendencia de Educación para auditarlos, ha demostrado ser un obstáculo significativo para un traspaso adecuado.

2. Gestión pedagógica

Durante los primeros años de implementación, varios estudios señalaron ciertas debilidades en la gestión técnico-pedagógica. Principalmente, se observó que durante los periodos de traspaso se dio prioridad a las tareas administrativas y operativas, dejando poco espacio para las prácticas de planificación, implementación y evaluación del proceso educativo.

Un aspecto preocupante es que la carga administrativa excesiva parece ser un obstáculo, especialmente para los jefes de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógica (UATP). Aunque el último informe resalta que los equipos de acompañamiento pedagógico se están fortaleciendo y menciona iniciativas prometedoras en diferentes SLEP para mejorar la enseñanza, aún no se observan avances significativos en los resultados SIMCE y los desafíos en la trayectoria educativa como de convivencia también están presentes (ver tablas 1 y 2). 

Dado el poco tiempo transcurrido y el porcentaje de SLEP implementados, puede ser apresurado obtener conclusiones generales. Sin embargo, según el estudio de Arzola (2023) basado en el SIMCE 2022, no se observan mejoras en los resultados de los SLEP implementados hace 5 años entre los escolares de 4° básico, es decir, aquellos que comenzaron la educación básica en el año del traspaso a la nueva administración, completando todo su ciclo bajo esta gestión. El estudio indica que, a excepción de Barrancas, los estudiantes presentan un rendimiento inferior al de la última cohorte educada bajo la administración municipal.

3. Gestión de infraestructura, equipamiento y recursos educativos

Los eventos recientes en el SLEP de Atacama han hecho ver la importancia de mejorar y mantener la infraestructura y el equipamiento en buen estado para llevar a cabo la labor educativa. Este desafío se ha agravado debido al tamaño y la naturaleza de los SLEP como instituciones estatales, lo que ha resultado en procesos burocráticos y lentos en comparación con la mayor flexibilidad que tenían los municipios.

A modo ilustrativo, a partir de diferentes auditorías, es posible concluir que los desafíos de gestión son una realidad. En lo que respecta a la gestión de infraestructura, el órgano fiscalizador ha informado deficiencias en la evaluación previa del estado de los bienes, el mal estado de conservación de elementos críticos como extintores, ascensores y montacargas, la falta de certificaciones y permisos necesarios, el incumplimiento de los requisitos de seguridad y problemas en los servicios higiénicos, incluyendo la carencia de instalaciones adecuadas para personas con discapacidad (Informes Finales N° 534-2021; N° 815-2022; N° 118-2023).

Otro aspecto relevante, especialmente en la actual etapa de implementación, se refiere a uno de los principales problemas en el proceso de traspaso hacia los SLEP: la falta de información adecuada. En un contexto de múltiples problemas heredados de la administración municipal, se incluye la falta de regularización de establecimientos educativos construidos en terrenos compartidos con otros servicios municipales, así como las dificultades estructurales de edificios antiguos que no pueden resolverse con simples labores de mantenimiento.

Puesto que cada SLEP comienza a administrar inmediatamente un número considerable de establecimientos educacionales con sus propias particularidades, el esfuerzo de puesta en marcha no solo debe recaer en dicha institucionalidad, sino que también debe ser considerado un desafío de Estado. Esto implica una necesidad de mayor coordinación interministerial.

4. Gestión de recursos financieros

Los desafíos actuales en la gestión de recursos financieros incluyen sobredotación, burocracia y rigidez en su administración. El estudio de ClioDinámica (2021) advierte una sobredotación de personal docente y asistente heredado de la administración municipal en los establecimientos educativos transferidos a los SLEP, lo que resulta financieramente insostenible. 

Bajo el nuevo sistema, que opera según la Ley de Presupuestos y la Ley de Compras Públicas, entre otras normativas, la gestión de gastos se ha vuelto más complicada y rígida en comparación con la antigua administración municipal, que permitía un manejo de recursos más flexible. 

En aquel contexto de mayor complejidad financiera y poca experiencia en la administración de los recursos públicos, en diferentes informes de auditoría se observan hallazgos de alta complejidad reiterados en los diversos servicios locales, como desvíos de recursos a cuentas con objetivos distintos e incluso pagos con recursos de otras fuentes de financiamiento (Informes Finales N° 843-2019; N° 987-2021; N° 306-2022; N° 824-2022). Además, la Contraloría detectó aspectos críticos en las rendiciones de cuentas, entre ellos, deficiencias en la justificación de gastos y discrepancias notables en estas (Informes Finales N° 987-2021; N° 427-2022; N° 306-2022).

5. Gestión de personal

La selección de directores ejecutivos y subdirectores mediante ADP, enfrenta desafíos para captar candidatos apropiados en ciertas áreas, especialmente en regiones más remotas.

Recientemente han salido a la luz pública reclamos sobre irregularidades en el concurso de ingreso a la planta del SLEP de Magallanes, evidenciando falencias en los procesos de selección (Ex Ante 2023). A esto se añaden denuncias sobre vínculos de funcionarios de los SLEP con partidos políticos, y su cuestionable experiencia y conocimiento técnico para los roles requeridos. Además, con el traspaso de funcionarios municipales a los SLEP, varias personas han asumido cargos para los cuales no poseen la experiencia necesaria. Por último, es posible que la estabilidad laboral que efectivamente garantiza el estatuto docente, así́ como la rigidez propia de un servicio público, estén jugando un papel en la falta de resolución de este asunto que fue advertido desde la discusión parlamentaria durante la tramitación de esta ley.

Los procesos de selección ADP no son tan expeditos como se requiere, sino que tienden a ser lentos. Esto se debe, en parte, a la formación tardía de los Comités Directivos Locales, causando retrasos en los concursos y nombramientos, además de una capacidad limitada del Servicio Civil y del Ministerio de Educación para administrar esta enorme cantidad de concursos.

Pero más allá del reclutamiento del personal es crucial contar con políticas, procedimientos y prácticas para formar un equipo idóneo, competente y comprometido, y promover un clima laboral positivo. A partir de la revisión de los informes de auditoría surgen importantes debilidades estructurales en la gestión de recursos humanos. Sorprendentemente, el servicio de Atacama realizó pagos por remuneraciones a 21 funcionarios que no contaban con contrato vigente. Sin embargo, los cuatro servicios locales auditados (Costa Araucanía, Barrancas, Puerto Cordillera, Gabriela Mistral) evidenciaron faltas generales de control financiero y administrativo en los pagos al personal. Estas faltas incluyen problemas como pagos excesivos, duplicados, sin respaldo, omisiones en descuentos por inasistencias, errores en los cálculos de remuneraciones, entre otros (Informes Finales N° 753-2021; N° 832-2021; N° 539-2023, N° 556-2023). Además, se observó la persistencia de procedimientos disciplinarios pendientes en los SLEP de Puerto Cordillera y Valparaíso, lo que pone en riesgo la probidad administrativa (Informes Finales N° 901-19;  N°118-2023).

6. Participación y vinculación

Un aspecto crucial de los nuevos SLEP es su participación y conexión con la comunidad local. La ley establece dos entidades fundamentales para esta función: los Comités Directivos Locales (CDL) y los Consejos Locales de Educación Pública (CLEP), toda una innovación mundial en la gobernanza de la educación que requerirá ajustes a medida que evoluciona. Sin embargo, una debilidad observada tempranamente es que los CLEP no se han conformado dentro de los plazos establecidos, además de existir dudas sobre su rol efectivo. Cabe señalar que durante la discusión legislativa este aspecto fue discutido.

La participación comunitaria en los SLEP ha presentado desafíos desde su inicio, principalmente por la extensión territorial que cubren, lo que los sitúa en desventaja en comparación con la administración municipal anterior, caracterizada por ser más descentralizada y cercana a la comunidad. Para enfrentar esta dificultad, en 2019 se añadió una Unidad de Gestión Territorial al organigrama de los SLEP, destacando la importancia de este problema. Aunque el diagnóstico que respalda esta iniciativa fue acertado, se hace necesario evaluar la eficacia de la solución propuesta, considerando que su implementación debe ajustarse a la diversidad de realidades locales, las cuales difieren entre los diversos SLEP.

Conclusiones

Es fundamental llevar la reforma al aula. Todos estos problemas han sido una distracción que nos aleja del desafío de mejorar la calidad de la educación, sobre todo de los más desaventajados. En lugar de improvisar constantemente a través de parches, debemos aprovechar esta “pausa” para reformar integralmente la Ley N° 21.040, así como otras normativas que no han logrado un equilibrio entre la necesaria autonomía de los diversos proyectos educativos y la gestión burocrática del Estado. Esto, sumado a las restricciones excesivas en el uso de recursos, termina por obstaculizar las mejoras necesarias en el ámbito educativo. Parte de la solución debe basarse en al menos cuatro cambios: 

1. Se requieren medidas inmediatas para aumentar la flexibilidad presupuestaria y apoyar el uso adecuado de recursos en la mejora educativa. Además, son necesarias modificaciones legislativas que eliminen la diferencia perjudicial entre los SLEP y el resto del sistema educativo, especialmente en lo que concierne a la lógica híbrida de la Ley de Subvenciones y la Ley de Presupuesto. También es fundamental realizar análisis de cobertura e impacto del acompañamiento técnico-pedagógico que los SLEP brindan en sus establecimientos educacionales. El desafío reside en alcanzar un equilibrio adecuado entre los aspectos administrativos y pedagógicos.La educación de los más desfavorecidos no se limita a los SLEP; las normativas presupuestarias restrictivas en la oferta subvencionada también requieren revisión. Es fundamental eliminar la restricción de la Ley de Inclusión Escolar que limita la entrega de subvenciones a nuevos proyectos educativos (Ley N° 20.845, artículo 2, número 7), y sustituirla por un mecanismo que garantice el desarrollo de planes de crecimiento efectivos para proyectos sostenibles y de calidad, expandiendo así las opciones educativas para los estudiantes y sus familias.
2. La intervención temprana del MINEDUC y la prevención de la sobrecarga en los nuevos SLEP son esenciales. Implementar acciones simultáneas y ágiles resulta crucial. Es necesario un involucramiento temprano del MINEDUC en los municipios, enfocándose en asegurar que los problemas y sus soluciones sean abordados por los responsables directos. Esto evitará que las dificultades pasadas recaigan en los nuevos SLEP, cuya tarea principal de implementación ya es suficientemente desafiante. De este modo, se pueda garantizar que no tengan que heredar ni resolver problemas del pasado.
3. Es crucial establecer estrategias a mediano plazo para la regularización de la infraestructura escolar, requiriendo una coordinación estatal reforzada entre entidades como los Gobiernos Regionales y los Ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas y Educación, entre otros; subrayando así el compromiso del Estado en fortalecer la educación pública.Este aspecto, junto con el anterior, es esencial para planificar adecuadamente la implementación gradual de los SLEP restantes, evitando así los múltiples retrasos que desviaron la meta original.
4. Como toda organización, y especialmente aquellas encargadas de la educación de las futuras generaciones, se requiere un profesionalismo del más alto nivel. Esto comienza con la atracción de talentos, seguido de su desarrollo y, finalmente, la retención de estos profesionales. La magnitud de esta tarea va más allá de una planificación anual; debe ser un proceso continuo y competitivo que comienza desde la formación universitaria y se extiende hasta un sistema de evaluación de desempeño eficaz dentro de los mismos SLEP.

No olvidemos que la clave para revitalizar la educación pública radica en fomentar la diversidad de proyectos educativos, fortaleciendo su autonomía y asegurando el uso adecuado de los recursos públicos. Es indiscutible que la educación estatal debe pasar del pause al play. Esto es crucial para garantizar que el futuro de miles de jóvenes no esté limitado por su contexto socioeconómico.

Notas

¹ Para una mejor comprensión se utilizaron las áreas de evaluación definidas en el Informe anual de seguimiento de la puesta en marcha del sistema de educación pública de 2022.

Referencias

Arzola G, M. 2023. A cinco años de su entrada en vigencia: La Nueva Educación Pública al pizarrón. Serie Informe Social (199). Disponible en:  https://lyd.org/wp-content/uploads/2023/06/SISO-199-A-CINCO-ANOS-DE-SU-ENTRADA-EN-VIGENCIA-LA-NUEVA-EDUCACION-PUBLICA-AL-PIZARRON-junio23-2.pdf [13 de diciembre 2023].

Bellei, C., Muñoz, G., Rubio, X., Alcaíno, M., Donoso, M. P., Martínez, J., de la Fuente, L., del Pozo, F. y Díaz, R. 2018. Evolución y Contexto de las Políticas Educaciones sobre la Educación Pública en Chile (21- 47)- Nueva Educación Pública: Contexto, Contenidos y Perspectivas de Desmunicipalización. Santiago: Universidad de Chile. 

Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. 2006. Informe final. Diciembre 2006. Disponible en: https://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2012/10/informe_final_de_consejo_asesor_presidencial_para_la_calidad_de_la_educacion.pdf [13 de diciembre 2023].

Ex Ante 2023. El SLEP de Magallanes pone al ministro Cataldo contra las cuerdas, 12 de diciembre 2023. Disponible en: https://www.ex-ante.cl/el-slep-de-magallanes-pone-al-ministro-cataldo-contra-las-cuerdas/ [13 de diciembre 2023].

Eyzaguirre, S., Izquierdo, S. y San Martín, H. 2022. Nueva Educación Pública. Deficiencias y Desafíos. Puntos de referencia 593, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/nueva-educacion-publica-deficiencias-y-desafios-2/ [13 de diciembre 2023].

Muñoz, G., Weinstein, J. y Álvarez, N. 2022. La Voz de los directores y directoras de la Nueva Educación Pública. Disponible en: https://liderazgoeducativo.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2022/11/UDP-La-voz-de-directores.pdf [13 de diciembre 2023]. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 2004. Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Chile. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264021020-es

Ossa S., J. 2007. El Estado y los particulares en la educación chilena, 1888-1920. Estudios Públicos. 106 (jun. 2007).

Panel de Expertos para una Educación de Calidad. 2011. Informe final: Segunda Etapa, Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública. Diciembre 2011. Disponible en: https://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2012/10/informe_final_panel_de_expertos.pdf [13 de diciembre 2023].

Salgado, M. 2023. Logros de aprendizaje y exclusión escolar en la región de Atacama. Puntos de Referencia 675, Centro de Estudios Públicos. Disponible en: https://www.cepchile.cl/wp-content/uploads/2023/10/pder675_salgado-1.pdf [13 de diciembre 2023].

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). 2018. Educación en Chile, Revisión de Políticas Nacionales de Educación. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264288720-es.

1. Bajo el ojo de la Contraloría: auditorías a los Servicios Locales

Desde la implementación de los SLEP, la Contraloría ha llevado a cabo más de 20 auditorías centradas en áreas cruciales como la gestión de recursos humanos, financieros e infraestructura. Estos exámenes abarcan aspectos como los procesos de compra y contratación, seguridad de sistemas de información, macroprocesos financieros, ejecución de recursos, tecnología, estado de la infraestructura, finanzas, traspaso de bienes, cálculo y pago de remuneraciones, fondos transferidos y fiscalización de funciones institucionales. Cada informe detalla los hallazgos específicos y recomendaciones correspondientes.

Entre los organismos sometidos a estos procedimientos se encuentra el SLEP Barrancas, el cual fue objeto de cuatro auditorías. Asimismo, tanto el SLEP Puerto Cordillera como el Gabriela Mistral fueron auditados en tres ocasiones. Otros servicios sometidos a escrutinio incluyen los SLEP Huasco, Colchagua, Chinchorro, Atacama, Valparaíso, Costa Araucanía, la Superintendencia de Educación y la Dirección de Educación Pública.

De las auditorías del órgano contralor se desprende que las debilidades identificadas no son exclusivas de un solo Servicio Local sino, por el contrario, se observan en mayor o menor medida en varios de los servicios auditados. La figura n° 1 presenta un resumen de las áreas críticas identificadas por Contraloría.

(Puedes ver la infografía en mayor detalle haciendo clic aquí)

2. Diseño e implementación del Nuevo Sistema de Educación Pública

La creación del nuevo Sistema de Educación Pública, impulsado por la Ley N° 21.040, en noviembre de 2017, trajo consigo un cambio significativo al introducir una nueva estructura institucional con el propósito de centralizar la gestión de la educación pública, la cual estaba a cargo de los municipios.

(Puedes ver la infografía en mayor detalle haciendo clic aquí)

Esta nueva organización sitúa dentro del Ministerio de Educación a la Dirección de Educación Pública, encargada de la conducción estratégica y coordinación del Sistema. Su mandato institucional incluye la elaboración de una Estrategia Nacional y la evaluación del desempeño de los Servicios Locales.

A nivel intermedio, la reforma institucional implicó un mandato de creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública, traspasando los establecimientos educacionales, jardines infantiles VTF, escuelas y liceos de 345 municipios.

El objeto de los Servicios Locales es proporcionar educación a través de los establecimientos bajo su dependencia, asegurando la calidad, mejora continua y equidad, así como respetando la autonomía de los establecimientos y contribuyendo al desarrollo de sus proyectos educativos.

Dentro de sus funciones principales se encuentran las siguientes:

1. 1. Proporcionar servicios educativos a través de los establecimientos bajo su supervisión.
   2. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de los establecimientos educativos.
   3. Desarrollar la oferta educativa en su territorio y asegurar una cobertura adecuada.
   4. Brindar apoyo técnico-pedagógico y de gestión a los establecimientos.
   5. Facilitar el desarrollo profesional de los equipos educativos.
   6. Establecer sistemas de seguimiento, información y monitoreo.
   7. Fomentar la colaboración entre los establecimientos.
   8. Promover y fortalecer el liderazgo directivo en los establecimientos.
   9. Involucrar a la comunidad en la educación.
   10. Elaborar planes estratégicos y anuales.
   11. Decidir sobre la apertura, fusión o cierre de establecimientos.
   12. Coordinación interinstitucional.
   13. Otras funciones y atribuciones encomendadas por ley.

Por último, los establecimientos educacionales que forman parte de la red de cada Servicio Local son la unidad básica del sistema. El objetivo de estos establecimientos es proporcionar educación de calidad, contribuyendo al desarrollo integral de párvulos y estudiantes. 

La transición hacía el nuevo Sistema de Educación Pública fue diseñada como un proceso gradual hasta el año 2025, con una evaluación intermedia y la opción de extender la entrada en funcionamiento de los Servicios Locales, por razones fundamentadas, hasta diciembre de 2030.  

La ley definió dos etapas para la implementación de esta iniciativa: la primera fase, que concluyó en 2020, contempló la entrada en funcionamiento de 11 SLEP; mientras que la segunda fase, prevista para los 59 Servicios Locales restantes, se encuentra aún en ejecución. 

Sin embargo, a finales de 2023, el Senado acordó una suspensión transitoria de la transferencia de los servicios educativos a los seis  SLEP que inicialmente se tenía programada para enero de 2024, postergándola hasta 2027, a menos que el Ministerio de Educación determine que uno o más de estos están en condiciones adecuadas para dicho traspaso.

Hasta el momento, existen 27 Servicios Locales en funcionamiento, de los cuales 11 están administrando establecimientos traspasados desde los municipios. Estos incluyen a Huasco, Puerto Cordillera, Barrancas, Costa Araucanía, Chinchorro, Andalién Sur, Gabriela Mistral, Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue.

Conforme a la información de la Dirección de Educación Pública, a la fecha han sido traspasados 782 establecimientos educacionales de 41 comunas con una matrícula aproximada de 184.000 estudiantes.

3. Los resultados en el papel: Simce 2022

A partir de los resultados de la prueba SIMCE de 2022, se advierte que el rendimiento de los establecimientos bajo la supervisión de los Servicios Locales de Educación es sutilmente más bajo que el de los establecimientos municipales en ambas etapas educativas (cuarto básico y segundo medio), situándose bajo el promedio general y mostrando brechas de rendimiento respecto los establecimientos privados subvencionados y pagados.

Al analizar los resultados desglosados por nivel socioeconómico, se nota una leve disparidad a favor de los establecimientos municipales en los niveles socioeconómicos más altos, pero esta diferencia tiende a disminuir en los niveles socioeconómicos bajos, donde los resultados de los establecimientos dependientes de los Servicios Locales y de las Municipalidades son similares.

Específicamente, en la prueba realizada a los estudiantes de cuarto básico, se observan diferencias mínimas en matemáticas, donde los Servicios Locales de Educación obtuvieron un puntaje de 235.73, ligeramente inferior a los 239.64 obtenidos por los establecimientos municipales. De forma similar, en lenguaje se registraron resultados de 253.78 para los Servicios Locales y 256.61 para las escuelas municipales.

(Puedes ver la infografía en mayor detalle haciendo clic aquí)

En cuanto a los estudiantes de segundo medio, se mantiene la tendencia: los establecimientos de Servicios Locales obtuvieron un puntaje de 228.36 en matemáticas, levemente menor a los 234.61 obtenidos por los establecimientos municipales. En cuanto a la evaluación de lenguaje, los resultados fueron de 228.99 para los Servicios Locales y 232.75 para las escuelas municipales.

(Puedes ver la infografía en mayor detalle haciendo clic aquí)

Para profundizar:

• Puntos de Referencia N° 675, “Logros de aprendizaje y exclusión escolar en la región de Atacama” – Mauricio Salgado.
• Puntos de Referencia N° 641, “Crisis educacional escolar pospandemia” – Sebastián Izquierdo y Gabriel Ugarte.
• Puntos de Referencia N° 647, “Efectos de la pandemia en el bienestar socioemocional de los niños y adolescentes en Chile y el mundo” – Sebastián Izquierdo, Macarena Granese y Alfredo Maira.
• Puntos de Referencia N° 593, “Nueva Educación Pública. Deficiencias y desafíos” – Horacio San Martín, Sebastián Izquierdo y Sylvia Eyzaguirre.

En este primer boletín de “Voces del CEP”, te queremos recomendar algunos contenidos de investigadores del CEP sobre diversas materias: 

• Aldo Mascareño en “Conversaciones sin Pauta” sobre la sociedad desacoplada en Radio Pauta.
• Columna de Sylvia Eyzaguirre en La Tercera titulada “Lecciones de PISA”

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